En la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, avanzó con amplio respaldo institucional la propuesta presentada por las diputadas y diputados de Morena, Edith Moreno Valencia y Antonio Chaurand Sorzano, orientada a fortalecer las medidas de reparación integral, restitución de derechos y atención a niñas, niños y adolescentes cuyas madres hayan sido víctimas de feminicidio, homicidio e incorporar el supuesto de desaparición.

La iniciativa plantea una reforma al artículo 8 de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, para ampliar la protección legal a hijas e hijos de mujeres en estatus de desaparición, garantizándoles acceso prioritario a apoyos, programas sociales, asistencia jurídica, psicológica y educativa.

Durante la mesa de trabajo, la diputada morenista María Eugenia García Oliveros, vocal de la comisión, subrayó la urgencia de esta iniciativa frente a la crisis de violencia de género que enfrenta la entidad.

“Es indispensable blindar en la ley a las niñas, niños y adolescentes que se convierten en víctimas indirectas de estos delitos. Nuestra propuesta busca garantizarles atención integral, acceso a la educación y acompañamiento jurídico, como parte del derecho a la reparación plena del daño”, afirmó.

En la reunión participaron representantes de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad y Paz, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General del Estado y la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado.

Las instituciones coincidieron en la viabilidad y trascendencia de la propuesta, al considerarla un avance en la protección de la niñez y adolescencia guanajuatense frente a los efectos de la violencia.

Finalmente, se acordó que en los próximos días la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sesionará nuevamente para emitir el dictamen correspondiente y presentarlo ante el Pleno del Congreso, con el objetivo de que esta reforma sea discutida y aprobada en beneficio de las familias guanajuatenses.

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Desde el Congreso del Estado de Guanajuato se llevó a cabo la Junta de Enlace en Materia Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2026, un mecanismo institucional de vinculación, integración y colaboración entre los Ayuntamientos y el Poder Legislativo, que fortalece la fiscalización y el uso responsable de los recursos públicos.

Durante el evento, el diputado Abraham Sotomayor, vocal de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, destacó la relevancia de este espacio de diálogo para consolidar unas finanzas sanas y transparentes que impulsen el desarrollo de Guanajuato.

“Solo con coordinación, diálogo, acompañamiento y apoyo mutuo se fortalecen los municipios y el estado. Este ejercicio de intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia financiera refleja nuestro compromiso con la gente. Sigamos trabajando y construyendo juntos para hacer de Guanajuato un referente nacional de desarrollo”, expresó Sotomayor.

La Junta de Enlace en Materia Financiera contó con la participación de ponentes especialistas en finanzas, economía y estadística, quienes expusieron a tesoreras, tesoreros y titulares de finanzas de los 46 municipios del estado la prospectiva económica y las expectativas de recaudación para 2026. El propósito fue brindar herramientas que permitan elaborar propuestas innovadoras para optimizar el uso del recurso público y atender mejor las necesidades ciudadanas.

En el encuentro también participaron el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ricardo Ferro, así como las diputadas Plásida Calzada, Maribel Aguilar, y los legisladores Ernesto Millán y Antonio Chaurand.

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El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jesús Ramírez Garibay, señaló que los recientes hechos de violencia registrados en Salamanca obligan a revisar a fondo los resultados de la estrategia de seguridad del programa CONFIA y a reforzar la coordinación con el gobierno municipal encabezado por César Prieto.

El dirigente morenista lamentó el ataque ocurrido en un campo deportivo y dijo que, pese a los anuncios oficiales sobre avances en materia de seguridad, continúan presentándose hechos de alto impacto en distintos municipios del estado.

“Si bien se dice que vamos bien, el año pasado hubo alrededor de 40 masacres en Guanajuato, eventos como el que lamentablemente vimos en Salamanca y que se repitieron en muchos municipios”, afirmó.
Ramírez Garibay expresó que la disminución en los homicidios dolosos no puede considerarse un éxito pleno cuando otros delitos muestran una tendencia al alza.

“El que bajen los homicidios no significa que podamos echar campanas al vuelo, porque están subiendo las desapariciones, la extorsión y, además, siguen ocurriendo masacres”, sostuvo.
El secretario general de Morena calificó como “muy lamentable” que un ataque de esta naturaleza ocurra en un espacio destinado a la convivencia familiar. “Es un hecho que se da en un lugar de esparcimiento, donde van familias, jóvenes y deportistas, y que termine de esta manera es profundamente doloroso”, expresó.

