La investigación federal contra el robo de combustible en Guanajuato dio un giro de alto impacto. La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que existen indagatorias en curso contra trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) por su presunta participación en una red que facilitaba la apertura de tomas clandestinas para abastecer de hidrocarburo a grupos del crimen organizado.

El delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, confirmó que las investigaciones ya alcanzan a personal de la empresa productiva del Estado, al advertir que existen indicios de su colaboración con organizaciones dedicadas al llamado “huachicol”, uno de los negocios ilícitos que mayor rentabilidad genera para los grupos criminales que operan en la entidad.

Las declaraciones fueron realizadas después de un evento de destrucción de droga y mercancía asegurada, donde el funcionario también informó que las investigaciones derivadas de el cierre y aseguramiento de cuatro gasolineras en León y Guanajuato continúan avanzando. Hasta ahora, los propietarios de esos establecimientos no han logrado demostrar el origen legal del combustible que comercializaban ni presentar la documentación requerida por las autoridades federales.

El operativo, aseguró Vera Ayala, provocó un efecto inmediato en el estado. Diversas estaciones de servicio ubicadas en León, Irapuato, Salamanca y la región Laja-Bajío suspendieron operaciones al percatarse de la presencia de las autoridades federales, aunque aclaró que cerrar sus puertas no las libera de posibles responsabilidades penales.

La FGR mantiene abiertas las investigaciones y solicitará información tanto a las autoridades reguladoras como a Pemex y a empresas importadoras para reconstruir la ruta de distribución del combustible. Además, mediante estudios especializados de colorimetría será posible determinar si la gasolina y el diésel asegurados provienen de ductos de Pemex, de importaciones legales o de extracción ilícita.

El delegado federal también señaló que el robo de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales detonantes de la violencia en Guanajuato, donde los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación mantienen una disputa por el control de este mercado ilegal, especialmente en el corredor industrial que atraviesa la entidad y conecta con la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca.

Las cifras reflejan la dimensión del problema. Reportes elaborados con datos de Pemex ubican a Guanajuato entre las entidades con mayor incidencia de tomas clandestinas del país. Tan sólo durante el primer trimestre de 2026 se identificaron decenas de perforaciones ilegales en ductos, mientras que en los últimos meses las autoridades estatales y federales han asegurado millones de litros de combustible robado en distintos operativos, reforzando la ofensiva contra una de las principales fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada.

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Después de semanas de ausencia pública y rumores sobre su paradero, varios personajes ligados a Morena reaparecieron luego de que la Fiscalía General de la República confirmara que los citará a comparecer por investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.
Entre los señalados se encuentran Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez Mendívil y Enrique Inzunza Cázarez, quienes aseguraron públicamente que acudirán ante las autoridades y rechazaron tener relación con actividades criminales.
La presión política escaló desde finales de abril, cuando fiscales de Estados Unidos presentaron acusaciones en Nueva York que relacionan a funcionarios sinaloenses con operaciones del Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos.
El caso provocó un terremoto político en Sinaloa. Durante más de 20 días, varios funcionarios evitaron apariciones públicas, suspendieron actividades y guardaron silencio mientras crecían las especulaciones sobre posibles órdenes judiciales y bloqueos financieros.
La FGR informó que las comparecencias buscan fortalecer la investigación mexicana derivada de las acusaciones estadounidenses. Paralelamente, el gobierno confirmó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con los implicados.
El escándalo dio un giro aún más delicado luego de que exfuncionarios de seguridad y finanzas del estado se entregaran a autoridades estadounidenses, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación y cooperación bilateral.
La crisis amenaza con convertirse en uno de los episodios políticos más delicados para Morena en el actual sexenio, especialmente por el impacto que tendría en la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico.

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El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo para separarse temporalmente del cargo, en medio de las investigaciones abiertas por autoridades de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República, por presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó este martes que el funcionario presentó formalmente su solicitud, argumentando su disposición para colaborar con cualquier requerimiento legal “en estricto apego al marco jurídico”.

La decisión ocurre apenas unos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara acusaciones contra una red de actuales y exfuncionarios de Sinaloa, presuntamente relacionados con operaciones de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados aparecen el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos policiacos y exfuncionarios estatales.

Horas antes de la licencia, la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo reconoció públicamente que ya se analizaba separar temporalmente del cargo al vicefiscal para evitar afectaciones a las investigaciones federales en curso.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios nacionales e internacionales, Dámaso Castro habría sido mencionado en una investigación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se le relaciona con presuntos actos de protección e intercambio de información a favor de integrantes del crimen organizado. El funcionario ha rechazado públicamente las acusaciones y hasta el momento no existe una resolución judicial en su contra.

