Tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) a partir de este 21 de marzo, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) sigue trabajando y no ha dejado de cumplir con sus servicios en tiempo y forma.
Mariela del Carmen Huerta Guerrero, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), aclaró que en Guanajuato, el instituto no se ha extinguido, aunque reconoció que tienen un plazo de 90 días, tras la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deja sin efecto a la que regía al INAI.
“El instituto no se ha extinguido y que seguimos trabajando y a cuál le asisten todos y cada uno de los sujetos obligados a poder atender el cumplimiento de lo que son las obligaciones de transparencia, a contestar en tiempo y forma las solicitudes de información.
Recuerden que son 5 días de manera extraordinaria 3 días de prórroga y nosotros seguimos trabajando y estamos dando un seguimiento muy puntual y el acompañamiento pertinente para poder atender, y justamente invito a todas las personas que hacen eh la materialización de estos derechos que se acerquen al IACIP a través de estos mecanismos legales como son los recursos de revisión cuando no contesten en tiempo, cuando no corresponda a lo solicitado y bueno, todo lo que deriva hacia estos temas”, señaló.
Huerta Guerrero, especificó que mencionó que existen mecanismos legales en caso de que no se de el servicio de información, hay que hacer las denuncias correspondientes que atiende justamente el IACIP para poder atender todos estos temas e insistió en que siguen trabajando y es importante, seguir atendiendo las denuncias por incumplimiento de obligaciones y todo lo que atañe en estos temas.
Mariela del Carmen Huerta Guerrero, reconoció que tienen un plazo de 90 días, tras la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deja sin efecto la que regía al INAI.
Cabe mencionar que el Gobierno Federal con el nuevo marco normativo obliga al Instituto a transferir la totalidad de sus funciones a un nuevo organismo llamado Transparencia para el Pueblo que operará dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero por lo pronto siguen los 54 empleados laborando en la entidad.

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#DerechosHumanos #ONU  #INAI

Las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la privacidad, y sobre libertad de opinión y de expresión emitieron este lunes un pronunciamiento para pedir al Estado mexicano que reconsidere la eliminación del  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus equivalentes en los Estados.

El pasado 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló el dictamen que elimina una serie de organismos autónomos, incluidos el de Transparencia, el de Competencia Económica y el de Telecomunicaciones, con el voto de Morena y sus aliados. La oposición votó unificada en contra, pero no consiguió los votos para tumbar la reforma.

El proyecto de dictamen, que forma parte del “Plan C” del Presidente López Obrador, propone la desaparición de estos organismos y la transferencia de sus funciones a diversas dependencias de la administración pública federal, lo que despertó alertas en la Organización de las Naciones Unidas.

“La desaparición del INAI y la fragmentación de sus competencias podría debilitar la protección de la privacidad, ya que la fragmentación de responsabilidades puede conducir a una falta de coherencia y eficacia en la aplicación de las leyes de protección de datos personales”, explicaron las relatorías en un comunicado.

La Organización de las Naciones Unidas explicó que, a través de su actividad desde el 2002, el Instituto ha empoderado a la ciudadanía mexicana para que conozca cómo controlar su información personal, así como a que pueda acceder a información de interés público.

Esta incertidumbre implicaría, en primer lugar, sostuvieron las relatorías, pueden merar la esencia de la transparencia como un mecanismo de democratización en el ejercicio del poder público.”La propuesta de fragmentar la función de garantía que desempeña el INAI generaría una afectación sustantiva a los derechos constitucionales reconocidos para la sociedad y una merma democrática en relación con la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales”, añadieron.

Esta incertidumbre implicaría, en primer lugar, sostuvieron las relatorías, pueden merar la esencia de la transparencia como un mecanismo de democratización en el ejercicio del poder público.”La propuesta de fragmentar la función de garantía que desempeña el INAI generaría una afectación sustantiva a los derechos constitucionales reconocidos para la sociedad y una merma democrática en relación con la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales”, añadieron.

“En segundo lugar, la garantía efectiva de estos derechos se alcanza cuando el órgano responsable de garantizarlos se encuentra fuera de la esfera de influencia del poder político. Los Estados deberían propugnar procesos, mecanismos y herramientas que permitan al ciudadano ejercer sus derechos y obliguen a las autoridades, mediante los caminos institucionales, a cumplirlos”, apuntaron.

Las relatorías pidieron al Estado mexicano proporcionar cualquier información sobre cómo se garantizará la protección de los datos personales sin un órgano autónomo como el INAI, y sobre las medidas que se tomarán para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública sin la supervisión del INAI, indicando qué entidades serán encargadas de ello.

Igualmente, insistieron en que se indique cómo se garantizará que la eliminación del INAI no debilite los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia “esenciales para una democracia”; y los mecanismos que se implementarán para asegurar “que los ciudadanos sigan teniendo acceso a la información necesaria para participar activamente en la vida pública”.

Asimismo, pidieron proporcionar información sobre “cómo se alineará la reforma con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, específicamente en relación con la privacidad y la protección de datos”, y también información sobre qué entidad asumirá la responsabilidad de revisar y resolver los recursos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales.

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