#TrenMaya #QuintanaRoo

Una explosión registrada la tarde del jueves 26 de junio generó un incendio en el campamento del Tren Maya, ubicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. El estallido ocurrió cuando una pipa de combustible explotó en el área denominada Frente 3 del Tramo 6. Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo personas heridas.

El siniestro obligó al cierre provisional del libramiento que conecta hacia Mérida-Chetumal, además de provocar la movilización de equipos de emergencia para controlar las llamas y detener las actividades en la zona de obras del proyecto ferroviario insignia del Gobierno federal.

La alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, confirmó a través de sus redes sociales que el paso hacia Mérida permanece inhabilitado, mientras elementos de Seguridad Pública y del cuerpo de Bomberos Municipales laboraban en el control del incendio, ocurrido en instalaciones resguardadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Nuestros cuerpos de emergencia ya están en el lugar realizando las acciones correspondientes para controlar la situación y salvaguardar la seguridad de las personas”, señaló Hernández en una publicación de Facebook. Más tarde, informó que el fuego ya había sido extinguido.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes donde se observa una espesa columna de humo negro elevándose desde el campamento del Tramo 6 del Tren Maya. Elementos de la Guardia Nacional resguardaron el área para evitar el acceso vehicular, mientras se coordinaba el arribo de más pipas con agua para sofocar completamente el incendio.

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#TrenMaya #Cancun

En el Malecón Tajamar, sitio emblemático de resistencia ambiental en Cancún, fue presentado esta noche un documental elaborado por Greenpeace México sobre los impactos del Tren Maya en la Península de Yucatán.

Previo a la proyección, ante la ciudadanía que se dio cita en la rambla central del sitio, activistas compartieron sus experiencias en la defensa del territorio y el medio ambiente, con énfasis en los procesos legales, sociales y ecológicos violentados por el mega proyecto.

Araceli Domínguez, fundadora del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), abrió el evento relatando el antecedente de Tajamar, en donde en enero del 2016 camiones contratados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cargados con sascab, ingresaron al polígono bajo resguardo de fuerzas antimotines enviadas por el entonces alcalde, Paul Carrillo.

La intervención, autorizada por los tres niveles de gobierno, generó la devastación del ecosistema de manglares. Pese a ello, dijo, la movilización social y legal permitió la conservación parcial del área.

Durante su intervención, previo a la proyección del documental, Domínguez señaló que con el paso de los años se promovieron reformas legislativas que permitieron proteger especies y ecosistemas, como la prohibición de captura, importación y exportación de mamíferos marinos y primates, así como la protección de tortugas marinas y manglares.

Además, destacó la existencia de una ley de amparo que habilitó por primera vez la defensa del derecho a un ambiente sano.

Sin embargo, con la construcción del Tren Maya se enfrentó una nueva etapa en la que, afirmó, se suspendieron normativas ambientales mediante un decreto presidencial, expedido en noviembre de 2021 por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Este decreto permitió, dijo, que el megaproyecto avanzara sin cumplir con estudios ni requisitos legales, incluso sobre áreas de alta fragilidad ecológica y valor histórico, como cavernas y ríos subterráneos.

Domínguez Rodríguez subrayó que diversos especialistas advirtieron sobre los riesgos del trazo y que, a pesar de las suspensiones judiciales expedidas por el Juzgado 1 de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, el proyecto Tren Maya prosiguió, en franco desacato.

“El tren es un servicio que puede ser valioso, pero su construcción, en las condiciones en que se hizo, causó daños ambientales y sociales, además de afectar la base legal de la convivencia en el país”, subrayó.

Al tomar la palabra, la activista maya, Wilma Esquivel, originaria de Felipe Carrillo Puerto, enfatizó que la lucha que se libró por la defensa del territorio, no es individual, sino colectiva.

Aseguró que la población local ya advertía desde el inicio los impactos del proyecto y que hoy se hacen visibles; que los efectos no se limitan al ecosistema, sino que también se relacionan con la salud, la cultura y la espiritualidad de las comunidades mayas.

Esquivel señaló que las comunidades están acudiendo a los saberes de sus ancestros para definir cómo enfrentar las transformaciones del territorio y  reiteró que el vínculo entre el bienestar de las personas y las condiciones del entorno natural es inseparable.

La defensa de la tierra —remarcó— también implica la preservación de la identidad cultural.

“El documental es parte de una gira de impacto que estamos haciendo. Estamos buscando espacios en diferentes ciudades del país, sobre todo en el territorio de la Península, que es donde estamos buscando evidenciar lo que está pasando, pero también llevarlo a diferentes estados”, explicó Amayoa.

