Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), cuestionó fuertemente la legalidad y efectividad de las fotomultas, al asegurar que se trata de un mecanismo predominantemente recaudatorio más que preventivo.
González Palomino reveló que de los casos asesorados por la AMDA para interponer amparos contra estas sanciones, han perdido solo uno o dos, lo que representa un índice de éxito de hasta 98%.
“La verdad nos ha ido muy bien. Creo que perdimos un caso o si acaso dos, por un tema de legitimidad”, señaló.
El dirigente subrayó que, si la estrategia de fotomultas hubiera demostrado eficacia real para reducir accidentes, las autoridades ya lo habrían publicitado ampliamente.
Asimismo, explicó que la AMDA no promueve el exceso de velocidad, sino la defensa del estado de derecho y los derechos humanos, al considerar que estas sanciones violan principios legales fundamentales. El argumento central es que se multa al vehículo y no al conductor, lo que contraviene el marco legal, ya que en el derecho administrativo se debe identificar al infractor, como ocurre en el derecho penal.
González Palomino introdujo la llamada regla del “80-20”, que ejemplifica el efecto limitado de normas presuntamente inconstitucionales:
“Sacan una norma que a la vista es inconstitucional y solamente el 20% que tiene la posibilidad de interponer un amparo o de quejarse lo va a hacer. El otro 80% no”, advirtió.
Esto ha llevado a que miles de personas paguen las fotomultas sin cuestionarlas, ya sea con dinero o con trabajo comunitario. Aun así, el creciente conocimiento sobre el tema ha generado que cada vez más ciudadanos recurran a recursos legales para impugnar estas sanciones.

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