La agresión y amenazas de muerte contra el reportero Makario Sierra encendieron las alertas en Guanajuato y provocaron una reacción inmediata del gobierno estatal, que condenó los hechos y confirmó la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron el pasado 20 de abril y, presuntamente, habrían sido perpetrados por agentes de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado, lo que ha generado preocupación en el gremio periodístico por la gravedad de las acusaciones.

El secretario de Gobierno de la entidad, Jorge Jiménez Lona, fue contundente al señalar que en Guanajuato no se tolerarán agresiones contra periodistas, al tiempo que reiteró el compromiso institucional de garantizar la libertad de expresión y el respeto pleno al ejercicio informativo.

El funcionario detalló que, tras lo ocurrido, se estableció contacto inmediato con el reportero afectado, quien fue trasladado para recibir atención médica especializada, incluyendo la realización de una tomografía. Hasta el momento, se reporta fuera de peligro.

Jiménez Lona subrayó que existe total disposición por parte de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo una investigación a fondo y sancionar a quienes resulten responsables, en caso de confirmarse la participación de servidores públicos en la agresión.

En ese sentido, hizo un llamado a permitir que las indagatorias sigan su curso y se esclarezcan los hechos con base en pruebas, al tiempo que se garantiza justicia para la víctima.

El secretario de Gobierno también recordó que en la entidad existen mecanismos de apoyo para periodistas que sufran daños o afectaciones en el ejercicio de su labor, incluyendo respaldos de tipo económico, como parte de las políticas de protección al gremio.

La agresión contra Makario Sierra se suma a los casos que mantienen bajo presión la relación entre autoridades y medios de comunicación, en un contexto donde organizaciones nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de reforzar las garantías de seguridad para periodistas en el país.

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Aunque las ocho investigaciones por irregularidades en el Zoológico de León siguen en curso, los expedientes con menor avance se concentran en temas administrativos y en la organización de eventos, mientras que los casos más críticos, como el manejo de alimentos y afectaciones a hábitats, están cerca de resolverse.
La Contraloría Municipal mantiene abiertas ocho indagatorias derivadas de diversas anomalías detectadas principalmente a finales de 2025. Sin embargo, de acuerdo con la contralora municipal, Viridiana Margarita Márquez Moreno, no todas avanzan al mismo ritmo debido a la complejidad de cada caso.
Entre los expedientes más avanzados se encuentra la investigación por irregularidades en forrajes y alimentos, con un 95 por ciento de progreso, al igual que el caso del hábitat de tortugas donde visitantes arrojaban monedas.
Otros incidentes como el ataque a la jauría de perros, el escape de un mono araña y la fuga de lobos canadienses presentan un avance del 80 por ciento.
En contraste, las indagatorias relacionadas con faltas administrativas internas apenas alcanzan el 70 por ciento, mientras que las anomalías en el evento “Halloween Zoo” registran el menor progreso, con un 65 por ciento, lo que evidencia mayores dificultades en la integración de estos expedientes.
“Traemos ocho investigaciones de las cuales a la fecha actualmente se encuentran en trámite”, señaló Márquez Moreno, quien explicó que cada caso requiere distintos niveles de revisión y recopilación de evidencia.
La funcionaria adelantó que será en los próximos meses cuando comiencen a emitirse las resoluciones correspondientes, aunque evitó establecer fechas precisas. “Esperemos en próximos meses estar ya emitiendo las determinaciones correspondientes”, indicó.
Frente a críticas por un supuesto retraso intencional, la contralora rechazó señalamientos y aseguró que los procesos se desarrollan conforme a la ley.
“Aquí no se está cubriendo absolutamente a nadie, actuamos de manera imparcial, con autonomía técnica y conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas”, afirmó.
Paralelamente, informó que en el primer trimestre de 2026 se inició una auditoría integral al zoológico, enfocada en revisar contrataciones y procesos administrativos del año anterior, lo que podría ampliar el alcance de las investigaciones en curso.

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Tras los hechos violentos registrados el domingo en León y otros puntos del estado, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que las investigaciones siguen su curso y que será la autoridad competente quien determine las responsabilidades conforme a derecho.
Cuestionada sobre si los actos podrían tipificarse como terrorismo, la presidenta municipal fue clara al señalar que cada caso debe analizarse según lo establecido en el Código Penal.

“Se lo digo como abogada, cada hecho tiene consecuencias diferentes dependiendo de qué hicieron, cómo lo hicieron y con qué factores. Hay supuestos que marca el Código Penal y se tendrá que ir a los supuestos de ley”, explicó.

Precisó que las indagatorias están a cargo directamente de la Fiscalía y que el proceso se mantiene en trámite. “Sigue el tema de las indagatorias”, puntualizó, al evitar adelantar criterios jurídicos.

En cuanto a las afectaciones en la ciudad, Gutiérrez Campos subrayó que únicamente se pospuso un evento programado para ese domingo, el cual será reprogramado en nueva fecha. “Fue posponer, no fue cancelar por lo que sucedió el domingo”, aclaró.

La alcaldesa afirmó que, fuera de ese día, la ciudad mantiene su dinámica habitual. “La ciudad está caminando al 100, los servicios están funcionando, la gente está yendo a la escuela, está yendo a trabajar y está en paz”, sostuvo.

Ale Gutiérrez, hizo un llamado a evitar la difusión de información falsa que pueda generar alarma. “Hubo mucha noticia falsa, hasta incendios que no eran ni aquí ni de estas fechas. León es nuestra casa común, tenemos que cuidar la reputación de nuestra ciudad”.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) dio por concluida la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por los videos difundidos en 2020 donde se le observa recibiendo paquetes de dinero en efectivo. La autoridad electoral determinó que no existen elementos suficientes para acreditar una irregularidad.

