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Los principios de la Carta de las Naciones Unidas son la base del trabajo de la Organización y guían su misión de promover la paz, el desarrollo y los derechos humanos para todos.

ONU/Amanda Voisard Los principios de la Carta de las Naciones Unidas son la base del trabajo de la Organización y guían su misión de promover la paz, el desarrollo y los derechos humanos para todos.

Este proceso, presentado en marzo por el Secretario General, busca no sólo mejorar la eficiencia, sino también reafirmar el valor del multilateralismo en un momento en que la confianza es baja y las necesidades son altas. Su objetivo es reforzar la capacidad de la ONU para responder a los retos mundiales actuales. 

En un mundo que se enfrenta a crisis crecientes, desigualdades cada vez más profundas y una confianza cada vez menor en las instituciones mundiales, las Naciones Unidas han puesto en marcha un ambicioso esfuerzo para fortalecer la forma en que sirven a las personas en todo el mundo.

La Iniciativa ONU80, presentada en marzo por el Secretario General, António Guterres, es un esfuerzo de todo el sistema para racionalizar las operaciones, mejorar el impacto y reafirmar la relevancia de las Naciones Unidas en un mundo que cambia rápidamente.

“Es un buen momento para examinarnos a nosotros mismos y ver hasta qué punto estamos preparados en unas circunstancias que, seamos sinceros, son bastante difíciles para el multilateralismo y para las Naciones Unidas”, afirma Guy Ryder, Secretario General adjunto de Política y presidente del Grupo de Trabajo ONU80.

Conocida como la Iniciativa ONU80, este proceso busca no sólo mejorar la eficiencia, sino también reafirmar el valor del multilateralismo en un momento en que la confianza es baja y las necesidades son altas.

Su objetivo es reforzar la capacidad de la ONU para responder a los retos mundiales actuales, que van desde los conflictos, los desplazamientos y la desigualdad hasta las perturbaciones climáticas y el rápido cambio tecnológico, respondiendo al mismo tiempo a presiones externas como la reducción de los presupuestos y las crecientes divisiones políticas en el espacio multilateral.

“Saldremos de esto con unas Naciones Unidas más fuertes y preparadas para los retos que sin duda nos deparará el futuro”, explica Ryder.

Vista del edificio de la UNHQ desde Roosevelt Island, Nueva York.

Noticias ONU/Anton Uspensky

Tres vías de reforma

En el corazón de ONU80 hay tres grandes líneas de trabajo. La primera se centra en la mejora de la eficiencia y eficacia internas, la reducción de la burocracia y la optimización de la presencia mundial de la ONU mediante el traslado de algunas funciones a lugares de destino de menor coste. Ryder señala que se están abordando los procedimientos administrativos engorrosos y las duplicaciones.

“Queremos ver qué podemos hacer mejor. Queremos examinar los ámbitos en los que creemos que podemos mejorar la eficiencia y eliminar los procesos burocráticos innecesarios”, explica.

La segunda línea de trabajo es una revisión de la implementación de los mandatos, que implica el examen de casi 4000 documentos de mandato que sustentan el trabajo de la Secretaría de la ONU. Un mandato se refiere a una tarea o responsabilidad asignada a la organización por los Estados miembros, normalmente a través de resoluciones adoptadas por órganos de la ONU como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.

Estos mandatos guían lo que hace la organización: desde operaciones de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria hasta derechos humanos y acción medioambiental. A lo largo de las décadas se han acumulado al menos 40.000 mandatos, que a veces se solapan o quedan obsoletos, razón por la cual su revisión es un elemento clave de la iniciativa ONU80.

“Estos mandatos pertenecen a los Estados miembros. Ellos los crearon y sólo ellos pueden evaluarlos. Podemos examinar las pruebas, podemos planteárselas a los Estados miembros, pero al final son ellos los que toman las decisiones sobre los mandatos y sobre muchas otras cosas que aporta la iniciativa ONU80”.

La tercera corriente explora si son necesarios cambios estructurales y un reajuste de los programas en todo el sistema de las Naciones Unidas. “Con el tiempo, es posible que queramos examinar la arquitectura del sistema de las Naciones Unidas, que se ha vuelto bastante elaborada y complicada”, añade Ryder. También es probable que surjan propuestas del examen de la ejecución del mandato.

Para abordar la reforma de un sistema tan complejo, el Secretario General creó siete grupos temáticos en el marco del Grupo de Trabajo ONU80, cada uno de ellos coordinado por altos dirigentes de las Naciones Unidas de todo el sistema. Estos grupos abarcan la paz y la seguridad, la acción humanitaria, el desarrollo (Secretaría y sistema de las Naciones Unidas), los derechos humanos, la formación y la investigación, y los organismos especializados.