El objetivo principal, señaló, es acercar el contenido a públicos diversos, incluyendo universidades y foros comunitarios, para visibilizar la situación ambiental en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

El documental reúne testimonios de habitantes de la región con el propósito de que la voz y el reclamo social de que se protejan los ecosistemas y la identidad cultural sea escuchado por las personas que toman las decisiones en los tres órdenes de gobierno.

La producción del documental inició en abril del año pasado y recorre tres zonas de la Península de Yucatán.

“Empezamos como se ve en el documental en Cancún, bajamos hasta Campeche, abarcamos el territorio de Hopelchén, que es el municipio más deforestado del país, y de ahí fuimos a Yucatán a documentar sobre todo el crecimiento y la expansión inmobiliaria y la proliferación de megagranjas porcícolas”, explicó.

Entre los principales hallazgos, Amayoa subrayó la existencia de múltiples problemáticas relacionadas con un modelo de desarrollo que, según indicó, beneficia a unos cuantos a costa del entorno y de la salud de comunidades locales.

“La región está siendo envenenada por el uso de agrotóxicos, por las minas a cielo abierto que se están haciendo todos los días, con anuencia muchas veces de las propias autoridades”, afirmó.

Sobre los efectos del Tren Maya, mencionó que el documental también aborda su impacto en la zona.

“Es un ecocidio, una destrucción masiva. Si hablamos de la tala de 10 millones de árboles, es una palabra que se usa muchas veces a la ligera, pero que en realidad tiene un peso muy fuerte y muy significativo”, señaló.

Respecto a lo que sigue tras la difusión del documental, Amayoa indicó que esperan que el proceso de remediación reconocido por el gobierno federal se realice con participación ciudadana.

“Sigue que ese peso de remediación, si va de verdad, se haga junto con la ciudadanía, las comunidades y las personas expertas”, concluyó, al señalar que el documental se presentará mañana durante el Festival de Cine de Puerto Aventuras, alcaldía de Playa del Carmen.

Foto: Adriana Varillas

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#CambioClimatico #ONU #UNESCO

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció que evalúan los daños causados en algunas zonas de la Península de Yucatán por las obras de Tren Maya.

En un encuentro encabezado por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, se indicó que la restauración debe considerar también las afectaciones provocadas por el desarrollo turístico desordenado en Quintana Roo, por la contaminación producida por el boom de las granjas porcícolas en Yucatán y por la deforestación asociada a la actividad agropecuaria de comunidades menonitas en Campeche.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció que evalúan los daños causados en algunas zonas de la Península de Yucatán por las obras de Tren Maya.

En un encuentro encabezado por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, se indicó que la restauración debe considerar también las afectaciones provocadas por el desarrollo turístico desordenado en Quintana Roo, por la contaminación producida por el boom de las granjas porcícolas en Yucatán y por la deforestación asociada a la actividad agropecuaria de comunidades menonitas en Campeche.Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat, remarcó que el costo de la restauración de zonas afectadas por la construcción del Tren Maya deberá ser cubierto por la instancia responsable de la misma.

“Tiene que pagar quien hizo la obra”, remarcó.

Las acciones de restauración, explicó, incluyen, entre otros aspectos, la mejora de los pasos de fauna, que ha sido una de las grandes preocupaciones de especialistas y comunidades, y el retiro de malla que fue colocada en diversos sitios sin que fuera necesario e impiden el tránsito de animales.

Se trabaja, dijo, en la adopción de un esquema de conservación como área natural protegida, bajo una figura tipo reserva de la biosfera, del sistema de cavernas y cenotes en Quintana Roo.

“Estamos no solamente pensando en el manejo del proyecto de restauración por las afectaciones generadas por esta infraestructura, sino por el conjunto de actividades que se desarrollan en la Península de Yucatán, en una acción coordinada de todo el sector ambiental, que tiene que ver con el problema del desarrollo inmobiliario, con cómo ordenarlo, con el control y mejor manejo de la industria porcícola, que es también muy importante, y además el avance de los menonitas”, apuntó Robles.

El Tren Maya fue una de las obras insignia del Gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió conectar al sureste del País.

Sin embargo, también fue una de las más criticadas pro ambientalistas, ya que, aseguraban, las obras afectaban directamente a la flora y a la fauna loca.

A pesar de las múltiples exigencias de especialistas, López Obrador negó en repetidas ocasiones que los pilotes utilizados en la construcción del Tren afectaran la fauna.

“Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo”, dijo AMLO en su conferencia matutina del 19 de julio de 2022.