Ante este escenario, reiteró la solidaridad del partido con las familias de las víctimas y respaldó el llamado del alcalde de Salamanca para que exista apoyo de todos los niveles de gobierno.
Recordó que la policía municipal ha pasado por procesos complejos, como su desintegración y la implementación del mando único en administraciones pasadas, por lo que aún se encuentra en una etapa de consolidación.

“Es necesaria una coordinación real entre municipio, estado y Federación. Desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena vamos a establecer comunicación con nuestro presidente municipal para brindarle respaldo y coadyuvar con la intervención del gabinete de seguridad del Gobierno de México”, declaró.

Ramírez Garibay llamó a evitar triunfalismos y a realizar una revisión seria de la estrategia de seguridad estatal. “Lo avanzado no ha sido suficiente; hechos como el de Salamanca nos obligan a redoblar esfuerzos para que estas tragedias no se repitan”, aseveró.

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La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la presión sobre México con la posibilidad de solicitar la detención de políticos mexicanos que Washington considera presuntamente vinculados con cárteles del narcotráfico, reportó el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con el medio estadounidense, funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano han sostenido reuniones privadas tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en las que analizaron el alcance de las exigencias de Trump más allá de la cooperación en seguridad tradicional. Entre los escenarios estudiados estaría la eventual solicitud de arresto de políticos cercanos al partido Morena, a quienes Estados Unidos sospecharía de tener vínculos con organizaciones criminales. 

La petición, descrita por algunas voces dentro del gobierno mexicano como “insostenible”, surge en un contexto de tensiones crecientes entre ambas naciones en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El WSJ indica que estas discusiones se dieron después de una llamada matutina entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfatizó el carácter respetuoso del diálogo bilateral. 

Aunque la mandataria mexicana ha descartado públicamente la posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio nacional, fuentes consultadas por el diario señalaron que la preocupación interna radica en hasta dónde podría llegar la presión de Washington si insiste en medidas más duras contra figuras políticas señaladas por presuntos nexos con el crimen organizado. 

Especialistas internacionales han interpretado estas señales como parte de la intensificación de la estrategia de Trump contra las redes de narcotráfico en la región, que recientemente incluyó advertencias sobre posibles operaciones en tierra tras meses de acciones marítimas. 

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que el gobierno de Estados Unidos haya emitido órdenes de arresto, ni se han dado a conocer nombres específicos de políticos señalados. En tanto, el tema añade un nuevo elemento de tensión a la ya compleja relación entre México y su principal socio comercial y de seguridad.

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Una nueva controversia política se desató en la frontera norte tras la detención temporal de la diputada de Morena Alejandra Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Baja California, cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos con una importante suma de dinero en efectivo sin haberla declarado ante autoridades migratorias. 

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 5 de enero en la garita este de Calexico, en Mexicali, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) detuvieron a la legisladora durante una inspección de rutina. En la revisión de su camioneta blanca GMC Yukon, los oficiales localizaron aproximadamente 40 mil dólares ocultos en dos compartimentos del vehículo, cifra que supera con creces el límite de 10,000 dólares que se puede ingresar sin declaración. 

Ang Hernández permaneció retenida por alrededor de cinco horas mientras se le realizó un interrogatorio y se iniciaba un procedimiento administrativo por el presunto incumplimiento de las normas fronterizas. Finalmente fue liberada y pudo regresar a Mexicali, aunque las autoridades estadounidenses le dieron un plazo para acreditar el origen legal de los recursos ante la CBP. 

En un comunicado difundido posteriormente, la diputada atribuyó el incidente a un “error” y explicó que el dinero, que dijo es de su propiedad y producto de ahorros, estaba destinado a la compra de un vehículo. Aseguró que su visa no fue revocada y que está colaborando con las autoridades para documentar los recursos. 

El caso ha generado reacciones críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre la responsabilidad de servidores públicos en el manejo de recursos, especialmente de quienes encabezan comisiones clave como la de fiscalización. Por ahora, la gobernadora del estado no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el asunto.

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La legisladora Jenny García Oliveros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato, abordó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la designación para la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Al inicio de la sesión, se dio cuenta de tres iniciativas suscritas por el Grupo Parlamentario de Morena, las cuales consisten en: la reforma de diversas disposiciones relacionadas con la Constitución, el Código Penal y varias leyes de violencia y salud; la reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato; y la adición de un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política Local. En cuanto a estas iniciativas, la Comisión aprobó la metodología para su estudio y dictamen, reduciendo el plazo de respuesta a 10 días naturales en uno de los casos.

En el proceso para la designación de la presidencia de la Comisión de Atención a Víctimas, la diputada se sumó al sentido positivo del dictamen, el cual fue aprobado por unanimidad. La legisladora de Morena enfatizó el compromiso de su Grupo Parlamentario con las organizaciones civiles que brindan apoyo: “Compartimos también la necesidad de brindar más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de víctimas…”.

