En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) llevó a cabo la conferencia “Violencia de género e interseccionalidad: estándares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, atender y erradicar las violencias que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes.

Dicha conferencia fue impartida por la doctora Leticia Bonifaz Alfonzo, jurista chiapaneca con doctorado en Derecho por la UNAM; es una de las voces más reconocidas en México y América Latina en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Ha ocupado cargos clave en el Gobierno de la Ciudad de México, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recientemente en el Comité CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, por sus siglas en inglés), desde donde ha impulsado avances en derechos de las mujeres y grupos históricamente discriminados.

Durante el evento, la maestra María de la Luz Rodríguez Tierras Negras, titular de la Subprocuraduría Zona D, dio la bienvenida a todas las personas presentes y subrayó que la violencia de género sigue siendo una de las violaciones a derechos humanos más graves y persistentes en el mundo y que solo al comprender cómo se cruzan las identidades y las relaciones de poder es posible evitar que los movimientos por el cambio se fragmenten. Desde esta mirada, recalcó que las mujeres viven opresiones que se entrelazan por motivos de género, origen étnico, condición socioeconómica, orientación sexual, discapacidad y otros factores que, al normalizarse, se convierten en violaciones estructurales a la dignidad humana.

Por su parte, la maestra María Teresa Palomino Ramos, titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en representación de la gobernadora del Estado, señaló que la interseccionalidad ayuda a entender que ninguna mujer vive la violencia de la misma manera; cada experiencia está atravesada por condiciones específicas de vida que pueden profundizar la desigualdad y elevar las barreras para acceder a la justicia y a medidas de no repetición.

La procuradora Karla Gabriela Alcaraz Olvera, en su mensaje, enfatizó: “Vivir libres de violencia es un derecho” y reconoció que persiste una deuda histórica con las mujeres, lo que exige redoblar esfuerzos desde todas las instituciones. Al mismo tiempo, llamó a impulsar la participación sustantiva de las mujeres en todos los espacios de la vida pública: “El mundo debe cambiar y ese cambio debe impulsarse con la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública, en todos los niveles y en todos los espacios”.

Durante la conferencia, la doctora Leticia Bonifaz Alfonzo destacó la importancia de reconocer cómo la violencia de género se hace más grave cuando se cruza con factores de la vulnerabilidad, como la edad, discapacidad, origen étnico, condición socioeconómica o migratoria. Desde la perspectiva internacional, se enfatizó que ninguna mujer, niña o adolescente debe enfrentar barreras que limiten su acceso a la justicia, a la protección y al pleno ejercicio de sus derechos.

Con esta conferencia, la PRODHEG reafirma su compromiso para seguir construyendo, junto con otras instituciones y la sociedad, entornos seguros, igualitarios y dignos para todas las mujeres en Guanajuato.

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La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) y la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED) firmaron un convenio que coloca a la ciudadanía en el centro de la atención médica y la defensa de los derechos humanos.

El acuerdo contempla capacitaciones conjuntas, la optimización de los procedimientos de queja, la emisión de opiniones médicas y el intercambio de información especializada, con el objetivo de ofrecer respuestas más transparentes, rápidas y humanas a quienes enfrentan inconformidades relacionadas con la atención de salud.

La Procuradora Karla Gabriela Alcaraz Olvera destacó la trascendencia del convenio y lo definió como un paso firme hacia la protección de la población: “La firma del convenio representa un paso más en favor de la protección y promoción de los derechos humanos en el ámbito de la salud”.

La Ombudsperson subrayó además la visión humanista que guía este esfuerzo: “La salud y la dignidad de cada persona son prioridades fundamentales y trabajar juntos es la mejor manera de brindarles respuestas más justas, humanas y oportunas”.

Por su parte, la Comisionada Adriana Tinoco Aviña resaltó el sentido práctico y cercano del acuerdo: “Este convenio no es solo un documento, es una herramienta que permitirá a la gente sentirse acompañada, protegida y respaldada en los momentos más difíciles de su experiencia en salud”.

Con este esfuerzo conjunto, PRODHEG y CECAMED enviaron un mensaje claro: en Guanajuato, la salud y los derechos humanos deben caminar de la mano, siempre con calidad, calidez y respeto a la dignidad de las personas.

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Con el propósito de seguir fortaleciendo la cultura de los derechos humanos, en un acto
calificado como un paso trascendental en la consolidación de un trabajo conjunto, la
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) y la
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) formalizaron la firma de un convenio de
colaboración.

La procuradora Karla Gabriela Alcaraz Olvera y el rector José Ricardo Narváez Martínez
encabezaron la ceremonia, destacando que este acuerdo, esperado desde hace tiempo,
genera muy altas expectativas de lograr resultados positivos en beneficio de la sociedad.

