Los avances en infraestructura y servicios en la comunidad de San Juan de Abajo han permitido impulsar su proceso de regularización, destacó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable, Israel Martínez Martínez.
El funcionario informó que recientemente se concretó la apertura de un nuevo acceso vial, considerado clave para detonar el desarrollo de la zona, el cual consta de 1.7 kilómetros desde el cruce seguro del bulevar San Pedro hasta el camino de entrada a la comunidad, con una inversión de 25 millones de pesos.
“Tenemos una longitud de 1.7 kilómetros y esto abre la puerta sobre todo a la regularización”, explicó.
Señaló que la falta de acceso era uno de los principales impedimentos para avanzar en la certeza jurídica de los predios, por lo que esta obra representa un paso fundamental.
“Uno de los principales motivos del por qué no se podía regularizar San Juan de Abajo es que no había un acceso. Hoy abrimos los horizontes para todos los vecinos”, afirmó.
Martínez Martínez indicó que, de manera paralela, se realizan acciones para mejorar las condiciones urbanas de la comunidad, como la rehabilitación de calles con material reciclado, limpieza de cauces y fortalecimiento del alumbrado público.
“Estamos mejorando las calles, colocando material reciclado en zonas de terracería, también estamos limpiando el río y mejorando el alumbrado”, detalló.
Asimismo, destacó que dependencias municipales trabajan en la planeación de obras hidráulicas y pavimentación, las cuales se detonarán conforme avance la regularización.
“Lo importante es la regularización y una vez que se logre, se podrán hacer proyectos de agua potable, drenaje y pavimentación”, indicó.
El secretario Israel Martínez, refirió que todas estas acciones se desarrollan de forma paralela, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en San Juan de Abajo.

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Luis Miguel Aguirre Aranda, director general del Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), informó que la entrega de 200 escrituras, es resultado de un proceso largo que requiere cumplir con diferentes requisitos normativos, técnicos y jurídicos, por lo que reconoció la paciencia de las y los ciudadanos, así como el trabajo del personal del instituto.

Señaló que el municipio aún tiene pendientes importantes en materia de regularización, entre ellos San Juan de Abajo, un caso que calificó como añejo y complejo, pero en el que actualmente se registran avances significativos.

Explicó que ya se cuenta con un comisariado ejidal participativo, debidamente acreditado ante el Registro Agrario Nacional (RAN), con el cual se han establecido mesas de trabajo en coordinación con la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez.

Detalló que uno de los principales pasos es la negociación y posterior entrega de las áreas de uso común, como caminos, brechas y terracerías, al municipio, para que puedan convertirse en vialidades formales.
Esto permitirá más adelante la introducción de servicios básicos como agua potable, drenaje, energía eléctrica, calles y banquetas, condición indispensable para avanzar hacia la regularización de la zona, donde habitan más de 5 mil familias.

Aguirre Aranda indicó que se busca que la asamblea ejidal donde se tome la determinación sobre estas áreas pueda realizarse a más tardar en los primeros días de enero de 2026, aunque no se descarta que, por temas estratégicos, pueda realizarse antes de que concluya el presente año.

“En cuanto a las metas generales, señaló que durante la administración pasada se autorizaron 30 procesos de regularización, mientras que en el segundo trienio de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez ya suman 10 más, dando un total de 40 asentamientos autorizados por el Ayuntamiento.

“En la administración pasada fueron 30, en este año de la segunda administración de Ale, van 10; en un total llevamos 40 ya autorizadas por el Ayuntamiento.

Tenemos de las siete delegaciones, Las Joyas, y en Medina estamos trabajando muy duro, hay mucha necesidad y el trabajo también es muy arduo, vamos a tener presencia y compromisos con ellos regularizando de manera progresiva”, señaló el funcionario municipal Luis Miguel.

Reiteró que actualmente se trabaja en distintas zonas del municipio, incluyendo Las Joyas, Medina, Castillo y San Juan de Abajo, con procesos diferenciados de acuerdo con la situación jurídica de cada polígono.

Con estas 200 escrituras, ya suman 802 las que han sido entregadas en este año, Aguirre Aranda, señaló que ya se ha rebasado la meta que se tenía para este año. Las familias que recibieron las escrituras son de diversas colonias como Ampliación el Carmen, Buenaventura, Valle de las Toronjas, Piedra Azul, Montañas del Sol, Siglo XXI y Valles de México, por mencionar algunas.