Respecto a la iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas, que busca tipificar el acoso y hostigamiento sexual como falta administrativa grave, la legisladora María Eugenia García Oliveros emitió su voto a favor del dictamen. Señaló que ante la vigencia de la alerta de género en el estado, es fundamental legislar para la protección de las mujeres y la consolidación de entornos laborales libres de violencia. En su intervención, fue clara al sentenciar que: “Toda mujer violentada debe contar con el apoyo necesario para ser escuchada y protegida, castigando al acosador o violentador”. El proyecto fue aprobado en lo general por la Comisión.

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La diputada María Eugenia García Oliveros, legisladora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato y Presidenta de la Comisión de Justicia, dirigió la reunión donde se aprobaron las metodologías de trabajo para diversas iniciativas. En la sesión, dio trámite a dos propuestas de su Grupo Parlamentario relacionadas con la legislación penal, y priorizó un mandato judicial en materia de adopción.

Durante la sesión, la Comisión, bajo la dirección de la legisladora de Morena, dio curso a la agenda legislativa de su bancada, al aprobarse la metodología de estudio para dos iniciativas de reforma al Código Penal del Estado:

•⁠ ⁠La iniciativa de la diputada María Eugenia García Oliveros en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Esta busca derogar el párrafo cuarto del artículo 1º de la Constitución Local y reformar el Código Penal para eliminar la responsabilidad penal por aborto hasta la décimo segunda semana de gestación.

•⁠ ⁠La iniciativa presentada por el legislador de Morena, Ernesto Millán Soberanes, que adiciona un artículo 291 Bis al Código Penal del Estado de Guanajuato en materia de Delitos Ambientales. La Comisión acordó incorporar la opinión de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) al proceso de consulta.

La Comisión acordó dar seguimiento a los trabajos en materia de adopción a fin de dar cumplimiento a una resolución de amparo que vincula al Congreso a avanzar en la reforma del Código Civil. Para ello, se aprobaron las fechas para realizar mesas de trabajo con instituciones consultadas el 18 de noviembre de 2025 y mesas de trabajo internas el viernes 21 de noviembre de 2025.

Finalmente, la Comisión aprobó la metodología de estudio para dos iniciativas presentadas por la Gobernadora del Estado que buscan adicionar y reformar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. A propuesta de los integrantes, se modificó el plazo de consulta de días hábiles a 15 días naturales para dar mayor certeza y tiempo de respuesta a las autoridades y la ciudadanía.

La diputada Jenny García Oliveros, como Presidenta de la Comisión, garantizó la formalización y el avance de la agenda de Morena en el Poder Legislativo, incluyendo la iniciativa histórica de su autoría sobre el derecho a decidir.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió ayer contra la corrupción asociada al antiguo Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), y apuntó directamente al exfuncionario José María “Chema” Tapia Franco, hoy militante de Morena. Durante su conferencia matutina, la mandataria reclamó que Tapia fue visto apostando en Las Vegas mientras México enfrentaba huracanes e inundaciones, y afirmó que “defender el FONDEN es como defender la corrupción”. 

Sheinbaum señaló que aunque el FONDEN dejó de existir como fideicomiso, el gobierno federal mantiene una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos para emergencias, de los cuales ha utilizado cerca de 3 mil millones.  La diferencia, dijo, es que ahora los recursos fluyen de manera más expedita, con menos “cuerdas burocráticas”. 

En su discurso, la presidenta solicitó el respaldo de la iniciativa privada. Dijo que ya habló con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y que buscará reuniones con empresarios para que donen despensas y maquinaria que facilite la apertura de caminos en zonas inundadas. 

Tapia Franco, quien fue director del FONDEN durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido objeto de señalamientos de opacidad e irregularidades. Entre las acusaciones destacan que compró bienes de alto valor, como una residencia en Woodlands, Texas, mientras se adentraba en la política con Morena.  Su paso del PRI al actual partido oficial resultó motivo de crítica para quienes cuestionan la coherencia del discurso anticorrupción. 

El choque entre el pasado del FONDEN y el presente del manejo de desastres revive un debate crítico en México: ¿es viable confiar en partidas presupuestales asignadas caso por caso, o es necesario volver a mecanismos institucionales con reglas claras? Mientras tanto, miles de familias afectadas por las lluvias aguardan la llegada de apoyos.

