La agresión y amenazas de muerte contra el reportero Makario Sierra encendieron las alertas en Guanajuato y provocaron una reacción inmediata del gobierno estatal, que condenó los hechos y confirmó la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron el pasado 20 de abril y, presuntamente, habrían sido perpetrados por agentes de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado, lo que ha generado preocupación en el gremio periodístico por la gravedad de las acusaciones.

El secretario de Gobierno de la entidad, Jorge Jiménez Lona, fue contundente al señalar que en Guanajuato no se tolerarán agresiones contra periodistas, al tiempo que reiteró el compromiso institucional de garantizar la libertad de expresión y el respeto pleno al ejercicio informativo.

El funcionario detalló que, tras lo ocurrido, se estableció contacto inmediato con el reportero afectado, quien fue trasladado para recibir atención médica especializada, incluyendo la realización de una tomografía. Hasta el momento, se reporta fuera de peligro.

Jiménez Lona subrayó que existe total disposición por parte de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo una investigación a fondo y sancionar a quienes resulten responsables, en caso de confirmarse la participación de servidores públicos en la agresión.

En ese sentido, hizo un llamado a permitir que las indagatorias sigan su curso y se esclarezcan los hechos con base en pruebas, al tiempo que se garantiza justicia para la víctima.

El secretario de Gobierno también recordó que en la entidad existen mecanismos de apoyo para periodistas que sufran daños o afectaciones en el ejercicio de su labor, incluyendo respaldos de tipo económico, como parte de las políticas de protección al gremio.

La agresión contra Makario Sierra se suma a los casos que mantienen bajo presión la relación entre autoridades y medios de comunicación, en un contexto donde organizaciones nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de reforzar las garantías de seguridad para periodistas en el país.

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El gobierno del estado de Guanajuato, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, envió al Congreso local su propuesta de Ley de Ingresos para 2026, en la que contempla un fuerte incremento al refrendo anual para vehículos. De aprobarse, los automovilistas pasarían de pagar 672 pesos (tarifa vigente en 2025) a 1,180 pesos —un alza de 508 pesos, es decir, un 76 %. 

Para los propietarios de motocicletas y vehículos similares también habrá un ajuste: el costo, hoy de 165 pesos, se prevé que suba a 200 pesos. 

Según datos oficiales, en Guanajuato están registrados aproximadamente 1 millón 749 mil 554 vehículos entre automóviles, camiones, remolques y remolques semi-remolques.  Esto significa que una parte significativa de los propietarios de vehículos se vería afectada. En cuanto a las motocicletas, se estima que circulan cerca de 696 mil 442 unidades en la entidad. 

En la exposición de motivos de la iniciativa, el gobierno estatal comparó las tarifas vigentes con las de otras entidades federativas, argumentando que con los nuevos montos, el costo del refrendo en Guanajuato se acercaría al promedio nacional, justificando así el ajuste. 

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) criticó fuertemente el aumento, calificándolo como “un golpe a los contribuyentes”, especialmente en un contexto de economía doméstica ajustada. Los representantes del gremio sostienen que el incremento no parece motivado por necesidad técnica o administrativa, sino por una búsqueda adicional de ingresos estatales. 

El incremento formará parte del paquete económico 2026 que deberá ser votado en el pleno del Congreso del Estado de Guanajuato el próximo 17 de diciembre. Para que la medida prospere, bastará con mayoría simple: 19 de los 36 diputados locales. Actualmente, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) cuenta con 17 votos, por lo que sólo necesita convencer a al menos dos legisladores de otras fuerzas para aprobar el aumento. 

De concretarse, el ajuste representará un incremento sustancial para los ciudadanos con vehículo, afectando no solo a quienes dependen del automóvil para sus traslados, sino también a quienes trabajan con motocicletas o traslados similares. Además, generará un debate sobre la conveniencia social de aumentar impuestos en un momento de presión económica para las familias guanajuatenses.

