En medio de las crecientes tensiones políticas entre México y Estados Unidos, la delegada federal de los Programas para el Bienestar en Chiapas, , lanzó duras críticas contra el presidente estadounidense durante una asamblea informativa de Morena celebrada en Palenque.

Ante militantes y simpatizantes del partido, la funcionaria federal acusó al mandatario norteamericano de buscar beneficios económicos y estratégicos a costa de México, particularmente en materia de recursos naturales. Durante su intervención, afirmó que Estados Unidos no tiene interés en apoyar al país, sino en aprovechar sus riquezas y debilitar su posición política.

La también prima del expresidente sostuvo que existen campañas de desinformación dirigidas contra México y exhortó a la militancia de a mantenerse unida para respaldar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Las declaraciones se producen en un contexto de intercambio de críticas entre sectores políticos de ambos países, particularmente en temas relacionados con seguridad, migración y soberanía nacional.

¿Quién es Manuela Obrador?

Manuela del Carmen Obrador Narváez es economista, militante fundadora de Morena en Palenque y una figura política con amplia trayectoria en Chiapas. Fue diputada federal en dos legislaturas consecutivas y actualmente encabeza la coordinación de los Programas para el Bienestar en la entidad.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos dentro de la estructura partidista y gubernamental. Además, ha sido integrante del Consejo Nacional de Morena y una de las figuras más cercanas al movimiento político impulsado por López Obrador en el sureste del país.

Su nombre también cobró relevancia en años recientes al ser considerada entre los perfiles que aspiraban a competir por la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas, aunque finalmente no participó en el proceso interno.

Las declaraciones realizadas en Palenque vuelven a colocar a Manuela Obrador en el centro de la discusión pública, particularmente por el tono de sus críticas hacia el gobierno estadounidense y por su llamado a reforzar la defensa de la soberanía nacional frente a presuntas presiones externas.

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Tras varios meses alejado de la vida pública, el expresidente de México, , reapareció este miércoles mediante una carta pública en la que manifestó su respaldo a la presidenta  y lanzó fuertes críticas contra lo que calificó como intentos de injerencia política por parte de funcionarios estadounidenses.

En un documento de cinco cuartillas difundido a través de sus redes sociales, López Obrador aseguró que ciertos integrantes del gobierno de Estados Unidos estarían impulsando una estrategia para debilitar a  (Morena) y fortalecer a los partidos de oposición en México.

Según el exmandatario, el objetivo sería favorecer la llegada de una administración más alineada con los intereses de Washington. “Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”, señaló en su mensaje.

Durante la carta, López Obrador también reflexionó sobre la actual relación bilateral y expresó sorpresa por el cambio de postura que, a su juicio, ha mostrado  durante su segundo mandato presidencial.

El exjefe del Ejecutivo mexicano recordó diversos episodios de cooperación que sostuvo con Trump durante sus respectivos gobiernos y afirmó que el mandatario estadounidense actual es distinto al que conoció años atrás.

Una de las explicaciones planteadas por López Obrador apunta a la influencia del entorno cercano del presidente norteamericano. En su escrito, atribuyó parte de las recientes decisiones de Washington a consejeros que describió como “inexpertos, resentidos y fanáticos”, alejados de la visión tradicional de los estadistas.

Las declaraciones surgen en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países. En días recientes, la presidenta Sheinbaum cuestionó diversas acciones emprendidas por autoridades estadounidenses, particularmente investigaciones y acusaciones relacionadas con funcionarios mexicanos vinculados presuntamente al narcotráfico.

La mandataria ha sostenido que detrás de estas acciones podrían encontrarse grupos políticos conservadores estadounidenses interesados en deteriorar la relación bilateral e incluso influir en los procesos electorales tanto de Estados Unidos como de México.

La reaparición pública de López Obrador marca uno de sus posicionamientos más relevantes desde que concluyó su mandato en 2024 y vuelve a colocarlo en el centro del debate político nacional en un momento de alta sensibilidad en la relación entre ambos países.

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Después de semanas de ausencia pública y rumores sobre su paradero, varios personajes ligados a Morena reaparecieron luego de que la Fiscalía General de la República confirmara que los citará a comparecer por investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.
Entre los señalados se encuentran Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez Mendívil y Enrique Inzunza Cázarez, quienes aseguraron públicamente que acudirán ante las autoridades y rechazaron tener relación con actividades criminales.
La presión política escaló desde finales de abril, cuando fiscales de Estados Unidos presentaron acusaciones en Nueva York que relacionan a funcionarios sinaloenses con operaciones del Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos.
El caso provocó un terremoto político en Sinaloa. Durante más de 20 días, varios funcionarios evitaron apariciones públicas, suspendieron actividades y guardaron silencio mientras crecían las especulaciones sobre posibles órdenes judiciales y bloqueos financieros.
La FGR informó que las comparecencias buscan fortalecer la investigación mexicana derivada de las acusaciones estadounidenses. Paralelamente, el gobierno confirmó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con los implicados.
El escándalo dio un giro aún más delicado luego de que exfuncionarios de seguridad y finanzas del estado se entregaran a autoridades estadounidenses, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación y cooperación bilateral.
La crisis amenaza con convertirse en uno de los episodios políticos más delicados para Morena en el actual sexenio, especialmente por el impacto que tendría en la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico.