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Ante la falta de avances en la regularización de sus viviendas y la prestación de servicios públicos esenciales, un grupo de aproximadamente 30 habitantes de la comunidad de San Juan de Abajo acudió hoy a las afueras de la Presidencia Municipal de León para exigir una reunión con autoridades del Ayuntamiento de León.

Con más de 35 años de existencia y alrededor de 15 mil habitantes, la comunidad denuncia abandono institucional, irregularidades legales y una larga historia de promesas incumplidas por parte de diferentes administraciones municipales.

Los residentes señalaron que viven en una situación de “limbo jurídico”, sin escrituras ni acceso formal a servicios básicos como agua potable, salud y transporte público.
Félix Ávila, vocero de los colonos, denunció que los habitantes han sido víctimas de desalojos forzosos impulsados por juicios que calificaron como ilegales, con la participación de autoridades municipales, estatales y judiciales.

Explicó que los ejidatarios que originalmente vendieron los terrenos hoy exigen pagos adicionales o intentan revender predios ya habitados, generando incertidumbre legal.

“Nos dicen que no nos pueden regularizar por temas del paso del ferrocarril, por número de habitantes, o por la regularización de la tierra. Ya cumplimos con todos esos requisitos. ¿Qué más quieren?”, cuestionó Ávila. También reclamó el alto costo del agua, señalando que el metro cúbico llega a costar hasta 100 pesos, en comparación con los 15 pesos que se pagan en otras zonas.
Por su parte, Juan Pablo Delgado, representante legal de varias familias afectadas, informó que ya se han presentado más de 20 demandas por la falta de acceso al agua y la ausencia de regularización, y que este mes se sumarán al menos 15 más. También confirmó la existencia de un amparo interpuesto por 45 familias y la inminente presentación de otras más.

“Lo que ocurrió en San Juan de Abajo fue un desalojo forzoso, una violación grave a los derechos humanos. La gente fue retirada de sus casas sin haber sido notificada ni considerada en el juicio. Eso es inaceptable”, declaró Juan Pablo Delgado.
Señaló que incluso el Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) contrató a un abogado para revisar el proceso, lo cual es, a su parecer, un reconocimiento implícito de irregularidades.

Félix Ávila, lamentó a nombre de los habitantes de San Juan de Abajo, que en cada proceso electoral reciben promesas de regularización, pero luego son olvidados. “Vienen a pedir el voto, prometen todo, y después nunca regresan. San Juan de Abajo sigue igual o peor”, expresó.
Aseguró que la comunidad sólo recibe atención en eventos públicos o caravanas de salud, pero no de forma permanente.

El vocero de los colonos, explicó que se formó una comitiva para acudir este jueves al Ayuntamiento de León tras una cancelación previa de su cita con autoridades municipales.
“Si no nos dan solución, iremos a Guanajuato, a la Ciudad de México, a donde sea necesario, para que visibilicen la situación y exijan el cumplimiento de las leyes en favor de los habitantes de San Juan de Abajo”, advirtieron.

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Violan garantías judiciales y el derecho de informarse en desalojo en San Joaquín, el activista y abogado Juan Pablo Delgado, reveló que se exigirá una suspensión para efectos de que se les restituya en la posesión de los predios y se les pueda dotar de una vivienda sustituta, además de tener acceso al expediente judicial para efecto de determinar quién o quiénes fueron las autoridades que obraron de mala forma.
El abogado Juan Pablo Delgado, tomó el caso de tres personas afectadas en el desalojo de la zona de San Joaquín cercano a San Juan de Abajo y lamentó que el gobierno pretenda hacerse de la vista gorda después de 35 años de la existencia de San Juan de Abajo como asentamiento irregular y no se avance en el proceso de regularización generando omisión. Aseguran que se está tomando una acción punitiva.
“El día de ayer también se presentó una demanda de amparo firmada por 45 familias de San Juan de Abajo para efectos de ordenarle al IMUVI y al Ayuntamiento de León, el inicio del proceso de regularización ante la omisión histórica por parte de las autoridades de regular y generar certeza jurídica en la zona”, mencionó.
Además, reveló que el día de ayer las tres personas demandaron al juzgado de partido que ordenó la diligencia, a la Secretaría de Seguridad y Paz por haber participado en la diligencia y a la Policía Municipal.
“Esta demanda se presenta en el contexto de los estándares internacionales en materia de desarrollos forzosos que mandata que para que se pueda presentar un desalojo en general, las personas tienen que ser escuchadas, tomadas en cuenta, ofrecidas de alternativas y tener conocimiento pleno de la problemática, situación que no se cumplió”, especificó

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