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A un año de la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana que regula la valoración para acreditar la discapacidad en el país, Guanajuato se consolida como impulsor de sistemas de información y de datos que sean la base de políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad en nuestro país, así como atención a grupos prioritarios.
Esto fortalece las capacidades técnicas en esta materia de nuestro país para dar cumplimiento a compromisos internacionales como por ejemplo las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“En el reporte de avances en este primer año de la NOM 039 que regula la valoración para acreditar la discapacidad, con base en un modelo biopsicosocial y enfoque de derechos humanos, nuestra entidad estuvo presente”, señaló el Subsecretario para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Carlos Daigoro Fonce Segura.
Guanajuato: liderazgo técnico desde lo local
Dijo el funcionario estatal que en el marco del Encuentro Anual de la Red de Familias de Clasificadores Internacionales de la Organización Mundial de la Salud, México presentó tres reportes técnicos en esa materia antes señalada.
Los reportes dan cuenta del despliegue técnico, clínico y administrativo que está permitiendo al país construir un sistema de certificación alineado con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) y del cual se nutre el primer sistema de información sobre funcionamiento dentro del Sistema Nacional de Información en Salud de México.
El primero tiene que ver con la Composición sociodemográfica de las personas certificadas. En este contexto se reportó el análisis de poco más de 13 mil valoraciones realizadas en diferentes estados del país en los estados donde el trámite está disponible, se procesaron variables como sexo, edad, nivel educativo, pertenencia indígena, acceso a apoyos sociales y situación laboral. Esta caracterización permite visibilizar patrones de desigualdad que afectan de manera diferenciada a ciertos grupos, como las mujeres o personas indígenas con discapacidad.
El segundo se refiere a la Ponderación porcentual de la discapacidad. En esta materia se analizaron los puntajes resultantes del sistema de certificación basado en tres dominios: funciones y estructuras del cuerpo (40%), actividades y participación (40%) y factores ambientales (20%). El 91% de las personas evaluadas superaron el umbral del 25% requerido para obtener el Certificado Electrónico de Discapacidad (CEDis).
Finalmente, el tercero se refiere a la Aplicación nacional del instrumento WHODAS 2.0, el cual es una herramienta desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar la discapacidad en individuos, con base en los aspectos de cognición, movilidad, cuidado personal, interacción, actividades de la vida diaria y participación en la sociedad.
Se documentó el uso estandarizado de esta herramienta en más de 13 mil personas adultas. Uno de los primeros hallazgos es cómo las áreas que las personas manifiestan mayores restricciones, fueron las actividades de la vida diaria y la participación social, lo que refuerza la urgencia de entornos accesibles, programas de apoyo comunitario y políticas centradas en la autonomía funcional.
“Desde lo local, Guanajuato fortalece las políticas más justas, proporcionales y centradas en la persona ya que la participación de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato muestra el potencial del trabajo colaborativo entre los estado y federación para lo anterior”, subrayó Fonce Segura.
México cumple con sus compromisos internacionales
Con la presentación de estos reportes, México contribuye al cumplimiento del Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que obliga a los Estados a recolectar datos apropiados para formular políticas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, abona al logro de la meta 17.18 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que impulsa la generación de datos desglosados para atender a los grupos en situación de vulnerabilidad.

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La Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, visitó el municipio de Uriangato para escuchar de cerca a las y los comerciantes, conocer sus necesidades y seguir construyendo juntos mejores oportunidades para el sector textil-confección, el cual da empleo a miles de familias en la región.

El Clúster Moda representa el 7.6% del PIB estatal, genera más de 156 mil empleos directos y reúne a más de 19 mil 500 negocios en su cadena productiva. En 2023, sus exportaciones superaron los 956 millones de dólares, consolidándose como un pilar económico para miles de familias guanajuatenses.

Acompañada por el Presidente Municipal Juan Carlos Martínez Calderón, así como por Luis Andrés Álvarez Aranda, Subsecretario de Empleo y Formación Laboral, Alejandro Hernández Fonseca, Subsecretario de Atracción de Inversiones y Froylan Salas Navarro, Subsecretario para el Desarrollo de las MIPYMES, la Secretaria recorrió la Plaza Proyecto de Fe y las principales calles del corredor comercial, donde constató la fuerza y el arraigo de una vocación productiva que ha puesto a Uriangato en el mapa nacional.