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La Comisión de Salud Pública del Congreso del Estado presidida por Antonio Chaurand e integrada por la Diputada Miriam Reyes Carmona, acordó la realización de una mesa de trabajo interna para analizar y construir el articulado de la iniciativa presentada por el diputado Chaurand, la cual plantea reformas a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato en materia de derechos de las personas con enfermedades terminales y muerte digna.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión destacó que existe viabilidad jurídica y técnica para avanzar en la propuesta, al considerar que coloca en el centro la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y la obligación del Estado de garantizar una atención médica integral, ética y humanitaria para las personas pacientes en situación terminal.

Asimismo, señaló que tanto la Secretaría de Salud del Estado, como la Consejería Jurídica y el Instituto de Investigaciones Legislativas coincidieron en la pertinencia de armonizar el marco jurídico local, a fin de fortalecer la protección de los derechos humanos de quienes enfrentan enfermedades terminales.

La iniciativa impulsada por Chaurand Sorzano busca garantizar derechos fundamentales como el acceso a atención médica adecuada y oportuna, un trato digno y respetuoso, la confidencialidad de la información médica, el acceso a información clara sobre su estado de salud y la participación activa de las y los pacientes en las decisiones relacionadas con sus tratamientos médicos.

El legislador morenista subrayó que la propuesta no implica impactos administrativos ni presupuestales adicionales; sin embargo, sí representa un avance trascendental en materia de derechos humanos y justicia social, al reconocer el derecho de las personas a transitar la etapa final de su vida con dignidad, sin sufrimiento innecesario y con pleno respeto a su autonomía y voluntad.

Durante la misma sesión también se dio cuenta de diversas iniciativas presentadas por el grupo parlamentario de Morena relacionadas con la armonización de la Ley General de Víctimas, la prevención y atención de adicciones, la regulación del consumo de alcohol en eventos deportivos y el acceso a productos de gestión menstrual.

De igual forma, las y los integrantes de la Comisión dieron seguimiento a la metodología de análisis de la iniciativa presentada por la diputada Maribel Aguilar González en materia de tratamiento de linfedema post cáncer de mama, acordándose la realización de una mesa de trabajo con instituciones consultadas el próximo 3 de junio a las 10:00 horas.

Finalmente, derivado de un Punto de Acuerdo promovido por Aguilar González, se aprobó un plazo de 20 días naturales para solicitar información al Instituto de Salud del Estado de Guanajuato respecto a las acciones implementadas para garantizar que ningún procedimiento relacionado con la salud sexual y reproductiva de mujeres y personas gestantes sea realizado sin consentimiento previo, libre, informado, expreso y debidamente documentado.

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La presidenta del Comité Directivo Estatal, diputada Ruth Tiscareño Agoitia y el delegado Eligio González, fijaron una postura firme ante los recientes acontecimientos en el escenario político
nacional, particularmente sobre las denuncias del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido el senador de la República Enrique Inzunza y el ex gobernador de la entidad Rubén Rocha Moya.

Recordaron que el PRI denunció desde 2021, ante instancias electorales, la Fiscalía General de la República y organismos internacionales, la presunta intervención del crimen organizado en procesos electorales, no solo en Sinaloa, sino también en estados como Tamaulipas, Michoacán y otras entidades, donde afirmaron, operó como un “brazo político” para favorecer a Morena.

“Hoy, lo que está saliendo a la luz confirma lo que denunciamos desde hace años. El tiempo, desafortunadamente, nos ha dado la razón”, puntualizaron.

Los dirigentes calificaron como grave la postura del Gobierno Federal frente a la denuncia formal del gobierno norteamericano, al considerar que, bajo el argumento de soberanía nacional, se está
tomando una ruta de confrontación internacional que podría tener consecuencias económicas, políticas y diplomáticas para México.

“Esta actitud no hace más que evidenciar un posible contubernio entre el gobierno de Morena y el crimen organizado, además de poner en riesgo la relación bilateral con el principal socio comercial del país”, recalcaron.

En el caso específico de Sinaloa, señalaron que los resultados del gobierno estatal reflejan una crisis profunda con 2,645 homicidios, 3,688 desapariciones, 174 feminicidios, más de 3,000 familias
desplazadas, 30,000 empleos perdidos, más de 4,500 negocios cerrados y 9,000 denuncias por robo de vehículos. “Esta es la herencia de un gobierno que, acusamos, pactó con el crimen organizado”.

