En lo que va del año 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha recibido y atendido 1,078 reportes relacionados con violencia de género en el municipio, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

En la rueda de prensa semanal “Guanajuato Informa”, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García detalló que del total de llamadas, 545 correspondieron a violencia familiar (padres a hijos, hijos a padres, hermanos); 318 a violencia de pareja, y 215 específicamente de violencia contra la mujer. “Todos estos reportes fueron atendidos de manera oportuna y canalizados a las instancias correspondientes, tanto municipales como estatales”.

“Estamos trabajando todos los días para que esta atención sea profesional, con perspectiva de género y con personal capacitado. Es una instrucción clara de la presidenta municipal, Samantha Smith: fortalecer la capacitación y especialización del personal que atiende estos casos”, afirmó.

Informó que actualmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con 62 elementos que integran la Unidad Especializada de Atención a la Violencia de Género, quienes reciben capacitación constante, tanto virtual como presencial, en coordinación con instituciones como el Instituto Estatal de la Mujer, el INACIPE, y organismos de derechos humanos.

El secretario agregó que 36 personas han sido puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común, y 10 casos adicionales han sido canalizados también al Ministerio Público, principalmente relacionados con el ejercicio arbitrario del derecho sobre menores, en contextos de conflictos familiares.

Finalmente, Ugalde García subrayó que la estrategia de seguridad está enfocada no sólo en la vigilancia y la prevención del delito, sino también en la atención humana y profesional de problemáticas sensibles como la violencia de género.

“La prevención es clave. Llegar a tiempo puede marcar la diferencia entre una lesión o una tragedia mayor. Por eso no bajamos la guardia”, concluyó.

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De abril de 2007 a junio de 2024, el 27 % de quienes accedieron a servicios de ILE en CDMX procedían del Estado de México. Ahora, las personas podrán acceder a estos servicios sin tener que salir de su estado.

En marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la marea verde avanza en nuestro país al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Estado de México.
Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de Ipas LAC, señaló que desde Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC) celebran este avance que representa un logro importante para los derechos reproductivos de las mujeres, niñas, adolescentes, personas trans y no binarias.

“La legalización del aborto implica un progreso en la defensa del derecho a la vida, la salud y la dignidad, sobre todo, en un contexto donde las cifras de embarazo infantil y adolescente son altas. Los embarazos forzados son una forma de violencia de género y el acceso a un aborto seguro es una posibilidad de romper con los círculos de violencia estructural.

Contar con leyes que habiliten el aborto facilita las vías de acceso para que las personas puedan decidir, para que ninguna maternidad sea forzada y para que las vidas de las personas no sean puestas en riesgo con embarazos en edades tempranas o con abortos inseguros”, menciona Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de Ipas LAC.

En 2023, el Estado de México ocupó el 2º lugar a nivel nacional con mayor número de nacimientos en niñas menores de 15 años, con un registro de 805 embarazos en este sector.

Ese mismo año, hubo 27 887 nacimientos de madres adolescentes entre los 15 y 19 años.
Ambas cifras (menores de 20 años) representan el 15.3 % (27 887) del total de nacimientos en el estado (187 299).
Los municipios en los cuales niñas de 10 a 14 años registraron más nacimientos fueron:

Ecatepec de Morelos 8.4 %
Nezahualcóyotl 4.9 %
Toluca 4.7 %

En 8 de cada 10 casos (651), las niñas menores de 15 años reportaron que los hombres responsables de embarazarlas eran mayores de 14 años al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. La investigación de Ipas LAC (2020) “Violencia sexual y embarazo infantil”, muestra que en la mayoría de los casos el responsable del embarazo les duplica o triplica la edad.

Históricamente, la falta de acceso al aborto legal, seguro y gratuito ha afectado desproporcionadamente a quienes viven en situación de pobreza, lejos de los servicios de salud y en zonas rurales; a personas con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y migrantes; así como a las víctimas de violencia sexual, sobre todo si son niñas o adolescentes.
En 2020, los Centros de Procuración de Justicia Estatal del Estado del Estado de México, registraron 59 denuncias de niñas y adolescentes, de entre 10 y 14 años, víctimas de abuso sexual, hostigamiento, acoso, violación simple o equiparada. Sin embargo, se estima que el 97.3 % de los delitos de violación no se denuncian, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE, 2022).
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-046, que establece criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, el aborto por violación está despenalizado sin plazos en todo el país, pero las barreras de acceso aún persisten. Legalizar el aborto facilita el acceso a este servicio y a que la información libre de criminalización y estigma sea dada a conocer a todas las personas mexiquenses.

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