La Secretaria destacó que, bajo la visión de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se impulsan políticas públicas que colocan a la persona en el centro. A través de Marca Guanajuato y estrategias de financiamiento, capacitación y comercialización, se construyen mejores condiciones para que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) crezcan, generen empleo y se consoliden.

Durante la gira, se inauguró la rehabilitación de la Plaza Victoria, un espacio emblemático para el comercio local, que sigue siendo punto de encuentro y sustento para 45 locatarios, 22 mujeres y 17 hombres, que fortalecen la economía del estado.

Esta obra fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Municipio, con una inversión superior a los 9.9 millones de pesos, más de 5.9 millones aportados por el estado y 4 millones por el gobierno municipal.

El proyecto se llevó a cabo a través del programa Mi Plaza, y consistió en la rehabilitación de más de 490 metros cuadrados con mejoras estructurales, en servicios e imagen urbana, brindando un espacio más digno, limpio y seguro para las y los comerciantes y visitantes.

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En Guanajuato, el robo de combustible es uno de los delitos que genera la violencia que y los homicidios y además de trabajar en conjunto con las autoridades de los tres niveles de gobierno y Pemex, la gobernadora Libia Denisse García, aseveró que con labores de inteligencia y el SAT, irán detrás de las gasolineras que compran robado.

La gobernadora Libia Denisse dijo que “es sabido que el poliducto Tula-Salamanca es el que mayor extracción ilegal presenta. Entonces, estamos concentrados particularmente en esta región de Guanajuato, en los municipios de Salamanca, en Pénjamo, en Villagrán y en Juventino Rosas.

Estamos trabajando de manera muy importante y también en el tema de huachicol fiscal, el que le llaman ahora de esta manera, que es trabajar con el SAT y con la unidad de inteligencia financiera, para para que se hagan estos estas observaciones, cateos y decomisos en las gasolineras que pudieran estar comprando o robando”, sostuvo.

Señaló que la información del tema fiscal la han puesto en la mesa cuando van a la Ciudad de México y aunque de este tema no se habló el día de ayer, las autoridades fiscales tienen la información y serán ellas quienes estarán al pendiente.

“Además, hemos tenido todo el respaldo de Petróleos Mexicanos (Pemex), cada 15 días tenemos la presencia de Pemex logística en nuestras reuniones de inteligencia operativa, tenemos hoy plataformas trabajando para detectar aquí en el estado las desviaciones volumétricas. Tenemos una total colaboración con la Guardia Nacional, hemos estado poniendo a funcionar drones para estar ubicando los lugares porque no solo es el decomiso de este hidrocarburo robado o extraído de manera ilegal, sino detenciones, porque eso es lo que nos permite bajar los indicadores delictivos y ya ha habido detenciones importantes”, destacó la mandataria estatal.

Reiteró que muchas de ellas se encuentran en proceso de ministerialización y en cuanto haya una orden de aprehensión y una determinación por parte de la autoridad jurisdiccional, se podrán dar a conocer los resultados.
Libia Denisse especificó que aunque el tema del robo de combustible es delito federal que está a cargo de la Guardia Nacional, se trabaja de manera coordinada.

“Tenemos desde hace tiempo células mixtas trabajando en el estado y es el personal de Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de las fiscalías y de la Secretaría de Seguridad y Paz trabajando ya en campo para detectar este tema.

Algo que sí quiero destacar de manera importante es que todo este trabajo no sería posible sin las labores de investigación, de inteligencia que está haciendo la Secretaría de Seguridad y Paz”, especificó la Gobernadora de Guanajuato.

Anunció que no van a patrullar solamente, sino que ahora se trabajará además con el Sistema de Administración Tributaria para revisar a las gasolineras que están comprando robado.

“No vamos a patrullar nada más por patrullar, porque sabemos que el solo patrullaje o presencia no va a reducir los indicadores delictivos o los índices. Lo que estamos haciendo es trabajar desde el gabinete información de inteligencia que nos permita ir ahí a donde está el problema.

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