La Lista del Ejecutivo: Radiografía del Control Digital y el Riesgo Letal para el Periodismo en México.
El miércoles 12 de agosto de 2026 quedará marcado como el día en que la vigilancia algorítmica y la estigmatización política se fusionaron formalmente desde el púlpito del poder. Durante la emisión del programa oficial “Derecho de Réplica”, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, proyectó un padrón de cuentas y perfiles informativos. Bajo el membrete técnico de un “análisis de ecosistemas digitales”, lo que en la práctica se construyó fue un patíbulo digital para señalar a quienes ejercen la crítica frente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En un país ensangrentado por la violencia contra la prensa, clasificar y exhibir nombres desde el aparato del Estado no es una simple aclaración informativa; es trazar un blanco en la espalda de los comunicadores.
La cronología de la infamia y las cuatro capas de control
La polémica estalló en el momento en que Alcalde presentó las imágenes que desglosaban la anatomía de lo que llamó un “ecosistema de amplificación digital de derecha”. El análisis —sustentado en un monitoreo estatal de siete meses, entre el 1 de enero y el 8 de agosto de 2026— segmentó el flujo conversacional en cuatro capas jerárquicas. En la cúspide (Primera Capa) expuso de forma directa a una cincuentena de cuentas correspondientes a empresas editoriales consolidadas como El Universal, Reforma, ADN 40, Aristegui Noticias y Latinus, flanqueados por plumas críticas de la opinión pública nacional.
Sin embargo, el aparato de fiscalización descendió hacia los terrenos de la ciudadanía común. La segunda capa agrupó a influenciadores de rango medio, acusándolos de “traducir” noticias a formatos virales. La tercera capa incluyó a perfiles anónimos y privados de menor relevancia, a quienes se etiquetó como cuentas de ataque y operadoras de narrativas coordinadas. Finalmente, la base automatizada arrojó una cifra que estremece por el nivel de monitoreo que implica: un anillo de amplificación de más de 560 mil cuentas clasificadas como bots que generaron millones de publicaciones bajo seguimiento oficial.
El contraataque del gremio: “Poner un blanco en la espalda”
La reacción del gremio periodístico ante este ejercicio de macartismo digital no se hizo esperar. De forma contundente, las principales voces exhibidas respondieron al amago de Palacio Nacional. El periodista Joaquín López-Dóriga utilizó su espacio para lanzar un desafío directo a Luisa María Alcalde, exigiéndole acudir a su programa a debatir y advertir el peligro inminente que esta exposición acarrea en el ecosistema físico, acusando que la intención oficial es criminalizar e intimidar a la prensa independiente.
El bloque de los comunicadores afectados revivió de inmediato la memoria histórica de la propia mandataria federal. En redes sociales y columnas de opinión se evocaron declaraciones pasadas de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, donde ella misma afirmaba de forma categórica que hacer listas de opositores políticos era una práctica autoritaria ligada al macartismo. Figuras públicas y expresidentes retomaron dichos argumentos para exigirle a la mandataria federal que ordene a su consejera jurídica detener estas prácticas de corte persecutorio.
Ante el terremoto político, la narrativa oficial intentó un repliegue retórico. El jueves 13 de agosto, Luisa María Alcalde publicó un posicionamiento en video donde negó la existencia de una “lista negra de enemigos del gobierno”, justificando que aparecer en el estudio no implicaba una acusación penal directa, sino un mero diagnóstico de la interacción en redes. Al día siguiente, la presidenta Sheinbaum respaldó el ejercicio afirmando que se trató de una explicación técnica de cómo funcionan las redes sociales y descartó cualquier atisbo de censura activa.
Tres décadas en la trinchera: el rigor frente a la persecución
He ejercido el periodismo en este país desde la década de los 90, y a pesar del asedio, afirmó que crear periodismo regido por una mirada real y objetiva otorga una de las mayores satisfacciones y logros humanos posibles. Contar la realidad con honestidad es un triunfo ético en cualquier ámbito donde se ejerza. Por ello, como periodista de investigación, mantengo un compromiso de profesionalización constante; me informo a profundidad y busco mayores estudios académicos de manera permanente para blindar mis textos con el mayor rigor periodístico e imparcialidad posible. La rigurosidad es nuestro mejor escudo.
