El proceso de reordenamiento en la zona de Miguel Alemán en León se consolida a través del diálogo con comerciantes y la coordinación institucional, mientras el proyecto de cableado subterráneo continúa el proyecto de planeación, sin fecha definida de arranque.

La titular de la Secretaría para la Reactivación Económica, María Fernanda Rodríguez González, explicó que, si bien ya existen avances en la gestión con instancias como la Comisión Federal de Electricidad y empresas de telecomunicaciones, el proyecto aún requiere ajustes técnicos y operativos antes de su ejecución.

“Estamos en constante comunicación con CFE y con los carriers para buscar meter el cableado que actualmente está en la zona; esto ayudará a que la imagen sea más limpia y ordenada”, señaló.

Más allá de la obra, uno de los ejes centrales ha sido la atención a los comerciantes, particularmente a los 280 que fueron retirados como parte del ordenamiento. La funcionaria destacó que la estrategia ha evitado conflictos mayores gracias al acompañamiento permanente.

“Es un trabajo diario; no los hemos dejado solos. Hemos ofrecido alternativas como espacios en bazares, eventos y ferias, además de vinculación con programas sociales y económicos”, afirmó.
Rodríguez González subrayó que la intervención en Miguel Alemán no se limita al cableado, sino que forma parte de un plan integral que incluye mejoras en banquetas, fachadas y movilidad peatonal, con el objetivo de transformar la dinámica urbana de la zona.

Asimismo, destacó que la coordinación entre dependencias municipales como Obra Pública y SAPAL ha permitido evitar duplicidad de trabajos y avanzar de manera ordenada.

“Se hace de manera vinculada para no abrir una calle y luego volver a intervenirla; es una labor de acompañamiento entre distintas áreas”, explicó.

En paralelo, el operativo en la zona se mantiene activo con apoyo de corporaciones como Policía Vial y Aseo Público, lo que ha contribuido a mejorar tanto la imagen urbana como la percepción de seguridad.

Aunque el cableado subterráneo aún no inicia formalmente, autoridades municipales confían en que pueda concretarse en el corto plazo, como parte de una estrategia que busca consolidar la recuperación del espacio público y reactivar la actividad económica en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

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                                                                                                                                                    En el marco del 450 aniversario de la ciudad de León, y con el objetivo de fortalecer la actividad económica, mejorar la imagen urbana y apoyar directamente a los comerciantes del Centro Histórico, el Gobierno Municipal, se destaca el proyecto integral conmemorativo, el cual contempla nuevo equipamiento y mobiliario urbano en Zona Centro.

María Fernanda Rodríguez González, titular de la Secretaría para la Reactivación Económica de León, explicó que el proyecto fue replanteado para ampliar su alcance y generar un beneficio más integral.
“Lo que buscamos con los festejos del 450 es que sea un proyecto de manera integral, no solamente para los boleros, sino para distintos sectores del Centro Histórico”, señaló.
Detalló que el rediseño incluye módulos para boleros, sombrillas, equipamiento para comerciantes, rejillas y adecuaciones en terrazas.
“Se contrató una empresa para hacer el diseño y el proyecto completo; esto implicó volver a hacer el despiece, recotizar y ajustar cada una de las partes”, indicó.
La funcionaria reconoció que el cambio en el diseño modificó los tiempos de ejecución, pero aseguró que permitirá una imagen unificada y ordenada del primer cuadro de la ciudad.
“El cambio fue a bien, porque ahora el proyecto es mucho más completo y funcional para el Centro Histórico”, afirmó.
Rodríguez González adelantó que la primera etapa del proyecto se entregará en marzo, beneficiando a comerciantes que han resultado afectados por las obras y preparativos del aniversario.
“En marzo se estará entregando la primera parte; también se contempla el cambio de sombrillas y otros equipamientos para quienes han tenido afectaciones”, concluyó.
La funcionaria municipal, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para impulsar el comercio local y dignificar los espacios públicos rumbo a la celebración de los 450 años de León.

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Para el presidente de la Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR) y coordinador de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Vicente Lahud Martínez, el anuncio del proyecto del metro elevado León 450 deberá ser un proyecto sólido, serio y bien estructurado.

Lo anterior, lo externó el líder empresarial, luego de la presentación del primero informe de gobierno de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien anunció dicho proyecto sin mayores detalles al referir que será el inicio de un proyecto a futuro.

“En principio, todo proyecto que busque mejorar la movilidad de León es positivo, pero aún no conocemos los detalles técnicos ni financieros que lo sustenten. Como empresarios siempre estaremos abiertos a analizar propuestas que impulsen el desarrollo de la ciudad, pero para hablar de una posible participación o inversión sería necesario contar primero con un proyecto claro, serio y bien estructurado”, expresó.

Como sector empresarial de León reconoció los avances en infraestructura y atención social durante este primer año de administración, pero fue claro al señalar que, en el caso del metro elevado, cualquier posibilidad de inversión dependerá de que exista un proyecto sólido, serio y bien estructurado.

Dijo que la propuesta de un tren elevado suena atractiva y podría representar un salto importante en materia de movilidad, aunque insistió en que la viabilidad técnica, financiera y urbana todavía no ha sido demostrada.

El líder empresarial remarcó que el anuncio del metro elevado llega en un momento clave: el de la rendición de cuentas del gobierno municipal. En este sentido, señaló que el informe de la alcaldesa será la oportunidad para contrastar compromisos con resultados, no solo en obras concluidas, sino también en la planeación de proyectos estratégicos de gran calado.