Los hechos se remontan a agosto de 2020, cuando el portal Latinus reveló videos en los que Pío López Obrador recibe dinero de David Eduardo León Romero, entonces Coordinador Nacional de Protección Civil. Según los reportes, los recursos habrían estado destinados a actividades político-electorales de Morena.

“Sin rastro bancario ni comprobación fiscal”

La consejera electoral Carla Humphrey explicó que, tras una investigación que se extendió por cinco años, no se logró acreditar ninguna conducta ilícita:

“No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”, señaló.

Humphrey destacó que durante la investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a diversas entidades, incluyendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Morena, y personas directamente involucradas. Sin embargo, las respuestas no permitieron establecer irregularidades.

Además, criticó que el Tribunal Superior de Justicia capitalino negó el acceso a información relevante, lo que representó un obstáculo para avanzar en ciertas líneas de investigación.

“Esto otra vez nos llama a la urgencia de fortalecer nuestras herramientas en materia de fiscalización y la obligación legal de todas las autoridades de aportar información cuando esta autoridad lo solicite”, concluyó Humphrey.

Morena: “Una calumnia mediática”

Por su parte, el representante de Morena ante el INE, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, calificó el caso como un intento mediático para atacar al gobierno del entonces presidente López Obrador:

“Este procedimiento es la crónica de una calumnia anunciada, un montaje mediático lleno de falsedades y mentiras que, sin embargo, se ha topado con la pared de la realidad jurídica”, declaró.

El consejero Jaime Rivera recordó que desde octubre de 2022, la Fiscalía de Delitos Electorales ya había determinado no ejercer acción penal en el caso.

La resolución del INE cierra uno de los episodios más mediáticos del sexenio anterior, dejando sin sanciones a Pío López Obrador, aunque también evidenciando limitaciones en el sistema de fiscalización electoral.

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Luego de la detención a Alejandro N., un policía turístico de FSPE en el municipio de Celaya por presuntos delitos y acopio de armas en días pasados, el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, mencionó que hay más investigaciones en curso contra elementos de las corporaciones estatales por su posible participación en actividades ilícitas.

Sin dar detalles sobre el tema por labores de inteligencia, hizo algunas menciones donde refiere otros casos que están en análisis.

“Este criminal que llevaba uniforme de policía era un integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPEG) y las investigaciones las encabezó la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado. No se trata solamente de dar de baja a aquellos criminales que portan un uniforme en cualquier institución.

A estos criminales no solamente los debemos correr administrativamente, aquí la solución es armarles un caso de investigación, evidenciar pruebas, sostener esas pruebas, hacer una carpeta de investigación en coordinación con los Ministerios Públicos, ya sea del fuero federal o del fuero común, detenerlos y meterlos a la cárcel”, dijo.

Destacó que con independencia de los exámenes de control y confianza, del Consejo de Honor y Justicia, se tienen que aplicar otros mecanismos para que las corporaciones sigan fuertes y los criminales que quieran portar un uniforme, sean metidos a la cárcel y no solo se tengan que dar de baja, insistió.

Finalizó al decir que en Guanajuato, no se tolerará que servidores públicos traicionen su deber y sostuvo que los trabajos de investigación al interior de la Secretaría de Seguridad y Paz continuarán, ya que se parte de una estrategia que no sólo busca reaccionar a delitos ya consumados, sino anticiparse a ellos con inteligencia e investigación.

“El dato de cuántas personas más o cuántos criminales más están portando un uniforme dentro de la Secretaría de Seguridad y Paz, es un dato que no lo puedo revelar por obvias razones, pero el mensaje claro es que con el nuevo comienzo se busca hacer cumplir la ley por alejarse de los principios y estaremos al pendiente de su actuar”, especificó.

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A pesar de que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California aseguró que no hay acusaciones ni faltas que perseguir en su contra, el semanario Zeta, aseguró que el retiro de la visa de la mandataria y de su esposo, responde a una indagatoria relacionada con conexiones con grupos criminales.

De acuerdo al medio, la decisión de el retiro de visas , fue resultado de una investigación iniciada en Washington y no del Consulado de Estados Unidos en Tijuana.

Por su parte, la mandataria criticó los ataques que ha recibido en su contra, a los cuales calificó como violencia de género, pero no se pronunció por el retiro y cancelación de la visa de su marido, la cual fue hace 15 días, cuando intentó cruzar la garita de Tijuana y las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron, comentándole que había una “alerta” en su contra, de ahí fue pasado a una oficina y ahí se le retiró su visa, para inmediatamente ser devuelto a México, este fin de semana fue cuando a través de una nota diplomática, le informaron a la gobernadora, que también su visa había sido cancelada.

De acuerdo al Semanario Zeta, en próximos días se darán más cancelaciones de visas, de personas relacionadas con la pareja real de Baja California.

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Luego de que una joven pareja denunciara abuso y presuntos golpes por parte de la Policía en León al salir de un bar el pasado 29 de agosto, la Alcaldesa Ale Gutiérrez, reiteró que en su administración no permitirá baquetones, tranzas, acosadores, ni maltratadores de animales; por lo que dará seguimiento puntual a la agresión denunciada.

Lo anterior, ante un presunto abuso policial en contra de Fernanda N. y su esposa cuando habían salido a cenar en la madrugada del jueves estando listas para irse a su casa fueron detenidas y presuntamente agredidas físicamente por parte de la Policía Municipal y trasladadas a CEPOL.

“Me conocen y saben que estos temas los atiendo de manera personal hasta yo y ya lo atendí; se comunicaron conmigo en mis redes sociales y tuvimos acercamiento con ellas.

Lo he dicho una y otra vez… yo no voy a permitir cuatro cosas; ni baquetones, ni tranzas, acosadores, ni maltratadores de animales”, puntualizó.

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