Esta mañana, en sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se aprobó el dictamen del punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, dé respuesta fundada y motivada a los escritos de derecho de petición y exigibilidad de pensión no contributiva presentados por Aurora Arenas Duarte, Javier Padilla Negrete y Juan González Romo.

Asimismo para que adopte de manera inmediata las acciones administrativas y programáticas conducentes para garantizar el acceso efectivo a la pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente; para que, por conducto de las dependencias competentes y en observancia del principio de progresividad, realice las adecuaciones presupuestales necesarias y asegure la previsión de recursos suficientes y oportunos para garantizar la operación y entrega de la pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años en el Estado de Guanajuato; y dé cumplimiento sin dilación, en la esfera de su competencia, a la sentencia dictada en el juicio de amparo 938/2025-I.

De igual manera, se avaló el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado, para que se abstenga de litigar la garantía del derecho a la pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente, así como de llevar a cabo acciones para dilatar o impedir el ejercicio de este derecho; emita de forma inmediata las disposiciones normativas y administrativas necesarias para que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años en nuestro Estado accedan a la pensión no contributiva a la que tienen derecho; e informe al Congreso sobre las acciones llevadas a cabo por su administración en la materia.

Como parte del orden del día se analizaron tres iniciativas de reforma a diversos ordenamientos. La primera, una propuesta para modificar la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato, a fin de impulsar una gobernanza hídrica democrática, adicionar el concepto de violencia hídrica de género, incorporar el principio de igualdad sustantiva y actualizar el término cultura del agua. Al respecto, el diputado Oscar Enrique González Espinosa propuso realizar una mesa interna de asesores, el 15 de julio, lo cual fue avalado.

La segunda plantea cambios a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado, con el objeto de fortalecer los mecanismos de control orientados a la garantía de la autonomía de la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, y se propone el archivo de la propuesta.

El diputado David Martínez Mendizábal manifestó que proponía cuidar la autonomía de la PRODHEG, mejorar el perfil de su titular y fortalecer la convocatoria para hacerla más creíble ante la ciudadanía. Agregó que no era correcto señalar que se estaban extralimitando y que no se estaba limitando ningún derecho humano.

Por su parte, la legisladora Ana María Esquivel Arrona manifestó que era inviable la propuesta ya que, dijo, pretende adicionar como requisito títulos universitarios o posgrados especializados en derechos humanos para ocupar la titularidad; pretende modificar la actual preferencia por la licenciatura en derecho en un requisito obligatorio y la norma se vuelve excluyente y discriminatoria.

Agregó que también porque prohíbe a la persona titular de la Procuraduría ocupar cargos de primer nivel en los tres poderes estatales, en el entendido de que impacta tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo y en el Judicial, durante los cinco años posteriores a que concluya su gestión, por lo que, al contravenir los principios de igualdad, mérito y jerarquía constitucional, debía archivarse. Al someterse a votación, se aprobó la elaboración del dictamen para archivo.

La última iniciativa analizada propone ajustes a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato con la finalidad de prohibir, prevenir y visibilizar los actos y consecuencias de los discursos de odio. La legisladora María Eugenia García Oliveros agradeció que se dé seguimiento al estudio de este tipo de propuestas. La congresista Plásida Calzada Velázquez planteó llevar a cabo una mesa de trabajo el 15 de julio.

Además, se dio seguimiento a una propuesta de punto de acuerdo para exhorta al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los ayuntamientos, a las dependencias y entidades estatales y municipales y a los organismos autónomos, para que den cumplimiento a la medida afirmativa establecida en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato; así también para que se instale en el edificio de este Poder Legislativo la señalética que prohíbe la discriminación.

Sobre este punto se acordó solicitar información a las autoridades involucradas sobre el asunto de la propuesta con plazo de 10 días hábiles.

