En una jornada histórica, el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó este jueves la reforma al Código Civil del Estado, que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, y también avaló medidas para penalizar las llamadas “terapias de conversión” en menores. Sin embargo, rechazó por quinta vez en los últimos siete años la despenalización del aborto voluntario. 

Con 25 votos a favor y 9 en contra, los legisladores redefinieron el matrimonio como “la unión libre de dos personas”, en sustitución de la anterior mención de “hombre y mujer”. De esta forma, Guanajuato se suma a los estados de la República que legalizan el matrimonio igualitario, cerrando una brecha de años en materia de derechos de la diversidad sexual.  Legisladores de distintos partidos respaldaron la medida, incluidos algunos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), lo que evidenció una división interna en la bancada. 

Además, con 32 votos a favor, el pleno aprobó sancionar con cárcel de dos a seis años y la aplicación de una multa a quienes apliquen terapias de conversión a menores de edad o personas incapaces. La reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato tipifica estos actos como delitos contra la identidad o expresión de género.  Los defensores de los derechos humanos aplaudieron la medida, subrayando que “no hay nada qué curar”. 

En contraste, las iniciativas para despenalizar el aborto voluntario fueron desechadas nuevamente: 19 diputados votaron en contra y 17 a favor, lo que mantiene vigente la penalización del aborto en la entidad, salvo en los casos previstos en la ley.  Para activistas favorables al derecho a decidir, la decisión representa una negación de justicia y salud pública; para legisladores conservadores, una defensa de la vida desde la concepción. 

La sesión provocó fuertes reacciones: mientras colectivos de la diversidad sexual celebraron el avance hacia la igualdad, grupos conservadores y “provida” lamentaron el respaldo al matrimonio igualitario y a la penalización de terapias de conversión. 

Con estas decisiones, el Congreso local remodela parte del marco normativo del estado. Aunque avanza en el reconocimiento de derechos para la comunidad LGBT+, la respuesta a demandas de derechos reproductivos sigue siendo negativa, lo que anticipa tensiones legislativas y sociales en torno al tema del aborto en los próximos meses.

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