Durante la firma, la procuradora Karla Alcaraz Olvera expresó entusiasmo por el alcance del
convenio, al señalar: “fomentar la cultura de los derechos humanos y fortalecer, a través de la
educación, la construcción de una sociedad más justa, más influyente y respetuosa de la
dignidad humana. La educación, reconocida como un derecho humano fundamental, no solo
abre el camino hacia el conocimiento y al desarrollo personal, sino que también es la
herramienta más poderosa para la defensa y garantía de todos los demás derechos”.

Además, la Ombudsperson guanajuatense subrayó que con el respaldo tecnológico de la
UVEG, se espera llevar programas de sensibilización y capacitación a cada rincón del estado,
acercando los derechos humanos a la vida cotidiana de las personas.

Por parte de la UVEG su rector, Ricardo Narváez Martínez, destacó que quienes menos
conocen sus derechos suelen ser quienes más sufren violaciones de estos, por lo que la educación virtual se convierte en un vehículo clave para cerrar la brecha de conocimiento y la brecha digital. El rector subrayó que este modelo educativo no solo busca prevenir violencias físicas, sino también aquellas que ocurren en entornos digitales, aprovechando la propia
tecnología para proteger y defender derechos.

El acuerdo también enfatiza la dimensión social de la educación virtual, que abre oportunidades
a mujeres que habían interrumpido sus estudios, a personas con discapacidad, a comunidades
alejadas sin acceso a educación presencial, e incluso a adultos mayores. Casos inspiradores
como el de alumnos de más de 80 años que estudian derecho reflejan el alcance transformador
de este modelo y su estrecha relación con los principios de los derechos humanos.

Ambas instituciones coincidieron en que la capacitación en derechos humanos es una necesidad constante y transversal. Con el uso de herramientas innovadoras, no solo se ampliará el acceso al conocimiento, sino que también se promoverá la humanización de la

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Luego de los resultados de la convocatoria del programa Tocando Corazones para el ejercicio fiscal 2025, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) informó que se tiene el registro de dos quejas por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quienes dicen se vulneran los derechos humanos al no haber recibido el 100% del presupuesto del proyecto presentado.

“Recibimos a dos personas con un escrito de alrededor de 30 o 32 personas, de las cuales únicamente dos de ellas hicieron un planteamiento de conciliación, nosotros lo estamos revisando para ver si es procedente o no, hacérselo llegar a la autoridad, o en su caso ya iniciar el procedimiento de investigación”, mencionó la procuradora de los

Derechos Humanos, Karla Gabriela Alcaraz Olvera.
Érika del Rocío Flores Terrones, directora de Educación Integral para la Transformación Social Asociación Civil (EDITRAS A.C.), es una de las que asistió a la Procuraduría a levantar su queja y exigir que se tenga una mesa de diálogo para exponer que la falta de presupuesto hace inviables sus proyectos sociales en Guanajuato y dijo que al menos 30 están en la misma situación, sin especificar nombres, ni listas de ellas.

“Yo por lo menos cuento 30 organizaciones que me han compartido de todas las regiones sus inconformidades y que tienen riesgos porque muchas dependen de este recurso para poder operar y ¿qué va a pasar…?, van a reducir su operación y viendo cómo le van a hacer para recaudar fondos sin crecer y sin el impacto que se requiere, incluso algunas más desaparecerán y eso es un retroceso en nuestros derechos humanos”, lamentó.

Destacó que la queja no la ponía ella como persona, sino como organización y espera que se trabaje con transparencia, sin castigos ni favoritismos.
Flores Terrones, mencionó que EDITRAS, solicitó 4.2 millones de pesos para la creación de 20 consejos consultivos en colonias de León, pero solo le aprobaron 1.3 millones. Ante el recorte, dijo que la organización rechazará el recurso al considerar imposible cumplir las metas planteadas y los gastos operativos.

“Con ese recorte sería incongruente aceptar, no podríamos cumplir las metas”, afirmó su directora Flores Terrones, quien insistía que el resto de las OSC admitió que no se atrevió a denunciar por temor a represalias en futuras convocatorias.

“La Secretaría del Nuevo Comienzo nos está dando citas anteponiendo que la decisión es irrevocable y eso impide un diálogo y una revisión. Nosotros queremos que no se repita el siguiente año y que estemos en la misma situación”, dijo.

La procuradora de los Derechos Humanos, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, señaló que la queja presentada por la organización EDITRAS, se analiza si existe violación a derechos humanos antes de admitir formalmente el expediente, registrado bajo el número 2399/2025, con un plazo de dos días hábiles para dar respuesta.

Agregó que al momento están esperando a que más personas se sumen a ratificar el escrito que en un inicio les hicieron llegar, pero no han acudido, reiteró la titular de los Derechos Humanos en Guanajuato.

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