La promesa de progreso y desarrollo sostenible que cobijó al Megaproyecto del Tren Maya ha comenzado a desmoronarse en el oriente de Yucatán. Lo que el Gobierno Federal publicitó como una vía de justicia social para las comunidades originarias se ha transformado, en la realidad de la comunidad de Pisté, en un mecanismo de exclusión económica y asfixia comunitaria. Hoy, el Concejo de Gobierno Indígena de Pisté levanta la voz contra una imposición que no solo arrebata el sustento de más de tres mil familias, sino que acelera el desgaste de la infraestructura local y profundiza una herida ambiental irreversible en el suelo de la Península.

La crisis detonó tras la orden de cerrar de manera permanente el parador turístico tradicional que operó durante más de cuatro décadas. En su lugar, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinó que el Centro de Atención a Visitantes (CATVI) —vinculado directamente a la infraestructura del Tren Maya— será la única taquilla y el exclusivo embudo de acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Para los pobladores, esta edificación es un millonario “elefante blanco” diseñado para centralizar la derrama económica en manos de operadores gubernamentales y consorcios allegados, marginando por completo la economía de calle y los pequeños negocios locales.

 El costo del monopolio turístico: Hambre en las comunidades mayas

“Nos están condenando a morir de hambre en nuestra propia tierra”, señalan artesanos de la comunidad. El flujo tradicional de turistas que antes recorría las calles de Pisté, consumía en sus fondas, utilizaba el transporte ejidal y compraba directamente los tallados de madera y bordados, hoy es desviado de forma hermética hacia el CATVI. La canalización monopólica del turismo no solo afecta a los vendedores fijos; guías de turistas, mototaxistas y comerciantes independientes denuncian una caída drástica en sus ingresos cotidianos.

La tensión escaló cuando la Guardia Nacional y la Policía Estatal blindaron los caminos tradicionales con vallas de tres metros, una acción que el Concejo Indígena calificó como un bloqueo ilegal y una traición abierta. Frente a lo que consideran un desplazamiento forzado y una simulación de consultas indígenas, el Concejo promovió juicios de amparo. Sin embargo, denuncian que las mesas de diálogo gubernamentales han sido utilizadas únicamente como una “estrategia de desgaste político” para dilatar soluciones de fondo mientras se consolida el despojo.

 Infraestructura colapsada y un modelo insostenible

El daño del nuevo esquema de transporte y recepción de visitantes impacta también de forma crítica la micro-infraestructura de la región. Pisté carece de la capacidad urbana, el alcantarillado funcional y las plantas de tratamiento necesarias para absorber la acumulación de residuos y aguas residuales que se proyectan con el turismo de masas que pretende inyectar el tren.

Lejos de una planificación urbana sostenible, el desarrollo hotelero e inmobiliario periférico al CATVI ejerce una presión sin precedentes sobre el tejido social de la localidad. Al no integrar de manera simétrica a los pobladores originarios en la planeación, se fomenta un crecimiento desordenado, encareciendo el costo de vida local y desplazando la vivienda comunitaria en favor de la especulación de suelo de mediano y largo plazo.

 Alerta ambiental: El acuífero y la selva en riesgo

El panorama ecológico es todavía más alarmante. El trazo ferroviario y las obras complementarias del parador han vulnerado el delicado suelo kárstico de la región, caracterizado por su alta porosidad y la presencia de sistemas de cuevas y ríos subterráneos milenarios. Expertos ambientales e integrantes del Concejo alertan que la deforestación de la selva maya para abrir paso a las vías fragmenta de forma crítica los corredores biológicos de especies nativas.

El peligro más inminente radica en el subsuelo. Al no contar con sistemas adecuados de drenaje en el área de influencia del CATVI y las estaciones del tren, los desechos y contaminantes se filtran de forma directa hacia el acuífero y el anillo de cenotes. Esta red de agua dulce subterránea es el único suministro hídrico vital para el consumo de las comunidades indígenas y el sostenimiento de los ecosistemas locales. La alteración de los flujos de agua debilita la estabilidad estructural del suelo, abriendo la puerta a futuros hundimientos y subsidencias.

La resistencia en Pisté continúa viva. Entre procesos legales entrampados y la presión policial en las inmediaciones del templo de Kukulcán, el Concejo de Gobierno Indígena advierte que defenderán su territorio y su economía familiar ante un progreso que, acusan, se construyó con discursos de inclusión pero se ejecuta con la lógica del despojo.

Para Repunte Noticias, la realidad de Chichén Itzá demuestra que el “Jaguar Rodante” avanza, pero pisoteando los derechos del pueblo maya que prometió proteger.

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