Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el incremento de la extorsión no solo pone en riesgo la tranquilidad en el tejido social y la seguridad, sino también la economía del país, Héctor Rodríguez, presidente del organismo en León, señaló que se debe tener una Ley General en contra de la extorsión.
Ante los recientes hechos de violencia y la inseguridad que prevalece en diversos estados del país y que lastiman a familias y a toda la sociedad, consideramos urgente reforzar las políticas, la estrategia y las medidas de seguridad.
Este delito afecta a empresas de todos los tamaños, especialmente a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) y familias mexicanas. Sus modalidades como llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación generan incertidumbre y frenan el desarrollo inclusivo del país. Es urgente discutir y aprobar una Ley General contra la extorsión. En esta Señal COPARMEX exponemos nuestros argumentos y posturas respecto al tema.
La cifra negra es alarmante: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian. El miedo a represalias de criminales y funcionarios deja a las víctimas indefensas. En algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50% en seis años, evidenciando la urgencia de atender este fenómeno.
Solo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un 13.3% más respecto al mes anterior y 3.8% más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos.
Este fenómeno frena el desarrollo y crecimiento económico, ya que las empresas y pequeños negocios destinan recursos para evitar ser víctimas. En muchos casos, se ven obligados a pagar cuotas para seguir operando. En 2023, el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima.
Señaló que el artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar perjuicio patrimonial. La pena actual va de 2 a 8 años de prisión.

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