“Es importante decir que en un momento en el que el sistema está bajo presión, el sistema está respondiendo como sistema”, señala el presidente del Grupo de Trabajo ONU80. “No se trata sólo de Nueva York, ni sólo de la Secretaría. Es todo el sistema”.

Reforma, no reducción

La atención en torno a la Iniciativa ONU80 se ha centrado en gran medida en los recortes presupuestarios y las reducciones de personal propuestos, lo que ha suscitado la preocupación de que se trate principalmente de un ejercicio de ahorro. Ryder subraya que este punto de vista no tiene en cuenta el panorama general.

“Sí, nos enfrentamos a retos financieros. No hay porqué apartar la vista de ello. Pero no se trata de un ejercicio de reducción de costes. Queremos que la ONU sea más fuerte”, afirma.

Aun así, las presiones financieras en todo el sistema son innegables. Se espera que el presupuesto por programas revisado para 2026, previsto para septiembre, incluya reducciones significativas en la financiación y en los puestos de las entidades de la Secretaría, como consecuencia de las persistentes restricciones de tesorería relacionadas con el retraso y las contribuciones incompletas de los Estados miembros.

“La Iniciativa ONU80 quiere mejorar el impacto y el efecto del multilateralismo y de la ONU”, explicó Ryder. “Ahora bien, eso no significa -desearíamos que fuera de otro modo- que no tengamos que echar un vistazo a nuestro presupuesto y nuestros recursos en diferentes partes del sistema”.

“Las organizaciones se han enfrentado a algunas decisiones desgarradoras, y esto ocurre todos los días. Es la realidad de nuestras circunstancias”, añade.

Ryder sostiene que la sostenibilidad financiera y el impacto de la misión no son mutuamente excluyentes, sino que deben perseguirse conjuntamente. “Tenemos que conciliar los dos objetivos de hacernos financieramente sostenibles en las difíciles circunstancias en que nos encontramos, pero también estar atentos, como siempre, al impacto que tenemos en el cumplimiento de nuestras responsabilidades en virtud de la Carta”, dijo.

Fuente: ONU

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Para proteger a quienes denuncian actos de corrupción en la entidad, el Diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, así como para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

El legislador de Morena definió la corrupción como un mal con rostro bien definido, describiéndola como: “ese funcionario que desvía recursos públicos, es ese servidor que pide moches para dejarte trabajar, es el gobernador que entrega contratos a las mismas personas, es el fiscal que modifica un reglamento para ganar más dinero”. Sostuvo que este no es solo un problema legal, sino también moral, que frena el desarrollo, margina a los vulnerables y descompone la confianza ciudadana en el gobierno.

El diputado Ramos Sotomayor señaló que, aunque muchos ciudadanos han sido víctimas, existe un temor generalizado a denunciar por miedo a represalias laborales o contra sus familias: “Cuando un ciudadano decide alzar la voz para denunciar un acto de corrupción, no solo está haciendo lo correcto, está haciendo lo valiente, porque en Guanajuato denunciar sigue siendo un riesgo y muchos prefieren callar”. Este temor, explicó, es fundado y afecta tanto a ciudadanos como a trabajadores públicos que presencian irregularidades pero callan por miedo a perder su empleo o su vida.

Para dimensionar el problema, el Diputado Ramos Sotomayor presentó datos que indican que para el 59.3% de los guanajuatenses, la corrupción es el segundo problema más preocupante, solo detrás de la inseguridad. Además, el 80% de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes en el estado. La tasa de incidencia en Guanajuato es de 27,642 casos por cada 100,000 habitantes, cifra superior a la media nacional de 25,394. Con base en estas cifras, el legislador afirmó que en la entidad “la corrupción no es la excepción, es la regla”.

La iniciativa propuesta busca crear un marco de protección para quienes se atrevan a denunciar. El objetivo, según el diputado, es decirle a los funcionarios y servidores públicos honestos “que no están solos y que el cambio solo puede darse con su ayuda”. La nueva ley tiene como fin garantizar medidas claras de protección para quienes denuncien de buena fe, evitar represalias laborales o personales, establecer mecanismos institucionales de acompañamiento y, finalmente, incentivar la denuncia como un acto de servicio público y no como una traición.

“Quien denuncia un acto de corrupción en Guanajuato no está solo, está protegido, está respaldado”.

El Diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor concluyó su intervención con un llamado a construir “un Guanajuato sin miedo, por un Guanajuato sin corrupción, por un Guanajuato con dignidad”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

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El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó por unanimidad una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola promovida por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI).

Presentada en diciembre del 2023, la propuesta legislativa en cuestión tiene como propósito incluir en la Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola los principios que deben prevalecer en su aplicación en la actividad agropecuaria, con perspectiva rural y con enfoque sustentable, de reconversión, protección al medio ambiente y de productividad.

La diputada Rocío Cervantes subió para hablar a favor del dictamen de esa iniciativa, suscrito, en sentido positivo, por la Comisión de Fomento Agropecuario que ella preside y subrayó que el objetivo de la Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola se sustenta en los principios que la propuesta propone incorporar.

“Los principios que se proponen constituyen derechos fundamentales que protegen a las personas físicas y jurídicas que se dedican a la agricultura”, afirmó la congresista del GPPRI al hablar de la necesidad de que queden plasmados en dicha norma que establece su finalidad, pero no los principios sobre los que debe descansar su aplicación.

Resaltó que con la aprobación del dictamen sobre la reforma en cuestión la Comisión de Fomento Agropecuario refrendaba su compromiso de “impulsar un marco jurídico que responda a las necesidades actuales y futuras del sector agrícola del estado”.

Cervantes Barba enfatizó que los principios que se incorporan a la Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola, “están lineados con su finalidad” a partir de una reconversión con una perspectiva en términos de sustentabilidad, rentabilidad, productividad, comercialización, derechos de las personas en el medio rural y la igualdad de la mujer.

De acuerdo con lo establecido en la iniciativa y dictamen aprobado, “en la formulación y conducción de la política agropecuaria” deberán observarse 17 principios relacionados, entre otros rubros, con la promoción del bienestar social y económico, cuidado de recursos naturales y protección de los ecosistemas, respeto al derecho de pueblos indígenas, autoabasto, modernización, acceso tecnológico, capacitación de calidad e incremento productivo.

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En sesión del pleno, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso una iniciativa que busca crear una nueva Secretaría de Justicia, con el fin de articular un sistema en el que los delitos sí se denuncien, se investiguen y se esclarezcan, es decir que no queden impunes y se haga justicia.

Guanajuato desde hace ya varios años enfrenta una crisis de inseguridad y criminalidad que no ha podido ser mitigado, por todo el aparato gubernamental, estrategias, políticas públicas ni las adecuaciones normativas realizadas en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así lo explicó la diputada Sandra Pedroza en su exposición de motivos.

Agregó además, la necesidad de encontrar una solución para que las y los ciudadanos

estén seguros y se sientan seguros. “Estamos convencidas y convencidos de que la Seguridad y la paz no se van a alcanzar con militarización ni incrementando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficioss, sino con Justicia” dijo.

Ante esto, la propuesta gira en torno a articular la política criminal del Estado mediante la creación de la Secretaría de Justicia como una dependencia del Poder Ejecutivo en la que se fusionen las atribuciones investigadoras de la Fiscalía con las de la actual Secretaría de Justicia y Paz.

Además esta iniciativa propone;

1. Reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
2. Reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
3. Reformar la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.
4. Expedir la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato.
5. Expedir la Ley de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato.
6. Abrogar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Con todas estas modificaciones legales, en resumen, lo que se busca es materializar lo siguiente:

1.Ampliar la capacidad de recepción de denuncias e investigación de hechos posiblemente constitutivos de delito por parte de las policías municipales.

2.Dar claridad sobre en qué consiste el proceso de conducción y mando que el MP tiene sobre las investigaciones.

3.Crear la Secretaría de Justicia para articular la estrategia criminal.

4.Reestructurar el MP para separar la investigación material de los delitos.

5.Transformar la Agencia de Investigación Criminal que actualmente depende de la Fiscalía a un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Justicia que investigue los delitos de Alto Impacto.

Dicha iniciativa, ambiciosa en sí, ya que implica toda una reestructuración a nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia, es lo que Guanajuato necesita para recuperar la seguridad y paz, concluyó.

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La Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local, en la que participan las diputadas Katya Soto, Martha Hernández y Noemí Márquez, aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, suscrita por el GPPAN.

Dicho dictamen contiene modificaciones en materia de inserción laboral y empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia.

Al hacer uso de la voz, la diputada Martha Hernández subrayó la importancia de legislar sobre la inserción laboral de las mujeres, pues consideró que incluirlas en el mundo laboral es clave para garantizar el acceso igualitario a oportunidades y derechos, y para promover el crecimiento económico.