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#Mia #ImpactoAmbiental #Ecocidio

La Secretearía del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), informó que de los 28 proyectos de Quintana Roo inscritos en la Gaceta Ecológica para buscar la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 26 corresponden a la Sedena y al Tren Maya.

De los 26 proyectos que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 19 de ellos es para solicitar la MIA con la finalidad de construir un banco de materiales pétreos: dos en Benito Juárez; tres en Playa del Carmen; 11 en Felipe Carrillo Puerto y uno en Bacalar, Othón P. Blanco y Tulum.

En cuanto a los proyectos de electrificación para el Tren Maya, la empresa “Fonatur Tren Maya, S.A. De C.V.”, la solicitud es para trabajar la estación eléctrica en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Benito Juárez (Cancún); es decir, en los tramos 7, 6, 5 y 4, respectivamente.

Los otros tres proyectos que desarrollará la Sedena en caso de ser aprobadas su MIA son: La construcción de un “banco de relleno sanitario” en Tulum; donde la inversión estimada se calcula en 15 millones de pesos, de los cuales estiman que se destinará aproximadamente un 10% de este monto a la implementación de las medidas de mitigación del proyecto.

La Sedena busca ampliar las hectáreas impactadas con anterioridad, donde se han llevado a cabo las actividades para el cambio de uso de suelo de Terrenos Forestales, únicamente dentro de la superficie provisionalmente autorizada de 2.5042 hectáreas. No obstante, debido a las proyecciones y necesidades del proyecto, se solicita a través de este documento la ampliación de esta superficie a un total de 14.5334 hectáreas.

El segundo proyecto en Tulum, es la construcción de “un hotel”, que tiene que ver con el Tren Maya, “El proyecto Hotel Plaza Tulum contó con autorización provisional emitida mediante oficio SRA/DGIRA/DG-01876-23 de fecha 12 de mayo de 2023, otorgada en función del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2021. En el presente documento se describe la información técnica para solicitar la autorización definitiva en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del proyecto”.

Un tercer proyecto, es la construcción del Edificio de Oficinas E.P.E.M., Tren Maya, Zona III en Cancún; “se ubica en un predio con superficie de 5.108 hectáreas, se encuentra al sur del Aeropuerto Internacional de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. El acceso principal se localiza sobre la Carretera Federal 180 Autopista Cancún – Mérida”.

Asimismo, la Gaceta Ecológica publica dos proyectos particulares que buscan la MIA, uno de ellos es en Playa del Carmen presentado por la empresa “Naj Desarrollos S.A de C.V”, para la construcción de un edificio habitacional conocido como “Paradise Residence”; el otro, es en Puerto Morelos, presentado por la empresa Desarrollos Turísticos Petempich SA de CV, conocido como “Mousai Petempich”, será un edificio de cuatro niveles con 14 cuartos en cada nivel, excepto el 4to., que tendrá 6. (Agencia SIM)

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#ONU #TrenMaya

Las y los expertos de la ONU han manifestado  su preocupación por que los 1.500 kilómetros del Tren Maya en la península de Yucatán, en México, ponga en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.

Las personas defensoras de los derechos humanos que plantean sus preocupaciones sobre los impactos negativos se enfrentan a amenazas y ataques y a un acceso seguro muy limitado a un tribunal independiente e imparcial, dijeron los expertos.

“Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, dijeron las y los expertos. Además, el gobierno ha elevado el proyecto a la categoría de proyecto de seguridad nacional, lo que le permite derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales. “Este cambio de estatus del proyecto dirigido por el Estado no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales”.

“Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados. En este contexto, la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita gran preocupación”, afirmó Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Pidieron al gobierno que garantice la participación significativa de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental antes de cualquier decisión futura relacionada con el proyecto, como elementos clave para identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo.

“Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y deben evaluarse de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales”, dijeron los expertos.

Las y los expertos también han expresado su preocupación por la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas implicadas en el proyecto, cuyo coste se estima en 20.000 millones de dólares. “Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya”.

Las y los expertos invitaron a las empresas y a las y los inversores a tomar las medidas adecuadas y a ejercer su influencia para garantizar que los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos se llevan a cabo de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

* Las y los expertos: Fernanda Hopenhaym (Presidente), Pichamon Yeophantong (Vice Presidente), Elżbieta Karska, Robert McCorquodale and Damilola Olawuyi, Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos; Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; Saad Alfarargi , Relatora Especial sobre el Derecho al Desarrollo; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales,  Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados;  Mary Lawlor , Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos , Irene Khan, Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión; Ashwini K.P, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo,  David R. Boyd , Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.

 Fuente :ONU- Habitat

Postura desde GINEBRA (7 de diciembre de 2022)

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