La salida temporal de Castro Saavedra se suma a la licencia solicitada recientemente por el gobernador Rubén Rocha Moya y por el alcalde de Culiacán, en medio de una crisis política que mantiene bajo presión al gobierno sinaloense.

Hasta ahora, la Fiscalía de Sinaloa no ha informado quién asumirá de manera provisional las funciones operativas de la Vicefiscalía General, mientras continúan las investigaciones impulsadas por autoridades mexicanas y estadounidenses.

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La Fiscalía General de la República, citó a declarar a cerca de 50 agentes de seguridad en el estado de Chihuahua, como parte de las investigaciones por la presunta participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, en operativos realizados en territorio mexicano.

El caso se deriva de un operativo efectuado el pasado 19 de abril en la Sierra del Pinal, donde autoridades locales habrían intervenido un presunto narcolaboratorio. En ese contexto, se reportó la muerte de dos agentes estadounidenses, así como la participación de otros dos elementos extranjeros.

De acuerdo con el fiscal especial de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López, existen al menos dos líneas de investigación abiertas para esclarecer las circunstancias del operativo, así como la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional.

El funcionario federal advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables de haber permitido o facilitado la presencia de agentes extranjeros en acciones encubiertas dentro del país, sin los protocolos legales correspondientes.

Como parte de las indagatorias, la FGR ha solicitado información a diversas autoridades para verificar si los agentes estadounidenses contaban con acreditaciones oficiales, así como las condiciones jurídicas que habrían justificado su intervención en el operativo.

“La Fiscalía es la única autoridad competente para realizar este tipo de investigaciones y se procederá de manera exhaustiva para esclarecer los hechos”, señaló Lara López en un mensaje difundido a través de redes sociales.

El caso ha generado preocupación por posibles violaciones a la soberanía nacional, en medio de un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que ahora se encuentra bajo escrutinio.

La FGR reiteró que continuará con la recopilación de pruebas para determinar responsabilidades y establecer si hubo irregularidades en la actuación de autoridades locales y la eventual participación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

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En medio de una jornada marcada por la confusión y versiones encontradas entre el Ejecutivo y el Legislativo, Alejandro Gertz Manero dejó este miércoles la titularidad de la Fiscalía General de la República, cargo que ocupó desde enero de 2019 y que originalmente concluiría en 2028. Su salida fue avalada por el Senado tras recibir una carta en la que notificó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso para encabezar la embajada de México en un “país amigo” de Europa occidental, según confirmaron fuentes legislativas.

Aunque horas antes la presidenta había declarado en Palacio Nacional que no tenía conocimiento de una renuncia y que revisaba un “documento” enviado por el Senado, la misiva de Gertz llegó a la Cámara Alta alrededor de las 17:30 horas, después de casi un día de rumores y de un prolongado receso en la sesión extraordinaria. En la carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, el fiscal no utilizó la palabra renuncia; simplemente informó su “retiro” del cargo para asumir una nueva responsabilidad diplomática.

“Esta propuesta me permitirá continuar sirviendo a mi país desde otra trinchera, en una labor que agradezco profundamente”, señaló Gertz, quien justificó su decisión en su trayectoria y en su vocación de servicio público.

Antes de abandonar la FGR, el funcionario realizó un último movimiento interno: designó a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, lo que la coloca automáticamente como encargada del despacho durante el proceso de sucesión. Godoy, ex fiscal de la Ciudad de México y senadora electa, ha sido una figura cercana a Morena y ha ocupado diversos cargos en el ámbito jurídico y administrativo.

La aprobación del “retiro” no estuvo exenta de confrontación política. Bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la salida del fiscal no respondiera a una causa grave, como establece la ley orgánica de la institución. Legisladores de oposición afirmaron que el nombramiento diplomático constituía “un premio” y no un motivo válido para dejar el puesto. “No es una renuncia, es una instrucción”, reclamó el priista Manuel Añorve.

Con 87 votos a favor y nueve en contra, el Senado dio luz verde a la separación del cargo y emitió la convocatoria para iniciar el proceso que definirá a la nueva persona titular de la Fiscalía General, mientras Godoy asume provisionalmente el control de la institución.

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La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia de Miss Universo, por presuntos vínculos con redes delictivas relacionadas con La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque el mandato judicial fue librado desde el 15 de noviembre, la detención no se concretó debido a que el empresario decidió acogerse a un criterio de oportunidad, confirmaron fuentes federales.

La orden fue emitida por el juez Rodrigo Rosales Salazar, del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, dentro de la causa penal 495/2025, donde se le atribuyen los delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y operaciones ilícitas vinculadas a hidrocarburos.