Asimismo, advirtieron que la eventual licencia del exgobernador no debe convertirse en una “cortina de humo” para evadir la justicia, por lo que exigieron que enfrente el proceso correspondiente en Estados Unidos conforme a las acusaciones existentes.

El PRI también anunció que prepara una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral para solicitar la cancelación del registro de Morena, al considerar que existen elementos suficientes para señalarlo como un partido vinculado con el crimen organizado.

“Vamos a seguir alzando la voz y denunciando estos hechos. En México no puede seguir prevaleciendo la impunidad. No podemos permitir que se cometan delitos y no pase nada”, afirmaron.

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Federal y a la presidenta de la República para que asuma su responsabilidad, coopere con las autoridades internacionales y privilegie la estabilidad del país por encima de intereses políticos.

“El rumbo que está tomando el gobierno es preocupante. México necesita certeza, legalidad y una relación internacional responsable, no una política de encubrimiento y confrontación”, concluyeron.

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En la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, avanzó con amplio respaldo institucional la propuesta presentada por las diputadas y diputados de Morena, Edith Moreno Valencia y Antonio Chaurand Sorzano, orientada a fortalecer las medidas de reparación integral, restitución de derechos y atención a niñas, niños y adolescentes cuyas madres hayan sido víctimas de feminicidio, homicidio e incorporar el supuesto de desaparición.

La iniciativa plantea una reforma al artículo 8 de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, para ampliar la protección legal a hijas e hijos de mujeres en estatus de desaparición, garantizándoles acceso prioritario a apoyos, programas sociales, asistencia jurídica, psicológica y educativa.

Durante la mesa de trabajo, la diputada morenista María Eugenia García Oliveros, vocal de la comisión, subrayó la urgencia de esta iniciativa frente a la crisis de violencia de género que enfrenta la entidad.

“Es indispensable blindar en la ley a las niñas, niños y adolescentes que se convierten en víctimas indirectas de estos delitos. Nuestra propuesta busca garantizarles atención integral, acceso a la educación y acompañamiento jurídico, como parte del derecho a la reparación plena del daño”, afirmó.

En la reunión participaron representantes de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad y Paz, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General del Estado y la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado.

Las instituciones coincidieron en la viabilidad y trascendencia de la propuesta, al considerarla un avance en la protección de la niñez y adolescencia guanajuatense frente a los efectos de la violencia.

Finalmente, se acordó que en los próximos días la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sesionará nuevamente para emitir el dictamen correspondiente y presentarlo ante el Pleno del Congreso, con el objetivo de que esta reforma sea discutida y aprobada en beneficio de las familias guanajuatenses.

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Desde el Congreso del Estado de Guanajuato se llevó a cabo la Junta de Enlace en Materia Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2026, un mecanismo institucional de vinculación, integración y colaboración entre los Ayuntamientos y el Poder Legislativo, que fortalece la fiscalización y el uso responsable de los recursos públicos.

Durante el evento, el diputado Abraham Sotomayor, vocal de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, destacó la relevancia de este espacio de diálogo para consolidar unas finanzas sanas y transparentes que impulsen el desarrollo de Guanajuato.

“Solo con coordinación, diálogo, acompañamiento y apoyo mutuo se fortalecen los municipios y el estado. Este ejercicio de intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia financiera refleja nuestro compromiso con la gente. Sigamos trabajando y construyendo juntos para hacer de Guanajuato un referente nacional de desarrollo”, expresó Sotomayor.

La Junta de Enlace en Materia Financiera contó con la participación de ponentes especialistas en finanzas, economía y estadística, quienes expusieron a tesoreras, tesoreros y titulares de finanzas de los 46 municipios del estado la prospectiva económica y las expectativas de recaudación para 2026. El propósito fue brindar herramientas que permitan elaborar propuestas innovadoras para optimizar el uso del recurso público y atender mejor las necesidades ciudadanas.

En el encuentro también participaron el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ricardo Ferro, así como las diputadas Plásida Calzada, Maribel Aguilar, y los legisladores Ernesto Millán y Antonio Chaurand.

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El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jesús Ramírez Garibay, señaló que los recientes hechos de violencia registrados en Salamanca obligan a revisar a fondo los resultados de la estrategia de seguridad del programa CONFIA y a reforzar la coordinación con el gobierno municipal encabezado por César Prieto.

El dirigente morenista lamentó el ataque ocurrido en un campo deportivo y dijo que, pese a los anuncios oficiales sobre avances en materia de seguridad, continúan presentándose hechos de alto impacto en distintos municipios del estado.

