La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que el Gobierno Municipal no permitirá irregularidades en el manejo de información institucional y actuará contra cualquier persona que haga un uso indebido de los sistemas oficiales como el C4.

Lo anterior, luego de detectarse un presunto mal uso de información relacionada con el sistema de atención prehospitalaria, situación que ya fue denunciada ante las autoridades competentes.

“No es un hackeo, no hay vulnerabilidad, el tema fue un usuario que le dio mal uso y que por eso se presenta la denuncia, porque no vamos a dejar pasar absolutamente nada”, afirmó la presidenta municipal.

Gutiérrez Campos aclaró que el incidente no corresponde a una falla en la infraestructura tecnológica del municipio ni a un ataque externo, sino a una acción atribuida a una persona con acceso autorizado al sistema.

Ante ello, destacó que León mantiene inversiones constantes para fortalecer la seguridad informática y proteger los datos de los ciudadanos frente a las amenazas cibernéticas que enfrentan gobiernos e instituciones en todo el mundo.

“Nosotros seguimos invirtiendo de manera importante para cuidar justamente el tema de nuestros sistemas. Ustedes pueden ver que han sido hackeados sistemas a nivel internacional y nacional, y en el caso de León seguimos invirtiendo para cuidar los datos de la gente”, señaló.

La alcaldesa subrayó que la actuación inmediata del municipio responde a una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que comprometa la información pública o la confianza ciudadana.

Asimismo, precisó que los datos involucrados no pertenecen a los sistemas de seguridad pública ni comprometen información estratégica relacionada con labores policiales.

“Es importante destacar que no es del sistema de seguridad. Es solamente en el uso de las ambulancias particulares y justamente es parte del sistema que tenemos”, explicó.

Además, confirmó que la Fiscalía ya investiga el caso para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. “No vamos a permitir que se haga mal uso de la información, por eso se presentó la denuncia y se está dando seguimiento puntual al caso”, puntualizó.

La presidenta municipal reiteró que el Gobierno de León continuará reforzando sus herramientas tecnológicas y mecanismos de supervisión para garantizar la protección de los datos y la transparencia en el servicio público.

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En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, donde participa como vocal la diputada de Morena María Eugenia García Oliveros, se aprobó en sentido positivo —de manera conjunta con legisladores del PAN— el dictamen de la iniciativa presentada por Morena para expedir la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato.

Durante la sesión, la diputada García Oliveros reconoció el trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas que permitió el avance de este proyecto, aunque anunció que presentará reservas ante el Pleno con el propósito de fortalecer el marco jurídico y consolidar los principios de gobierno abierto en la entidad.

“Hemos identificado diversos aspectos susceptibles de mejora; las observaciones que formularemos en su momento buscan reforzar la coherencia del marco legal y garantizar los principios de máxima publicidad y rendición de cuentas”, señaló la legisladora morenista.

La diputada destacó la importancia de asegurar una adecuada coordinación institucional y de establecer reglas claras, objetivas y transparentes para implementar de manera efectiva la nueva Ley de Transparencia en todos los niveles de gobierno.
Durante la misma sesión, también se dio cuenta de la iniciativa presentada por Morena que plantea reformas a la Ley de Planeación del Estado de Guanajuato, al Código Territorial para el Estado y los Municipios, y a la Ley de Derechos Culturales, con el objetivo de fortalecer la planeación democrática y garantizar el acceso equitativo a la cultura en todas las regiones del estado.

En contraste, en materia de derechos reproductivos, la mayoría panista ordenó el archivo de la propuesta de Morena que buscaba garantizar la interrupción legal del embarazo y poner fin a la criminalización de las mujeres guanajuatenses. La decisión fue tomada sin permitir un verdadero ejercicio de parlamento abierto ni escuchar las voces ciudadanas, evidenciando el retroceso conservador en materia de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

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El presidente de Coparmex León, Michel Sojo Quiroz, hizo un llamado a fortalecer la aplicación de la Ley 3 de 3 para garantizar mayor transparencia en las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los funcionarios públicos.

Lo anterior, luego de las presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial que de acuerdo a la plataforma digital Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad informó que la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reportó en su declaración patrimonial sobre un terreno con valor de 3 millones de pesos, cuando la realidad es que se trata de una finca campestre con valor que supera los 10 millones de pesos.

“De manera recurrente vemos que los servidores públicos evitan mostrar toda su información patrimonial, no actualizan sus declaraciones o no detallan la evolución de sus bienes, eso no puede pasar, porque la ciudadanía necesita confiar en quienes administran los recursos públicos”, señaló el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) León.

Sojo Quiroz destacó que la rendición de cuentas es clave para fortalecer la gobernanza, y subrayó que, así como los empresarios y ciudadanos deben ser coherentes en lo que declaran ante el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), con mayor razón los funcionarios tienen la obligación de transparentar sus ingresos y patrimonio.

