La regidora y consejera del Parque Zoológico de León, Norma López Zúñiga, solicitó al Órgano Interno de Control abrir una investigación por la presunta omisión en la comunicación al Consejo Directivo sobre los casos de gusano barrenador detectados en dos ejemplares del zoológico, al considerar que el retraso pudo afectar la implementación oportuna de medidas preventivas.
La edil explicó que la primera información que recibió fue sobre un ejemplar con una herida que presentaba indicios de miasis, por lo que la entonces encargada del zoológico optó por enviar muestras al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para confirmar el diagnóstico.
“Nos hizo de conocimiento que había una especie que tenía una herida abierta y que aparentemente tenía miasis y que ella prefería mandar a hacer las revisiones con la Senasica… y hasta ahí se quedó la comunicación”, relató.
Sin embargo, dijo que fue hasta días después, tras solicitar información en un grupo de mensajería del Consejo, cuando se les notificó que dos ejemplares habían resultado positivos a gusano barrenador.
“Nos indican que había dos especies en el zoológico que habían dado positivo a gusano barrenador, se nos compartieron los informes de resultados de la Senasica y, bueno, pues a mí me parece una situación muy delicada porque lo primero que yo cuestioné es por qué se nos había ocultado la información”, afirmó.
López Zúñiga señaló que el reporte oficial estaba fechado el 6 de junio, pero aseguró que el Consejo no fue informado de manera formal sino hasta varios días después, por lo que solicitó una reunión urgente para revisar el tema antes de la sesión ordinaria del Consejo.
Durante esa reunión, agregó, se informó que desde marzo, cuando se confirmó el primer caso de gusano barrenador en Guanajuato, la Gerencia Operativa había recomendado implementar acciones preventivas.
“A partir de marzo, que fue cuando se nos hace de conocimiento el primer caso aquí en el estado de Guanajuato, la gerencia operativa solicitó que se tomaran acciones de prevención para el tema del gusano barrenador”, explicó.
Entre las medidas propuestas destacó el cierre temporal del Centro de Rescate Animal del zoológico, debido a que recibe fauna silvestre de diferentes procedencias cuyo estado sanitario no siempre es conocido.
“Una de las acciones es el tema del cierre temporal del centro de rescate animal, no sabemos de su procedencia, no sabemos si traen un tema médico o incluso alguna infección”, indicó.
No obstante, acusó que dichas recomendaciones nunca fueron presentadas al Consejo para su análisis.
“Quien decide el orden del día determina que no se nos comunica. Ahí fue la presidenta del consejo quien toma la decisión de no comunicarnos, de guardar silencio y lo más grave es que no se le dio seguimiento a las acciones de prevención”, sostuvo.
La regidora aseguró que las fumigaciones iniciadas en abril no correspondían a los protocolos recomendados por Senasica y que fue hasta después de la confirmación de los casos positivos cuando la dependencia federal capacitó al personal del zoológico y se autorizó la compra de cinco fumigadoras para reforzar el control sanitario.
Ante ello, consideró que pudo existir negligencia administrativa y anunció que ya promovió una investigación.
“Me parece que es una irresponsabilidad gravísima que no se puede quedar así. Yo ya solicité al Órgano de Control Interno que abra una investigación y que, si resulta responsable cualquier persona, la Ley de Responsabilidades es muy clara”, manifestó.
Añadió que, aunque actualmente los dos ejemplares afectados ya reciben atención veterinaria y el zoológico comenzó a aplicar medidas de contención, las acciones preventivas debieron implementarse con mayor anticipación.
“Por esta negligencia el zoológico está llegando tarde a generar estas acciones de prevención y ahora de contención porque ya lo tenemos ahí en dos especies”, analizó la consejera Norma López Zúñiga.

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La regidora Dessiré Ángel Rocha criticó enérgicamente que, tras el reciente ajuste a la tarifa del transporte público en León, no se están cumpliendo los acuerdos pactados en la Comisión Mixta Tarifaria y que la información entregada por la Dirección de Movilidad es incompleta e imprecisa.
Recordemos que el pasado 1 de enero de 2025 entró en vigor el nuevo precio del pasaje, aprobado por la comisión en diciembre de 2024: la tarifa en efectivo pasó de 13 a 14.50 pesos, aunque con un subsidio municipal de 50 centavos, el usuario paga 14 pesos.
Con tarjeta Pagobús, la tarifa general quedó en 13.50 pesos, pero el subsidio también la reduce a 13 pesos.
La tarifa preferencial para estudiantes y personas con discapacidad subió de 5.20 a 6.50 pesos, según lo aprobado por la comisión.
Este ajuste se justificó, de acuerdo con el acuerdo firmado, con un plan de modernización: los transportistas se comprometieron a renovar 204 autobuses, mejorar el mantenimiento preventivo y correctivo, y garantizar la calidad, seguridad y continuidad del servicio.
Además, el municipio destinó hasta 80 millones de pesos al Fideicomiso para la Modernización del Transporte Urbano, como forma de amortiguar el impacto financiero del alza.
Sin embargo, según Ángel Rocha, la entrega de información por parte de Movilidad ha sido insuficiente para dar seguimiento a esos compromisos.
La regidora señaló que los informes trimestrales que reciben no incluyen los 35 puntos de acuerdo definidos originalmente, ni ofrecen evidencia clara sobre su cumplimiento: “No viene nada en específico… no hay indicadores”, dijo.
Además, denunció que no hay reuniones regulares entre concesionarios y el Ayuntamiento para explicar por qué algunos compromisos no se han cumplido, como la mejora en frecuencia de unidades o la renovación prometida. Señaló también que los estudios de origen-destino, claves para planear rutas y frecuencias, no han sido entregados como se acordó desde la constitución de la comisión.
Entre las deficiencias que para la regidora persisten en el sistema de transporte después del aumento, están los largos tiempos de espera, unidades saturadas, paradas inseguras, mal estado de las unidades e incluso reportes de acoso en algunas rutas. Aunado a esto, criticó que el mantenimiento es reactivo y no preventivo: algunos autobuses se averían justo antes de su revisión física-mecánica, lo que, según ella, demuestra una deficiente gestión.
La regidora finalizó al decir que el anuncio del metro elevado para León no debe distraer de las mejoras urgentes que necesita el transporte público actual.
“La llegada de un nuevo sistema no va a resolver por sí sola los problemas que existen hoy”, afirmó, y pidió a ciudadanos y medios estar atentos y exigir transparencia en el cumplimiento de los acuerdos tarifarios.

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