El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a México la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otras nueve personas, por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

La petición fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que de inmediato turnó el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe la procedencia de las solicitudes conforme al marco legal mexicano y al tratado bilateral de extradición vigente.

En un comunicado oficial emitido este 29 de abril, la cancillería informó que, tras una revisión preliminar, los documentos enviados por el gobierno estadounidense no contienen elementos probatorios suficientes para determinar la responsabilidad penal de los señalados. No obstante, precisó que será la FGR la instancia encargada de analizar si existen pruebas que sustenten una eventual detención.

La solicitud deriva de una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde se imputa a un grupo de diez personas —entre ellas funcionarios en activo y exservidores públicos— por presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, los acusados habrían facilitado el envío de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de brindar protección institucional a integrantes del crimen organizado, particularmente a la facción conocida como “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Entre los señalados también figuran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázarez, y el vicefiscal estatal Dámaso Castro Saavedra.

La SRE informó que las solicitudes fueron recibidas el pasado 28 de abril a las 18:00 horas y subrayó que, conforme a los tratados internacionales, la información relacionada con estos procesos debe manejarse bajo estricta confidencialidad. Por ello, adelantó que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que el caso fue dado a conocer públicamente.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha confirmado acciones judiciales en contra de los implicados, mientras continúa el análisis jurídico del caso.

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