En medio de una jornada marcada por la confusión y versiones encontradas entre el Ejecutivo y el Legislativo, Alejandro Gertz Manero dejó este miércoles la titularidad de la Fiscalía General de la República, cargo que ocupó desde enero de 2019 y que originalmente concluiría en 2028. Su salida fue avalada por el Senado tras recibir una carta en la que notificó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso para encabezar la embajada de México en un “país amigo” de Europa occidental, según confirmaron fuentes legislativas.

Aunque horas antes la presidenta había declarado en Palacio Nacional que no tenía conocimiento de una renuncia y que revisaba un “documento” enviado por el Senado, la misiva de Gertz llegó a la Cámara Alta alrededor de las 17:30 horas, después de casi un día de rumores y de un prolongado receso en la sesión extraordinaria. En la carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, el fiscal no utilizó la palabra renuncia; simplemente informó su “retiro” del cargo para asumir una nueva responsabilidad diplomática.

“Esta propuesta me permitirá continuar sirviendo a mi país desde otra trinchera, en una labor que agradezco profundamente”, señaló Gertz, quien justificó su decisión en su trayectoria y en su vocación de servicio público.

Antes de abandonar la FGR, el funcionario realizó un último movimiento interno: designó a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, lo que la coloca automáticamente como encargada del despacho durante el proceso de sucesión. Godoy, ex fiscal de la Ciudad de México y senadora electa, ha sido una figura cercana a Morena y ha ocupado diversos cargos en el ámbito jurídico y administrativo.

La aprobación del “retiro” no estuvo exenta de confrontación política. Bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la salida del fiscal no respondiera a una causa grave, como establece la ley orgánica de la institución. Legisladores de oposición afirmaron que el nombramiento diplomático constituía “un premio” y no un motivo válido para dejar el puesto. “No es una renuncia, es una instrucción”, reclamó el priista Manuel Añorve.

Con 87 votos a favor y nueve en contra, el Senado dio luz verde a la separación del cargo y emitió la convocatoria para iniciar el proceso que definirá a la nueva persona titular de la Fiscalía General, mientras Godoy asume provisionalmente el control de la institución.

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La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia de Miss Universo, por presuntos vínculos con redes delictivas relacionadas con La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque el mandato judicial fue librado desde el 15 de noviembre, la detención no se concretó debido a que el empresario decidió acogerse a un criterio de oportunidad, confirmaron fuentes federales.

La orden fue emitida por el juez Rodrigo Rosales Salazar, del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, dentro de la causa penal 495/2025, donde se le atribuyen los delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y operaciones ilícitas vinculadas a hidrocarburos.

De acuerdo con la carpeta judicial, las autoridades integran una investigación desde finales de 2024, cuando una denuncia anónima señaló la existencia de una estructura criminal dedicada a la compraventa de armas de grueso calibre, presunto lavado de dinero mediante empresas de seguridad privada y actividades relacionadas con el tráfico de combustibles robados.

En la misma resolución judicial se ordenó detener a otros nueve presuntos integrantes de esta red, entre ellos Jacobo Reyes León, identificado como “Yaicob” o “El Licenciado”; Jorge Alberts Ponce, alias “Yoryi”; Alejandro Jacob Álvarez, “Ale”; y Daniel Roldán Morales, “El Inge”. Todos ellos estarían vinculados con la empresa Valvón Servicios Integrales, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, la cual, según la indagatoria, habría sido utilizada para ocultar recursos y facilitar la comercialización de armamento.

La denuncia refiere que Rocha Cantú habría sostenido encuentros con algunos de estos operadores criminales y que, incluso, viajaba en vuelos privados desde Monterrey para reunirse con ellos. También se menciona que armas ingresadas al país por la frontera con Guatemala eran almacenadas temporalmente en una propiedad conocida como La Espuela, antes de ser redistribuidas.

El caso generó reacciones políticas inmediatas. En el Senado, los coordinadores del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, Manuel Añorve, exigieron que la FGR lleve la investigación “hasta las últimas consecuencias” y advirtieron que no debe haber trato privilegiado por la relevancia pública del empresario.

Ambos partidos insistieron en que la fiscalía debe transparentar el criterio de oportunidad concedido a Rocha Cantú y garantizar que la investigación continúe sin interferencias.

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Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino, se presentaron este lunes en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Irapuato para atender los citatorios entregados el viernes a diversos productores. Según los propios afectados, acudieron en calidad de imputados por presunta obstrucción o ataques a las vías generales de comunicación, derivado de los bloqueos carreteros realizados en días recientes en distintos puntos de Guanajuato. 

Al menos 12 agricultores, principalmente productores de maíz y sorgo, fueron notificados por la representación estatal de la FGR. Las cifras podrían incrementarse conforme avancen las indagatorias, advirtió la defensa de los campesinos, mientras que el MAC sostiene que su protesta fue pacífica y en defensa del precio del grano. 

La comparecencia ocurre tras la jornada de cierres que afectó tramos de la federal 45 y carreteras estatales, acciones que el movimiento justificó como presión para abrir una mesa de negociación. Voceros del MAC han denunciado “criminalización” del movimiento y adelantaron que mantendrán la organización en tanto no haya soluciones integrales; incluso grupos disidentes amagaron con nuevas protestas en torno a la Expo Agroalimentaria de Irapuato. 

En el plano federal, la Secretaría de Agricultura anunció la semana pasada un esquema de apoyo que incluye 950 pesos por tonelada y un precio de referencia de 6,050 pesos, con créditos y seguros, dirigido principalmente a productores del Bajío, entre ellos Guanajuato. Aunque ese anuncio desactivó temporalmente varios bloqueos, organizaciones campesinas señalan que los acuerdos son parciales y no atienden a todos los estados ni cubren los costos actuales de producción. 

Mientras la FGR integra las carpetas de investigación por los cierres viales, los productores que acudieron hoy a declarar insistieron en que no cometieron delito y que su objetivo fue visibilizar la crisis del campo. “No somos criminales; levantamos la voz por un precio justo”, expresaron a la salida de la sede ministerial. 

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Luego de que la tarde del jueves 18 de julio a raíz de denuncias presentadas por varias marcas internacionales de calzado ante la Fiscalía General de la República (FGR), se realizaran cateos en al menos cinco fábricas de calzado, empresarios zapateros aplaudieron la acción.

Mauricio Battaglia, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Guanajuato (CICEG), siempre ha sido promotora de una cultura de legalidad y reconoce que las autoridades competentes han actuado a favor de la industria.

Este operativo fue coordinado por agentes de la FGR con apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Cuauhtémoc y la comunidad de La Estación, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

“En la CICEG somos un organismo que busca impulsar el desarrollo de la industria del calzado y la marroquinería en conjunto con las autoridades de todos los niveles, a través del desarrollo de marcas propias, con una cultura de formalidad, buscando el bienestar de los colaboradores y fortaleciendo la competitividad, con la misión de lograr un comercio justo y equitativo”, destacó el líder de los zapateros en Guanajuato.

Como gremio, el organismo empresarial exhortó al sector a trabajar con legalidad y en defensa del empleo de miles de familias.
“Exhortamos a las autoridades del Gobierno del Estado y de los Municipios del Rincón a que trabajemos para implementar programas de apoyo para fortalecer la competitividad, dado que también se debe salvaguardar el derecho al empleo de miles de personas que laboran en la industria”, finalizó.

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