“Si bien se dice que vamos bien, el año pasado hubo alrededor de 40 masacres en Guanajuato, eventos como el que lamentablemente vimos en Salamanca y que se repitieron en muchos municipios”, afirmó.
Ramírez Garibay expresó que la disminución en los homicidios dolosos no puede considerarse un éxito pleno cuando otros delitos muestran una tendencia al alza.

“El que bajen los homicidios no significa que podamos echar campanas al vuelo, porque están subiendo las desapariciones, la extorsión y, además, siguen ocurriendo masacres”, sostuvo.
El secretario general de Morena calificó como “muy lamentable” que un ataque de esta naturaleza ocurra en un espacio destinado a la convivencia familiar. “Es un hecho que se da en un lugar de esparcimiento, donde van familias, jóvenes y deportistas, y que termine de esta manera es profundamente doloroso”, expresó.

Ante este escenario, reiteró la solidaridad del partido con las familias de las víctimas y respaldó el llamado del alcalde de Salamanca para que exista apoyo de todos los niveles de gobierno.
Recordó que la policía municipal ha pasado por procesos complejos, como su desintegración y la implementación del mando único en administraciones pasadas, por lo que aún se encuentra en una etapa de consolidación.

“Es necesaria una coordinación real entre municipio, estado y Federación. Desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena vamos a establecer comunicación con nuestro presidente municipal para brindarle respaldo y coadyuvar con la intervención del gabinete de seguridad del Gobierno de México”, declaró.

Ramírez Garibay llamó a evitar triunfalismos y a realizar una revisión seria de la estrategia de seguridad estatal. “Lo avanzado no ha sido suficiente; hechos como el de Salamanca nos obligan a redoblar esfuerzos para que estas tragedias no se repitan”, aseveró.

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La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado la presión sobre México con la posibilidad de solicitar la detención de políticos mexicanos que Washington considera presuntamente vinculados con cárteles del narcotráfico, reportó el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con el medio estadounidense, funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano han sostenido reuniones privadas tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en las que analizaron el alcance de las exigencias de Trump más allá de la cooperación en seguridad tradicional. Entre los escenarios estudiados estaría la eventual solicitud de arresto de políticos cercanos al partido Morena, a quienes Estados Unidos sospecharía de tener vínculos con organizaciones criminales. 

La petición, descrita por algunas voces dentro del gobierno mexicano como “insostenible”, surge en un contexto de tensiones crecientes entre ambas naciones en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. El WSJ indica que estas discusiones se dieron después de una llamada matutina entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfatizó el carácter respetuoso del diálogo bilateral. 

Aunque la mandataria mexicana ha descartado públicamente la posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio nacional, fuentes consultadas por el diario señalaron que la preocupación interna radica en hasta dónde podría llegar la presión de Washington si insiste en medidas más duras contra figuras políticas señaladas por presuntos nexos con el crimen organizado. 

Especialistas internacionales han interpretado estas señales como parte de la intensificación de la estrategia de Trump contra las redes de narcotráfico en la región, que recientemente incluyó advertencias sobre posibles operaciones en tierra tras meses de acciones marítimas. 

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que el gobierno de Estados Unidos haya emitido órdenes de arresto, ni se han dado a conocer nombres específicos de políticos señalados. En tanto, el tema añade un nuevo elemento de tensión a la ya compleja relación entre México y su principal socio comercial y de seguridad.

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Una nueva controversia política se desató en la frontera norte tras la detención temporal de la diputada de Morena Alejandra Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Baja California, cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos con una importante suma de dinero en efectivo sin haberla declarado ante autoridades migratorias. 

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 5 de enero en la garita este de Calexico, en Mexicali, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) detuvieron a la legisladora durante una inspección de rutina. En la revisión de su camioneta blanca GMC Yukon, los oficiales localizaron aproximadamente 40 mil dólares ocultos en dos compartimentos del vehículo, cifra que supera con creces el límite de 10,000 dólares que se puede ingresar sin declaración. 

Ang Hernández permaneció retenida por alrededor de cinco horas mientras se le realizó un interrogatorio y se iniciaba un procedimiento administrativo por el presunto incumplimiento de las normas fronterizas. Finalmente fue liberada y pudo regresar a Mexicali, aunque las autoridades estadounidenses le dieron un plazo para acreditar el origen legal de los recursos ante la CBP. 

En un comunicado difundido posteriormente, la diputada atribuyó el incidente a un “error” y explicó que el dinero, que dijo es de su propiedad y producto de ahorros, estaba destinado a la compra de un vehículo. Aseguró que su visa no fue revocada y que está colaborando con las autoridades para documentar los recursos. 

El caso ha generado reacciones críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre la responsabilidad de servidores públicos en el manejo de recursos, especialmente de quienes encabezan comisiones clave como la de fiscalización. Por ahora, la gobernadora del estado no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el asunto.

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