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El decreto quedará consignado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el señalamiento de las reformas de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política del país.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la firma oficial para el arranque de la reforma constitucional enfocada a la prohibición del maíz transgénico en México. Dicha iniciativa pretende garantizar la producción/cultivo de las variantes originarias y libres de procedimientos genéticos en el territorio nacional.

En “La Mañanera del Pueblo” del 17 de marzo, la titular del Ejecutivo dio a conocer la firma por la promulgación del nuevo decreto alimentario en el país. Desde febrero 2025, la reforma constitucional disputaba su aprobación frente a la Cámara de Diputados, Senadores y los C0ongresos Locales; es por ello que, su implementación ya es una realidad en favor a la defensa del maíz.Durante el acto protocolario, Sheinbaum Pardo protagonizó la certificación del documento próximo a publicar ante el Diario Oficial de la Federación (DOF) por las reformas de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, donde su modificación reside en la protección a los cultivos nativos como símbolo de identidad del país; lo anterior en materia de conservación y protección.

En su intervención con medios, la presidenta explicó que la promulgación de la reforma constitucional garantizará la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la salud de los mexicanos. Con la implementación de dicha Ley, el cultivo del maíz originario será libre de modificaciones genéticas que sean producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o recombinación.

razón de salvaguardar las variedades nativas de maíz y preservar la biodiversidad agrícola del país, la reforma del maíz fortalecerá el desarrollo de los cultivos tradicionales con semillas nativas para el uso de tierras exentas de cultivo de maíz de genéticamente modificado.

Con la modificación a los artículos antes mencionados, el gobierno de México promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud para garantizar el bienestar de la población campesina. Asimismo, la gestión planeará, organizará y monitoreará la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización considerándolas de interés público.

Bajo el lema “Sin maíz, no hay país”, Sheinbaum Pardo refrendó que para uso de dicho producto genéticamente modificado, los elementos deberán ser evaluado en los términos a disposiciones legales para quedar libre de amenazas de bioseguridad, salud y del patrimonio biocultural.

Es importante mencionar que, el maíz transgénico es tolerante a plagas y genera toxinas, cristales, que se mantienen aún en el grano que se consume. Sin embargo, los cultivos de maíz transgénico están plenamente asociados con el uso de herbicidas como el glifosato, que expone a graves riesgos la salud humana y la preservación del ambiente.

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“La Cámara de Diputados aprueba la reforma constitucional que veta la siembra del grano genéticamente modificado y reconoce al maíz nativo como un “elemento de identidad nacional”

La Cámara de Diputados ha aprobado este martes la reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico en México. Con 382 votos a favor y 88 en contra, quedó avalado, en lo general y en lo particular, el dictamen que modifica los artículos de la Constitución sobre la conservación y protección de los maíces nativos. La modificación, presentada hace un mes por la presidenta Claudia Sheinbaum, hace hincapié en que el cultivo del maíz en territorio mexicano debe ser libre de modificaciones genéticas, producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como es el caso del grano genéticamente modificado. El dictamen avalado indica que debe priorizarse la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y los conocimientos tradicionales.

El veto interno de la siembra y cosecha de maíz transgénico califica como “elemento de identidad nacional” al maíz nativo y se establece como obligación del Estado mexicano el garantizar su cultivo libre de transgénicos en el país. La reforma fue aprobada con el respaldo de Morena y sus aliados, así como por algunos diputados de Movimiento Ciudadano. En su intervención, la diputada Claudia Ruiz Massieu, de esa bancada, votó a favor, pero propuso que los productores tengan acceso a nuevas tecnologías para garantizar la soberanía alimentaria.

Los legisladores del PAN criticaron que resaltaron que el dictamen no cuenta con bases técnicas y tiene sustentos ideológicos. Los diputados de la oposición enfatizaron que la reforma no analiza los efectos que puede causar para México, como país firmante del TMEC. El diputado del PAN, Luis Agustín Rodríguez, expuso que la reforma no está bien pensada y habrá severas complicaciones económicas e inflacionarias que impactarán en los precios. “La reforma se hizo a partir de un dogma ideológico, sin cuidar la competitividad y la productividad”, señaló.

El veto local del cultivo del maíz transgénico va a contracorriente del último fallo contra de México, en el marco de un panel del TMEC. En diciembre pasado, el Gobierno mexicano no logró demostrar científicamente que el grano genéticamente modificado ocasione daños a la salud humana y debió levantar las restricciones a las importaciones de este grano, como lo habían demandado Estados Unidos y Canadá. El árbitro internacional explicó en su resolución que si bien México buscó proteger la biodiversidad y la salud pública, no cumplió con las normas científicas y comerciales internacionales requeridas por el tratado comercial de Norteamérica, así que impuso a México el levantar cualquier restricción a la importación de este grano.

México es autosuficiente en maíz blanco, utilizado para la fabricación de tortilla, la base de la dieta nacional. Sin embargo, importa grandes cantidades de maíz amarillo de Estados Unidos, utilizado para alimentar al ganado y elaborar algunos alimentos industrializados. Solo en 2024, EE UU exportó más del 40% de su grano a México, un porcentaje equivalente a más de 4.700 millones de dólares en ventas. Una vez avalado en la Cámara de Diputados, el dictamen pasará al Senado para obtener su aprobación final.”

Fuente :Karina Suárez

Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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