Colectivos urgen al Congreso a dejar de postergar la discusión sobre aborto en Guanajuato.
Con llamados a legislar con base en evidencia científica, derechos humanos y resoluciones judiciales, al menos 18 colectivos feministas, defensoras y organizaciones civiles participaron en la primera mesa de análisis convocada por el Congreso del Estado para discutir las iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto en Guanajuato.
Durante la jornada organizada por la Comisión de Justicia, las agrupaciones coincidieron en que existen suficientes elementos jurídicos, médicos y sociales para reformar el marco legal estatal, por lo que cuestionaron que el Poder Legislativo continúe aplazando una decisión que consideran inevitable.
Las propuestas que se encuentran en análisis contemplan modificaciones a diversos artículos del Código Penal estatal, así como reformas a la Constitución local, la Ley de Salud, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Víctimas.
La activista Irene Fuentes, integrante de la colectiva Sororas y Rebeldes de San Miguel de Allende, sostuvo que el debate sobre la interrupción legal del embarazo ya ha sido ampliamente documentado.
“Este debate ya ha sido profundamente documentado y deja claras las obligaciones del Estado de garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas con capacidad de gestar”, afirmó.
Además, cuestionó la necesidad de seguir prolongando la discusión legislativa. “La pregunta ya no es si existe información suficiente para legislar; la pregunta es si existe voluntad para cumplir con su obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos”, expresó.
Entre los datos presentados durante la mesa destacó que en Guanajuato se registraron 209 carpetas de investigación por el delito de aborto entre 2015 y 2022, además de ocho casos adicionales en lo que va del año y 11 más documentados por acompañantes en León.
Fernanda Castro, integrante de GIRE, señaló que estas cifras reflejan las consecuencias de mantener la criminalización de esta práctica.
“Entre enero de 2015 y diciembre de 2022 hay 209 carpetas por el delito de aborto abiertas en este estado, más las ocho que se abrieron a inicios de este año y otras 11 más”, indicó.
La activista aseguró que la falta de cambios legislativos ha obligado a las colectivas a realizar labores que deberían corresponder al Estado. “Es urgente la despenalización, no es posible que compañeras estén garantizando el derecho a la salud de las mujeres en Guanajuato”, señaló.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza, advirtió que el Congreso enfrenta un plazo límite para resolver el tema antes del 30 de septiembre, fecha en la que podría intervenir el Poder Judicial.
“Se está viendo si lo hará el Congreso o la Corte, que ya ha dicho lo que tiene que hacerse”, afirmó.
Durante las intervenciones también hubo críticas hacia algunos legisladores por su escasa participación en el debate y se rechazaron argumentos que, según las activistas, carecen de respaldo científico. Asimismo, insistieron en que la criminalización no evita los abortos, sino que incrementa los riesgos para quienes recurren a ellos.
La mesa fue moderada por el diputado morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor, quien informó que el próximo 1 de julio continuará el análisis legislativo con la participación de colectivos provida.