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La Diputada Miriam Reyes Carmona , Secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, participó en la sesión donde se acordaron ajustes clave al calendario del “Proceso de Consulta en Materia de Inclusión”, refrendando el compromiso de construir un marco legal más sólido y justo para las personas con discapacidad.

Este esfuerzo coordinado es impulsado por cinco comisiones unidas, donde legisladores de Morena juegan un papel fundamental en la dirección de los trabajos, como el diputado Antonio Chaurand Sorzano, quien preside la Comisión de Salud Pública, y la diputada Martha Edith Moreno Valencia, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. Este enfoque integral asegura que la inclusión se aborde desde todas sus aristas como un eje transversal en la agenda pública.

Durante la sesión de la Comisión de Juventud y Deporte, se aprobó modificar la fecha de la reunión de trabajo para el viernes 19 de septiembre de 2025. La decisión tiene el objetivo central de garantizar que las personas con discapacidad, protagonistas de esta consulta, cuenten con el tiempo necesario para analizar a fondo los proyectos de dictamen, los cuales recibirán una semana antes de la nueva fecha.

Las iniciativas que se revisan, que van desde garantizar el acceso al deporte inclusivo hasta crear un nuevo Sistema de Cuidados, son parte de un amplio abanico de derechos que se busca consolidar a través de este trabajo legislativo conjunto, donde la voz ciudadana es fundamental para la toma de decisiones.

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El Diputado Ernesto Millán Soberanes , Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, lideró un análisis técnico para perfeccionar la Ley de Gobierno Municipal, garantizando agilidad administrativa y protección legal para todos los ayuntamientos.

En un ejercicio de legislación responsable, el Grupo Parlamentario de Morena, a través del Diputado Ernesto Millán Soberanes en la Comisión de Asuntos Municipales, ha impulsado un análisis técnico y profundo para fortalecer la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios. El objetivo es asegurar que las reformas no solo busquen la modernización, sino también la certeza jurídica para los 46 ayuntamientos del estado.

La mesa de trabajo, en la que participó el asesor jurídico Rodrigo Navarrete, se centró en la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de León, la cual propone dos importantes cambios a la ley:

1. Agilizar el proceso de revocación de concesiones (Reforma al Artículo 227): La propuesta busca que una dependencia municipal pueda tramitar los procedimientos para revocar concesiones de servicios públicos, con el fin de hacer más eficiente la administración y no sobrecargar al pleno del Ayuntamiento.
2. Permitir un retiro digno para animales de servicio (Adición del Artículo 240 bis): La iniciativa propone crear un marco legal para que los animales (semovientes) que han trabajado para el municipio, como caballos o perros policía, puedan ser donados legalmente a particulares o asociaciones, en lugar de ser tratados como un simple “activo” al final de su vida útil.

Durante el análisis, el Diputado Millán expuso observaciones clave destinadas a perfeccionar la propuesta y blindar a los municipios de riesgos legales.

Si bien Morena comparte el objetivo de hacer más eficientes los procedimientos, el análisis presentado por el Diputado Ernesto Millán Soberanes identificó un punto crucial en el proceso de revocación de concesiones. La redacción original abría la puerta a que “cualquier dependencia” pudiera llevar a cabo un proceso tan delicado.

“Nuestra labor como legisladores es crear leyes que funcionen para todos los municipios, no solo para los que tienen grandes estructuras. No se trata solo de agilizar, sino de agilizar bien. Por ello, propusimos que el proceso de revocación mantenga la misma rigurosidad técnica y jurídica que se exige para otorgar una concesión. Esto protege a los ayuntamientos de futuras impugnaciones y garantiza decisiones justas y bien fundamentadas”, señaló el Diputado Ernesto Millán.

El análisis de Morena, apoyado por su asesoría jurídica, demostró que delegar esta facultad sin asegurar la intervención de un órgano técnico y especializado podría generar dictámenes débiles y vulnerables legalmente. La propuesta constructiva de Morena busca que, si bien una dependencia puede tramitar el proceso, el dictamen final provenga siempre de una comisión con perfiles técnicos, financieros y legales, garantizando la solidez del acto administrativo.

Compromiso con el Bienestar Animal

En cuanto a la segunda parte de la iniciativa, el Grupo Parlamentario de Morena manifestó su total respaldo a la creación de un marco legal para la donación de animales de servicio. Esta medida, considerada un acto de justicia y humanidad, permitirá que los animales que han servido a la comunidad tengan el retiro digno que merecen.

El trabajo de Morena en esta mesa de trabajo refleja un compromiso con un municipalismo responsable, buscando siempre un equilibrio entre la eficiencia administrativa, la protección jurídica de los ayuntamientos y el sentido social de las leyes.

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