Vicente Lahud reconoció que, a diferencia de otras gestiones, esta administración no se ha quedado en la planeación, sino que ha ejecutado acciones tangibles, mencionó la ampliación de 22 hectáreas en el Parque Metropolitano, la apertura de nuevos espacios públicos y la construcción del puente vehicular en el bulevar Morelos, financiado al 100% con recursos municipales.

Agregó que el municipio ha sabido avanzar en infraestructura pese a la falta de apoyos estatales y federales, lo que refleja un esfuerzo adicional en favor de la ciudadanía.
Finalmente, reiteró que el empresariado está dispuesto a analizar iniciativas que impulsen el desarrollo y la movilidad de León, pero que su participación dependerá de que el proyecto del metro elevado presente bases técnicas y financieras claras que den certeza a la inversión.

“Como empresarios siempre estaremos abiertos a analizar propuestas que impulsen el desarrollo de la ciudad, pero para hablar de una posible participación o inversión sería necesario contar primero con un proyecto claro, serio y bien estructurado”, concluyó Vicente Lahud Martínez.

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La proyección de la obra del Tren Interurbano abre la posibilidad de que empresas de la construcción en Guanajuato se sumen a subcontratos y consorcios, de acuerdo a la información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el estado de Guanajuato.

Raúl Silva Ávila, presidente de la CMIC, en el marco del Foro de Obra Privada, realizado este jueves en Silao, señaló que aunque se trata de un proyecto federal bajo responsabilidad del Ejército Mexicano, el tramo que conectará Irapuato con Querétaro será licitado y se abre la puerta a la participación del sector privado local.

“Para este tren podemos hablar desde topografía, que muchas empresas lo pueden hacer, el control de la calidad con los laboratorios, la renta de maquinaria y todo eso nos haría participar, aunque no sea directamente, pero sí con la subcontratación y más aún, la posibilidad de los consorcios que hoy en día es una realidad para que las tres o cuatro empresas del estado se puedan unir para poder participar y es lo que les estamos planteando a nuestros afiliados”, señaló Silva Ávila.

Agregó que las gestiones para incluir a las constructoras locales han sido impulsadas por la CMIC nacional ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con buena disposición por parte de la dependencia.

“El gran cambio ha sido que no solamente sea el Ejército quien lo ejecute, esas gestiones vienen desde el año pasado y hoy se están concretando.

Y sobre la inclusión de León en el proyecto ferroviario, se analiza la posibilidad de construir un ramal que conecte el Tren Interurbano con el Aeropuerto Internacional del Bajío, así como otro en el Libramiento de Irapuato, para evitar afectaciones en las zonas urbanas”, puntualizó.

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#ONU #TrenMaya

Las y los expertos de la ONU han manifestado  su preocupación por que los 1.500 kilómetros del Tren Maya en la península de Yucatán, en México, ponga en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.

Las personas defensoras de los derechos humanos que plantean sus preocupaciones sobre los impactos negativos se enfrentan a amenazas y ataques y a un acceso seguro muy limitado a un tribunal independiente e imparcial, dijeron los expertos.

“Como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, dijeron las y los expertos. Además, el gobierno ha elevado el proyecto a la categoría de proyecto de seguridad nacional, lo que le permite derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales. “Este cambio de estatus del proyecto dirigido por el Estado no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales”.

“Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados. En este contexto, la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita gran preocupación”, afirmó Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Pidieron al gobierno que garantice la participación significativa de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental antes de cualquier decisión futura relacionada con el proyecto, como elementos clave para identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo.

“Debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y deben evaluarse de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales”, dijeron los expertos.

Las y los expertos también han expresado su preocupación por la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas implicadas en el proyecto, cuyo coste se estima en 20.000 millones de dólares. “Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya”.

Las y los expertos invitaron a las empresas y a las y los inversores a tomar las medidas adecuadas y a ejercer su influencia para garantizar que los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos se llevan a cabo de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

* Las y los expertos: Fernanda Hopenhaym (Presidente), Pichamon Yeophantong (Vice Presidente), Elżbieta Karska, Robert McCorquodale and Damilola Olawuyi, Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos; Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; Saad Alfarargi , Relatora Especial sobre el Derecho al Desarrollo; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales,  Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados;  Mary Lawlor , Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos , Irene Khan, Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión; Ashwini K.P, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo,  David R. Boyd , Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.

 Fuente :ONU- Habitat

Postura desde GINEBRA (7 de diciembre de 2022)

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El Grupo Xcaret negó mediante un comunicado que haya solicitado permiso ambiental para el proyecto turístico en Santa Elena, pese a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se presentó con la clave 31YU2024UD049 ante la Semarnat.

“Grupo Xcaret informa que no ha solicitado ninguna autorización de cambio de uso de suelo forestal, en relación con la Manifestación de Impacto Ambiental de un proyecto de infraestructura turística en Santa Elena, Yucatán”, señala el comunicado donde expresa además que la MIA no pertenece a ese corporativo.

En la MIA se presenta un proyecto de nueve hoteles con capacidad máxima de 16 mil 200 huéspedes, lo que significaría cuatro veces la población de la localidad de Santa Elena, lo que claramente impactaría a su medio ambiente y al acceso a servicios como el agua potable.

Greenpeace pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no autorizar el proyecto Xcaret en el municipio de Santa Elena, pues alegaban que la urbanización y especulación inmobiliaria afectarían la cultura y biodiversidad de la selva maya.

El proyecto tendría una inversión total de 400 millones de pesos y estaría en una zona de influencia del Área Natural Protegida denominada “Reserva Estatal Biocultural del Puuc con 746 mil 770 metros cuadrados para la venta de lotes residenciales.

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