Inundaciones ponen en jaque a obras y desarrollo urbano en Guanajuato.
Las inundaciones no solo representan un riesgo para la población, sino también un golpe directo a la ejecución de infraestructura en Guanajuato, donde los constructores enfrentan retrasos, gastos extraordinarios y pérdidas que pueden elevar hasta 30% el costo de un contrato, advirtió Óscar Macías Jasso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca.
El empresario constructor, consideró que atender los puntos vulnerables identificados en el Atlas de Riesgo debe convertirse en un tema prioritario, particularmente ante el crecimiento de las ciudades hacia zonas susceptibles de inundarse.
“Se necesitan reforzar bordos o los trabajos que sean necesarios. Pero sí se necesitan ya trabajar en ellos. Y más cuando la ciudad ya está creciendo hacia esos puntos”, señaló.
De acuerdo con el Atlas de Riesgo estatal, Guanajuato cuenta con 307 puntos identificados con riesgo de inundación, principalmente en zonas del corredor industrial entre León y Celaya, aunque hasta el año pasado únicamente 35 habían sido atendidos.
Macías Jasso explicó que el problema se agudiza cuando las obras corresponden a infraestructura sanitaria, hidráulica, pavimentaciones o cimentaciones, debido a que las lluvias impiden continuar con los trabajos y una inundación puede obligar a modificar procesos completos.
“Las lluvias nos causan atrasos, porque cuando llueve no se puede trabajar. Más aún cuando se está haciendo obras precisamente sanitarias, hidráulicas”, expuso.
El impacto económico, añadió, no desaparece cuando se detiene una construcción, las empresas deben mantener gastos como nómina, maquinaria y cuotas al Seguro Social, además de absorber movimientos y trabajos adicionales.
“Las afectaciones que son económicas nos causan atrasos y esos atrasos se reflejan en mano de obra, en meter otro tipo de productos, en mover diferente la maquinaria. Y eso todo es un costo”, sostuvo.
Estimó que durante una temporada regular de lluvias los sobrecostos pueden ubicarse entre 5 y 10%, pero una inundación grave puede elevarlos hasta 30%. Incluso, una actividad prevista para concluirse en ocho días puede extenderse a 15 días o hasta un mes.
“Ese sobrecosto a dónde se va, o sea, ¿quién lo paga? La mayoría de las veces lo paga el constructor, el contratista”, afirmó.
Por ello, planteó revisar el Atlas de Riesgo para establecer prioridades, reforzar infraestructura de protección y evitar nuevos permisos de construcción en zonas vulnerables, particularmente en municipios como Celaya y Apaseo el Grande.
“Yo creo que hay que tener aquí voluntad, voluntad política, voluntad empresarial, yo creo que hay que ponernos de acuerdo para trabajar bien, con un fin común, que es el crecimiento del estado”, especificó.
