El servicio de traslado de personas en moto o mototaxis será regulado en Guanajuato, ante el crecimiento del servicio que se ofrece a través de plataformas digitales.

El diputado Jorge Espadas Galván, señaló que se carece de garantías, de seguros, y de un estudio que permita ver su necesidad en el estado, por esta razón el grupo parlamentario del PAN analiza una iniciativa de regulación, en la que incluso buscarán que otros partidos se sumen a la propuesta.

Jorge Espadas, mencionó que han visto casos lamentables, como personas que prestan un servicio tipo taxi en moto, sin ruta fija, sin protección para el conductor ni el pasajero.

“La Ley responde a necesidades sociales, nosotros como legisladores tenemos que regular los fenómenos que se están presentando. Este fenómeno tenemos que regularlo pronto, porque no se puede permitir que las personas sean transportadas sin seguridad.

Primero tenemos que hacer una serie de estudios por parte del estado para determinar si existe o no la necesidad, después determinar qué tipo de garantías van a tener las personas conductoras y pasajeras”, reiteró.

Especificó que este proceso debe llevar un tiempo, cuánto tiempo no sé, pero no va ser de un día para otro”, dijo el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Espadas.

Finalizó al puntualizar que actualmente, este tipo de servicio no está contemplado en la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, por lo que el transporte público en motocicleta carece de reconocimiento legal.

Espadas Galván subrayó que la sociedad suele avanzar más rápido que la ley, pero es un deber responder a estas nuevas necesidades sociales con responsabilidad y una regulación clara.

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Durante la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para revisar la iniciativa de Ley Orgánica del Poder Legislativo (ELD 180/LXVI-I), la diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, participó con diversas propuestas enfocadas en mejorar el funcionamiento interno del Congreso y reforzar los mecanismos de fiscalización.

En su intervención, la diputada se refirió al uso de sesiones virtuales en comisiones y cuestionó que algunos legisladores participen de manera remota sin causa justificada.

Señaló que esta práctica no abona al compromiso que debe asumirse con los trabajos legislativos:

“Considero que […] es una falta de respeto estarse conectando nada más cuando no hay una justificación para hacerlo. Deberían de ser todas las comisiones presenciales”.

También habló sobre la propuesta de reducir el tiempo asignado para presentar iniciativas ante el Pleno. Explicó que, aunque los legisladores ya conocen el contenido, los ciudadanos no siempre tienen ese contexto, por lo que reducir el tiempo afectaría la transparencia de los debates:

“A lo mejor nosotros ya la leímos, ya la estudiamos, ya sabemos lo que vamos a decir, pero los ciudadanos no. […] Yo considero importante que ellos sepan lo que vamos a aprobar o lo que no vamos a aprobar y por qué. A veces, 10 minutos no nos es suficiente”.

Finalmente, pidió que se considerara una iniciativa previamente presentada por Morena para crear una Unidad Técnica de Vigilancia y Evaluación, adscrita a la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Detalló que esta unidad tendría atribuciones específicas para revisar el trabajo de la Auditoría Superior del Estado, recibir denuncias, proponer normativas internas, aplicar procedimientos administrativos y presentar denuncias penales si se detectan irregularidades.

“Esta iniciativa propone un mecanismo de supervisión más técnico y autónomo que refuerce el control legislativo sobre el uso de los recursos públicos y sobre el desempeño de la Auditoría Superior del Estado”.

La diputada explicó que esta propuesta busca mejorar la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y que, en caso de ser incluida en el dictamen, permitiría al Congreso contar con herramientas más eficaces para evaluar a la Auditoría Superior del Estado.

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