La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, 450 votos, la creación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que endurece las penas contra este fenómeno criminal que afecta a comerciantes, transportistas, empresarios, productores agrícolas e incluso a personas migrantes. El dictamen, que ya había sido revisado y ajustado por el Senado, fue considerado de urgente resolución y enviado al Ejecutivo para su promulgación inmediata.

La nueva legislación establece un marco legal único para que todas las entidades federativas persigan este delito con criterios homologados, un reclamo recurrente de gobiernos locales, cámaras empresariales y organizaciones civiles que han denunciado el crecimiento sostenido del cobro de piso en varias regiones del país.

Penas más duras y castigos sin beneficios preliberacionales

El texto aprobado fija una pena base de 15 a 25 años de prisión, además de multas económicas que pueden superar los 56 mil pesos, para cualquier persona que obligue a otra a entregar dinero, ejecutar acciones o tolerar actos en beneficio del extorsionador. Sin embargo, el Congreso incorporó 34 agravantes, lo que permite incrementar significativamente las sanciones.

Entre las circunstancias que aumentan el castigo entre cuatro y ocho años están el cobro de piso, la afectación a actividades comerciales o industriales y los casos en los que se utilicen sindicatos o agrupaciones como fachada. Para extorsiones dirigidas a migrantes, menores, adultos mayores o mujeres embarazadas, las penas pueden elevarse entre cinco y doce años adicionales.

Los casos más graves, como el uso de violencia física o la exigencia de pagos por accidentes provocados deliberadamente, podrán alcanzar hasta 42 años de cárcel, sin posibilidad de libertad anticipada o conmutación de pena.

La ley también restituye un artículo que impone de 10 a 20 años de prisión a servidores públicos de seguridad y justicia que, teniendo conocimiento de una extorsión, no la denuncien.

Durante la sesión, legisladores del PAN criticaron que Morena intentara reducir sanciones en la primera versión del dictamen, mientras que el coordinador morenista Ricardo Monreal acusó a la oposición de politizar el tema.

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