Asuntos generales

El legislador David Martínez Mendizábal se refirió a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, conocidos como “El Halconazo” o la Matanza del Jueves de Corpus, cuando una manifestación estudiantil fue violentamente reprimida por el grupo paramilitar denominado Los Halcones, durante el gobierno del expresidente Luis Echeverría Álvarez.

Recordó que la agresión se registró principalmente en las inmediaciones de San Cosme y dejó personas asesinadas y varios heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más graves de represión contra el movimiento estudiantil mexicano.

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León dio un paso hacia la inclusión laboral con la apertura del primer Oxxo incluyente en el estado, un modelo que busca romper barreras y abrir oportunidades reales de empleo para personas con discapacidad y adultos mayores.

La tienda, ubicada en la zona de Altacia, forma parte de una estrategia conjunta entre el gobierno municipal y la iniciativa privada para impulsar espacios accesibles, seguros y funcionales, donde todas las personas puedan integrarse al mercado laboral.

Uno de los elementos clave de este modelo es la aplicación de pruebas VALPAR, una herramienta que permite evaluar habilidades, detectar talentos y vincular a los aspirantes con trabajos acordes a sus capacidades.

La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, destacó que este tipo de proyectos reflejan una política pública enfocada en poner a las personas al centro de las decisiones y generar oportunidades reales.

Señaló que esta es la primera tienda de este tipo en Guanajuato y la quinta a nivel nacional, por lo que llamó a ampliar este modelo en la ciudad.

Detrás de esta iniciativa hay historias que reflejan su impacto. Es el caso de Conny Rocha Ramírez, quien tras enfrentar dificultades para conseguir empleo debido a su edad, hoy forma parte del equipo de trabajo.

Su testimonio evidencia que, cuando existen condiciones incluyentes, las capacidades de las personas se imponen sobre cualquier limitación.

De acuerdo con datos del municipio, de 2021 a marzo de 2026 se ha logrado vincular a 674 personas con empresas a través de este tipo de esquemas, mientras que otras han optado por el emprendimiento mediante la Red Incluyente, integrada actualmente por 30 participantes.

Por su parte, representantes de la cadena comercial señalaron que la tienda fue diseñada desde su origen bajo un enfoque incluyente, con asesoría de diversas instituciones.

El establecimiento cuenta con infraestructura adaptada como rampas, espacios amplios, guías podotáctiles y un mapa háptico para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual, además de áreas funcionales para usuarios de sillas de ruedas y personas de talla baja.

Con este proyecto, León busca posicionarse como referente en inclusión laboral, en un contexto donde la falta de oportunidades sigue siendo uno de los principales retos para estos sectores de la población.

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La Diputada Miriam Reyes Carmona , Secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, participó en la sesión donde se acordaron ajustes clave al calendario del “Proceso de Consulta en Materia de Inclusión”, refrendando el compromiso de construir un marco legal más sólido y justo para las personas con discapacidad.

Este esfuerzo coordinado es impulsado por cinco comisiones unidas, donde legisladores de Morena juegan un papel fundamental en la dirección de los trabajos, como el diputado Antonio Chaurand Sorzano, quien preside la Comisión de Salud Pública, y la diputada Martha Edith Moreno Valencia, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. Este enfoque integral asegura que la inclusión se aborde desde todas sus aristas como un eje transversal en la agenda pública.

Durante la sesión de la Comisión de Juventud y Deporte, se aprobó modificar la fecha de la reunión de trabajo para el viernes 19 de septiembre de 2025. La decisión tiene el objetivo central de garantizar que las personas con discapacidad, protagonistas de esta consulta, cuenten con el tiempo necesario para analizar a fondo los proyectos de dictamen, los cuales recibirán una semana antes de la nueva fecha.

Las iniciativas que se revisan, que van desde garantizar el acceso al deporte inclusivo hasta crear un nuevo Sistema de Cuidados, son parte de un amplio abanico de derechos que se busca consolidar a través de este trabajo legislativo conjunto, donde la voz ciudadana es fundamental para la toma de decisiones.

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