Van por dinero de los Zermeño; SAT y UIF ponen la mira en crédito de 432 millones.
El conflicto por los terrenos del Estadio León suma ahora un frente fiscal y financiero: los recursos relacionados con las operaciones de compraventa realizadas en 2021 podrían ser utilizados para garantizar un crédito fiscal que actualmente ronda los 398 millones de pesos y cuyo monto susceptible de aseguramiento podría alcanzar los 432 millones.
Octavio López de Alba y Ramón Delgado Muñoz, representantes de los propietarios originales y de dueños de palcos y plateas, señalaron que el adeudo quedó a nombre de Club Social y Deportivo León A.C., tras las operaciones mediante las cuales fueron vendidos terrenos del estadio, áreas de estacionamiento y el inmueble posteriormente relacionado con el Museo Nacional de la Piel y el Calzado (Munpic).
El crédito fiscal, explicaron, originalmente era de unos 313 millones de pesos, pero aumentó por actualizaciones y otros conceptos. El punto que ahora cobra relevancia es que, aunque los inmuebles ya no estén en poder de los propietarios, los recursos derivados de las operaciones permanecerían vinculados con la asociación.
“Al SAT nadie le deja de pagar impuestos”, señalaron al explicar que la autoridad puede garantizar un crédito mediante dinero, inmuebles, acciones u otros bienes.
Según su versión, el SAT comenzó a revisar las operaciones de 2021 y desde 2022 habría solicitado al Registro Público de la Propiedad las escrituras para determinar las obligaciones fiscales que no fueron cubiertas, particularmente por la falta de retención de impuestos federales.
López de Alba y Delgado Muñoz también cuestionaron que en las escrituras se hubiera planteado una condición relacionada con actividades deportivas para acceder a una exención fiscal, pues afirmaron que en ese momento el Club León no estaba inscrito en el Registro Nacional del Deporte, requisito que consideraron indispensable.
La revisión, añadieron, también contempla la trazabilidad de los recursos y habría llegado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esto abre la posibilidad de que las cuentas vinculadas con la asociación sean aseguradas para garantizar el pago del crédito.
Hasta ahora, aclararon, no existe un aseguramiento concretado. Se trata de una medida que tendría que ser determinada y ejecutada por las autoridades competentes.
El nuevo capítulo coloca bajo la lupa el dinero generado por las operaciones inmobiliarias y desplaza el conflicto del terreno de la propiedad de los inmuebles hacia el cobro de impuestos y el destino de los recursos.
