Defensa de Vicealmirante Manuel Roberto Farías impugna vinculación a proceso; Tribunal Colegiado resolverá el caso.
La defensa legal interpuso un recurso de revisión contra la negativa de amparo previa, acusando violaciones constitucionales y falta de pruebas directas en el caso.
Un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito será el encargado de revisar la sentencia que confirmó la vinculación a proceso del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, dictada dentro de la causa penal 325/2025. Esto ocurre luego de que su defensa interpusiera un recurso de revisión para revocar la resolución del Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Jorge Adrián Cruz Flores, quien el pasado 22 de junio de 2026 le negó el amparo.
El origen del caso se remonta a octubre de 2025, fecha en la que el Juez de Control Mario Martínez Elizondo dictó el auto de vinculación a proceso que la defensa hoy continúa combatiendo bajo el argumento de que incurre en diversas violaciones constitucionales.
Los argumentos clave de la defensa
En el recurso presentado, los abogados del Vicealmirante señalan una serie de irregularidades y deficiencias en la resolución judicial anterior:
- Incompetencia por fuero militar: Se argumenta que, dado que la imputación se basa en su cargo de Vicealmirante y en sus funciones dentro de la Secretaría de Marina, el juzgador debió analizar si el caso correspondía a la jurisdicción militar conforme al artículo 13 de la Constitución, un estudio que afirman nunca se realizó.
- Falta de individualización y responsabilidad colectiva: La defensa sostiene que ni la Fiscalía ni la sentencia identifican una orden o acto concreto realizado personalmente por Farías Laguna que lo vincule a funciones de dirección en la supuesta organización delictiva, acusando que se validó una narrativa general con “expresiones colectivas”.
- Ausencia de pruebas directas y motivación: Denuncian que la imputación descansa en inferencias basadas en la jerarquía institucional, relaciones laborales y geolocalizaciones, en lugar de pruebas directas. Asimismo, acusan al Juzgado de Distrito de limitarse a reproducir la narrativa de la Fiscalía sin verificar datos racionales.
- Tergiversación de pruebas: Entre los agravios se menciona que la sentencia otorgó un alcance indebido a una carta atribuida a Fernando Rubén Guerrero Alcántar, tratándola equivocadamente como una imputación directa. • Cuestionamiento a la Ley contra la Delincuencia Organizada: El recurso insiste en la inconstitucionalidad del artículo 4, fracción I, de dicha ley, argumentando que presenta problemas de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que no fueron analizados a fondo.
En busca del control constitucional
Con este recurso de revisión, los representantes del Vicealmirante solicitan al Tribunal Colegiado revocar la sentencia y conceder el amparo, argumentando la vulneración a derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia, el juez natural y la debida fundamentación.
La defensa enfatizó que el proceso penal sigue abierto y sujeto al control de los tribunales federales, lo que representa una nueva oportunidad para un análisis exhaustivo de las violaciones denunciadas desde el inicio del procedimiento.