“Entre más clara y abierta sea la información, más confiable será el funcionario y su gobierno. Necesitamos reglas claras y que se cumpla la transparencia en las tres declaraciones, no como un trámite, sino como un compromiso real con la sociedad”, afirmó.

Recordó que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo asumió desde el inicio de su gestión el compromiso con la rendición de cuentas, y confió en que este tema se convierta en un eje central para fortalecer la relación entre gobierno, ciudadanía y sector empresarial.

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Luego del anuncio de que Pemex dejará de requerir apoyo financiero de la Secretaría de Hacienda a partir de 2027, hecho que genera expectativas en los mercados y exige evaluar con rigor la viabilidad de este compromiso, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó toda estrategia que fortalezca a la principal empresa productiva del Estado, siempre y cuando lleve medidas claras que garanticen transparencia, eficiencia operativa y sustentabilidad financiera real.

“Reconocemos avances importantes. La mejora en la calificación crediticia de Pemex por parte de Fitch Ratings, es un reflejo de la estrategia de capitalización y financiamiento. También valoramos la reducción estimada de la deuda financiera total, que podría pasar de 113.2 mil millones de dólares en 2021 a 77.3 mil millones en 2030, equivalente a una disminución del 26%. La creación del Fondo de Inversión para Pemex por 250 mil millones de pesos, con garantía federal y respaldo de la banca de desarrollo, también es una medida que brinda certidumbre a proveedores y proyectos estratégicos”, señala la Coparmex mediante un comunicado de prensa.

Destacan que las proyecciones de producción de 1.8 millones de barriles diarios y de expansión de gas natural a 5 mil millones de pies cúbicos diarios en 2028, así como la apuesta por energías renovables y cogeneración entre 600 y 900 megawatts, muestran una visión más diversificada de la matriz energética. Estas metas son alentadoras, pero requieren ejecución impecable y una planeación basada en criterios técnicos, no políticos.

Sin embargo, persisten vacíos estructurales que ponen en riesgo la sostenibilidad de Pemex. Tampoco se ha abordado con claridad la problemática de las importaciones ilegales y robo de hidrocarburos, cuyo subregistro implica evasión de impuestos y pérdidas millonarias. Ignorar estas fugas de recursos compromete la competitividad de las refinerías y resta margen para reinversión.

Señalan que otro punto crítico es la ausencia de mecanismos de gobernanza robustos. Aunque se menciona mayor transparencia y trazabilidad de recursos en el Consejo de Administración único, no se especifica el fortalecimiento del gobierno corporativo ni la incorporación de auditorías independientes. La experiencia demuestra que sin vigilancia externa efectiva, la eficiencia y la rendición de cuentas quedan vulnerables.

“Sostenemos que la autosuficiencia financiera de Pemex en 2027 solo será viable si se erradican las fuentes de pérdida estructural. La recuperación de recursos derivada de eliminar contratos inflados, frenar las importaciones ilegales y atender con prioridad el pago de deudas con proveedores debe ser la prioridad”, sostiene la Coparmex.

En cualquier plan de reestructura, Pemex debe cumplir puntualmente con sus proveedores. Miles de empresas, especialmente en la región sur-sureste del país, dependen de estos pagos para sostener su operación, preservar empleos y dinamizar la economía regional. Honrar estas obligaciones fortalecerá la cadena productiva y enviará una señal inequívoca de seriedad y compromiso, indispensable para recuperar la confianza de inversionistas y socios comerciales.

“Estamos a favor de una Pemex fuerte, competitiva y alineada a las mejores prácticas internacionales. Para lograrlo, es indispensable un compromiso permanente con la transparencia, el fortalecimiento del gobierno corporativo y la disciplina financiera. La eficiencia no puede depender de ingresos extraordinarios ni de medidas temporales: debe ser el resultado de una gestión ordenada y profesional”, reiteran.

Adicionalmente, la participación del sector privado mexicano en el desarrollo energético del país, en colaboración con Pemex, es fundamental para impulsar la inversión y el financiamiento, fomentar la innovación tecnológica y aumentar la competitividad del sector. Esta alianza no solo facilita la transición hacia energías más limpias y sostenibles, sino que también genera empleo y fortalece la cadena de valor del sector energético. Asimismo, contribuye a la estabilidad y seguridad energética de México, permitiendo la ejecución de proyectos estratégicos que benefician tanto a la economía como a la sociedad.

“Reiteramos nuestra disposición a trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal, el Congreso y todos los actores involucrados para que Pemex cumpla con el objetivo de operar sin apoyos de Hacienda en 2027, manteniendo la estabilidad macroeconómica y garantizando que los recursos derivados de la renta petrolera se reinviertan en salud, educación e infraestructura. La fortaleza de Pemex debe ser sinónimo de confianza para inversionistas, certidumbre jurídica y desarrollo para México”, finaliza el comunicado.

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