Asimismo, destacó que el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo.

“Como todas y todos sabemos, aún enfrentamos desafíos significativos. Las mujeres continuamos siendo subrepresentadas en muchos sectores, especialmente en aquellos tradicionalmente dominados por hombres. Por ello, desde Acción Nacional les decimos que es necesario demandar y reivindicar, acabar con la violencia de género, alcanzar una igualdad real y una representación verdaderamente paritaria en la sociedad”, dijo.

Por su parte, la diputada Katya Soto hizo referencia al trabajo legislativo que realizó el Grupo Parlamentario del PAN en favor de las mujeres, prueba de ello dijo, son las reformas aprobadas para castigar con mayor severidad el feminicidio infantil, fortalecer las órdenes de protección, establecer como supuesto de feminicidio que la víctima haya sufrido violencia en el ámbito político, incluir la perspectiva de género, agregar la violencia mediática, erradicar la violencia vicaria, crear las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos cometidos en contra de Mujeres por Razones de Género, entre otras.

“Hoy les digo que como nunca se ha trabajado en la defensa de los derechos de las mujeres y en la igualdad de género…Falta mucho por hacer, pero sin duda, cerramos los trabajos de esta Comisión con grandes resultados”, agregó.

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Con una nueva estrategia ambiental denominada ‘Yo Quiero a León con + Árboles’, el gobierno municipal y la ciudadanía unen esfuerzos para mantener una ciudad verde.

Ale Gutiérrez, presidenta municipal, afirmó que gracias a la plantación y la pronta intervención en los árboles enfermos, hoy León tiene más de 73 mil árboles vivos y vigilados en esta administración, ejemplares que ofrecen un servicio ambiental a esta ciudad.

En lo que va de la administración municipal encabezada por Ale Gutiérrez, se han plantado más de 41 mil 390 árboles y se han limpiado de diversas plagas como muérdago otros 32 mil 200, es decir, en conjunto se cuenta con 73 mil árboles vivos gracias al esfuerzo común entre sociedad y gobierno.

Por ello, la presidenta municipal de León junto con el Ayuntamiento, asociaciones civiles ambientales, escuelas y empresas firmaron un decálogo para el cuidado del arbolado urbano y el medio ambiente.

Gutiérrez Campos adelantó que hay en existencia cinco mil árboles listos para que la ciudadanía los solicite llamando a la línea verde 477 793 6598.

En dicho número telefónico, las personas pueden pedir un árbol para su domicilio, escuela o camellón y por parte de la Dirección de Medio Ambiente habrá cuadrillas especializadas para ayudar en la plantación.

Además, se informó que para la siguiente administración se plantea una meta de 36 mil árboles y no hay duda que el número será ampliamente superado.

Por su parte, Pablo Michael García Cardiel, encargado de despacho de la Dirección de Medio Ambiente, comentó que hasta ahora la Línea Verde se utilizaba para recibir denuncias en materia ambiental, pero a partir de ahora se convertirá también en una línea de atención para recepción de solicitudes de árboles.

El Decálogo para el Cuidado del Arbolado Urbano y el Medio Ambiente fue firmado por representantes del H. Ayuntamiento, estudiantes, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil, y vecinos de colonias y comunidades rurales.

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La gobernadora electa de Guanajuato,Libia Dennise García Muñoz Ledo, confirmó que a través del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se mando una iniciativa de reforma al congreso del estado para modificar los requisitos para la designación del nuevo Fiscal General.

Parte de los requisitos existentes y que se omitirían son: Haber nacido en Guanajuato y comprobar un tiempo mínimo de residencia de cinco años.

Libia Dennise confirmó que esta iniciativa que será enviada al congreso local, ya se cabildeó y va firmada por cuatro de las cinco fuerzas políticas; PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, solo morena no quiso firmar.

Para esto se dio un previo diálogo con las diferentes fuerzas políticas en el congreso para hacerles ver que se necesita al mejor perfil aunque no radique en el estado.

La próxima Gobernadora aseguró que esta iniciativa “No va con dedicatoria”, ya que hasta el día de hoy no se ha seleccionado a algún candidato firme para suplir a Carlos Zamarripa en la Fiscalía.

De acuerdo a lo que comentó, la modificación de los requisitos para designar al próximo fiscal es por que son “Discriminatorios”, además de que con esta iniciativa, se podrá tener a un mejor candidato para que ocupe la titularidad de la Fiscalía.

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