El precio de la tortilla podría registrar un aumento de hasta dos pesos por kilogramo entre noviembre y enero, advirtió Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) quien descartó que esta variación se deba a los bloqueos de productores agrícolas registrados en el país.

“El incremento no tiene relación con las protestas del sector agrícola, sino con los altos costos de producción que arrastra la industria desde hace más de dos años”, explicó.
De acuerdo con el dirigente, desde hace 30 meses el precio del kilo de tortilla se ha mantenido estable, mientras los gastos por insumos, transporte y mantenimiento han subido de forma constante.

Entre los factores que presionan los costos destacan el encarecimiento de las harinas, refacciones, gas, papel grado alimenticio, diésel y fletes, todos ellos tasados a precios internacionales.

A esto se suman los recientes ajustes laborales, como la ampliación del aguinaldo y la reducción de la jornada a 40 horas, que incrementarán entre 13 y 15 mil pesos mensuales el gasto por empleado, según cálculos del Consejo. “Estas políticas, aunque suenan justas, impactan directamente en los costos de operación de las tortillerías”, señaló López García.

Actualmente, el precio promedio nacional del kilo de tortilla se ubica en 22 pesos en el Valle de México y en Guanajuato, el precio fluctúa entre 22 y 24 pesos, aunque podría alcanzar los 26 pesos durante los próximos meses.

El líder tortillero enfatizó que el aumento proyectado no obedece a especulación, sino a la necesidad de ajustar los precios a la realidad económica del sector. “Nosotros no aumentamos por capricho; simplemente ajustamos cuando los insumos suben. En los últimos dos años no se ha hecho ningún ajuste, y hoy ya trabajamos con déficit”, dijo.

Asimismo, López García subrayó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no tiene facultades para fijar precios en el mercado de la tortilla, pues estos dependen de los costos de producción de cada negocio. “Profeco sólo puede verificar que el precio esté visible, que las básculas estén calibradas y atender denuncias ciudadanas, pero no puede imponer un precio promedio”, aclaró.

El representante nacional también expresó preocupación por la creciente informalidad en el sector, que estima alcanza entre 75 y 80 por ciento del reparto de tortillas en el país, muchas veces en condiciones insalubres y sin control sanitario.

De cara al cierre del año, el Consejo Nacional de la Tortilla prepara un programa nacional con tres ejes: fortalecer la industria formal, mejorar la cadena de abasto entre productores de maíz y tortillerías, y ofrecer beneficios directos al consumidor final.

“Queremos mantener precios razonables, pero también que el productor y el tortillero puedan sostener su trabajo dignamente”, sostuvo López García.

Así, aunque los bloqueos de agricultores han visibilizado la crisis del campo mexicano, el posible incremento en el precio de la tortilla, producto básico en la dieta nacional, responderá principalmente a los costos de producción y a las políticas laborales vigentes, no a las movilizaciones del sector agrícola, puntualizó.

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