De acuerdo con la carpeta judicial, las autoridades integran una investigación desde finales de 2024, cuando una denuncia anónima señaló la existencia de una estructura criminal dedicada a la compraventa de armas de grueso calibre, presunto lavado de dinero mediante empresas de seguridad privada y actividades relacionadas con el tráfico de combustibles robados.

En la misma resolución judicial se ordenó detener a otros nueve presuntos integrantes de esta red, entre ellos Jacobo Reyes León, identificado como “Yaicob” o “El Licenciado”; Jorge Alberts Ponce, alias “Yoryi”; Alejandro Jacob Álvarez, “Ale”; y Daniel Roldán Morales, “El Inge”. Todos ellos estarían vinculados con la empresa Valvón Servicios Integrales, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, la cual, según la indagatoria, habría sido utilizada para ocultar recursos y facilitar la comercialización de armamento.

La denuncia refiere que Rocha Cantú habría sostenido encuentros con algunos de estos operadores criminales y que, incluso, viajaba en vuelos privados desde Monterrey para reunirse con ellos. También se menciona que armas ingresadas al país por la frontera con Guatemala eran almacenadas temporalmente en una propiedad conocida como La Espuela, antes de ser redistribuidas.

El caso generó reacciones políticas inmediatas. En el Senado, los coordinadores del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, Manuel Añorve, exigieron que la FGR lleve la investigación “hasta las últimas consecuencias” y advirtieron que no debe haber trato privilegiado por la relevancia pública del empresario.

Ambos partidos insistieron en que la fiscalía debe transparentar el criterio de oportunidad concedido a Rocha Cantú y garantizar que la investigación continúe sin interferencias.

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Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino, se presentaron este lunes en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Irapuato para atender los citatorios entregados el viernes a diversos productores. Según los propios afectados, acudieron en calidad de imputados por presunta obstrucción o ataques a las vías generales de comunicación, derivado de los bloqueos carreteros realizados en días recientes en distintos puntos de Guanajuato. 

Al menos 12 agricultores, principalmente productores de maíz y sorgo, fueron notificados por la representación estatal de la FGR. Las cifras podrían incrementarse conforme avancen las indagatorias, advirtió la defensa de los campesinos, mientras que el MAC sostiene que su protesta fue pacífica y en defensa del precio del grano. 

La comparecencia ocurre tras la jornada de cierres que afectó tramos de la federal 45 y carreteras estatales, acciones que el movimiento justificó como presión para abrir una mesa de negociación. Voceros del MAC han denunciado “criminalización” del movimiento y adelantaron que mantendrán la organización en tanto no haya soluciones integrales; incluso grupos disidentes amagaron con nuevas protestas en torno a la Expo Agroalimentaria de Irapuato. 

En el plano federal, la Secretaría de Agricultura anunció la semana pasada un esquema de apoyo que incluye 950 pesos por tonelada y un precio de referencia de 6,050 pesos, con créditos y seguros, dirigido principalmente a productores del Bajío, entre ellos Guanajuato. Aunque ese anuncio desactivó temporalmente varios bloqueos, organizaciones campesinas señalan que los acuerdos son parciales y no atienden a todos los estados ni cubren los costos actuales de producción. 

Mientras la FGR integra las carpetas de investigación por los cierres viales, los productores que acudieron hoy a declarar insistieron en que no cometieron delito y que su objetivo fue visibilizar la crisis del campo. “No somos criminales; levantamos la voz por un precio justo”, expresaron a la salida de la sede ministerial. 

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Luego de que la tarde del jueves 18 de julio a raíz de denuncias presentadas por varias marcas internacionales de calzado ante la Fiscalía General de la República (FGR), se realizaran cateos en al menos cinco fábricas de calzado, empresarios zapateros aplaudieron la acción.

Mauricio Battaglia, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Guanajuato (CICEG), siempre ha sido promotora de una cultura de legalidad y reconoce que las autoridades competentes han actuado a favor de la industria.

Este operativo fue coordinado por agentes de la FGR con apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Cuauhtémoc y la comunidad de La Estación, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

“En la CICEG somos un organismo que busca impulsar el desarrollo de la industria del calzado y la marroquinería en conjunto con las autoridades de todos los niveles, a través del desarrollo de marcas propias, con una cultura de formalidad, buscando el bienestar de los colaboradores y fortaleciendo la competitividad, con la misión de lograr un comercio justo y equitativo”, destacó el líder de los zapateros en Guanajuato.

Como gremio, el organismo empresarial exhortó al sector a trabajar con legalidad y en defensa del empleo de miles de familias.
“Exhortamos a las autoridades del Gobierno del Estado y de los Municipios del Rincón a que trabajemos para implementar programas de apoyo para fortalecer la competitividad, dado que también se debe salvaguardar el derecho al empleo de miles de personas que laboran en la industria”, finalizó.

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