Ese rigor me ha sostenido en los momentos más oscuros. En mis inicios cubriendo la fuente política, sobreviví a más de un secuestro exprés destinado a silenciarme, mientras lidiaba con persistentes intentos por comprar mi integridad profesional. Cuando volqué mi experiencia al periodismo ambiental, creyendo que el entorno natural causaría menos fricciones, la violencia me alcanzó de nuevo con feroces bloqueos institucionales dirigidos a censurar mis escritos sobre ecología.
Sin embargo, el periodo comprendido entre el sexenio anterior y el actual ha instaurado la época más hostil de mi carrera. La censura ya no opera en las sombras; hoy es directa y cínica. Los intentos por cooptar conciencias editoriales son cotidianos y el acoso mutó al terreno cibernético: el sitio web independiente donde escribo ha sufrido ataques directos para tumbar la plataforma. Lo más alarmante es que la censura y el golpeteo faccioso —alimentado a veces dentro del propio gremio— nos persiguen incluso cuando escribimos de gastronomía o cultura. En el México de hoy, cualquier espacio de libre pensamiento es visto como una amenaza.
El llamado al amparo internacional
Ante el recrudecimiento de las presiones y las fallas críticas expuestas públicamente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México —donde asesores técnicos revelaron que hasta el 80% de las solicitudes de incorporación estatales han sido rechazadas o desatendidas— me he visto en la necesidad personal y profesional de acudir directamente a las instancias de la ONU en busca de un blindaje de protección internacional.
Esta apelación no es un acto aislado, sino una respuesta al marco de estándares fijados por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Organismos multilaterales de derechos humanos han enfatizado con vehemencia que la ciberseguridad, los diagnósticos algorítmicos o las leyes de delitos digitales no pueden utilizarse jamás como excusas ambiguas para tipificar la opinión pública o criminalizar el derecho a alzar la voz.
El marco internacional es contundente al visibilizar que los ataques institucionales en entornos virtuales vulneran de forma diferenciada a los grupos históricamente segregados de la esfera pública. Informes emitidos por la Relatoría Especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y de Expresión arrojan datos alarmantes: la violencia en redes sociales y el acoso facilitado por tecnologías e inteligencia artificial han provocado que más del 45% de las mujeres periodistas y trabajadoras de medios recurran a la autocensura forzada en plataformas digitales. La ONU destaca que estas campañas coordinadas no sólo buscan erosionar la libertad de prensa, sino silenciar deliberadamente las voces de las mujeres, de la comunidad neurodivergente y de las personas con discapacidad, quienes encuentran en los canales digitales un espacio fundamental para el activismo, la inclusión y la participación democrática.
Un peligro latente para toda la sociedad
La defensa retórica del gobierno federal se desmorona cuando se contrasta con la realidad del suelo mexicano. Las cifras oficiales procesadas por colectivos civiles exponen la magnitud de la tragedia: en lo que va del presente sexenio federal se contabilizan ya 19 periodistas y comunicadores asesinados en territorio nacional. El año 2026 ha sido letal; tan solo en los primeros siete meses, siete profesionales de la comunicación han sido ejecutados de forma violenta en estados como Veracruz, Guerrero, Puebla, Nuevo León y Oaxaca. El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca el pasado mes de julio —tras denunciar hostigamientos derivados de discursos oficiales locales— motivó la intervención de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), recordando que en México la impunidad en delitos contra la prensa supera el 95%.
Es precisamente aquí donde radica el giro más perverso de este nuevo modelo de control estatal. El miedo a perder la libertad de expresión ya no se centra únicamente en el gremio periodístico, ni se limita a callar una línea editorial específica. Al rastrear, clasificar y exponer públicamente las interacciones de miles de usuarios comunes de redes sociales —como lo hace formalmente el informe de la Consejería Jurídica en sus capas inferiores— el Estado envía un mensaje de advertencia generalizado.
Lo que hoy está bajo amenaza real ya no es solo el oficio de escribir; es la integridad de toda la población. Cuando un ciudadano común asimila que opinar, compartir un contenido o disentir de la narrativa oficial lo puede convertir automáticamente en blanco de señalamiento dentro de una base de datos del gobierno, el derecho constitucional a la libertad de pensamiento se vulnera. Las zonas de silencio avanzan, y mientras las balas apagan vidas en las calles, los reflectores del poder central insisten en sembrar el miedo colectivo, recordándonos que el silencio es la meta y que la desprotección nos alcanza a todos por igual.
