Violan garantías judiciales y el derecho de informarse en desalojo en San Joaquín, el activista y abogado Juan Pablo Delgado, reveló que se exigirá una suspensión para efectos de que se les restituya en la posesión de los predios y se les pueda dotar de una vivienda sustituta, además de tener acceso al expediente judicial para efecto de determinar quién o quiénes fueron las autoridades que obraron de mala forma.
El abogado Juan Pablo Delgado, tomó el caso de tres personas afectadas en el desalojo de la zona de San Joaquín cercano a San Juan de Abajo y lamentó que el gobierno pretenda hacerse de la vista gorda después de 35 años de la existencia de San Juan de Abajo como asentamiento irregular y no se avance en el proceso de regularización generando omisión. Aseguran que se está tomando una acción punitiva.
“El día de ayer también se presentó una demanda de amparo firmada por 45 familias de San Juan de Abajo para efectos de ordenarle al IMUVI y al Ayuntamiento de León, el inicio del proceso de regularización ante la omisión histórica por parte de las autoridades de regular y generar certeza jurídica en la zona”, mencionó.
Además, reveló que el día de ayer las tres personas demandaron al juzgado de partido que ordenó la diligencia, a la Secretaría de Seguridad y Paz por haber participado en la diligencia y a la Policía Municipal.
“Esta demanda se presenta en el contexto de los estándares internacionales en materia de desarrollos forzosos que mandata que para que se pueda presentar un desalojo en general, las personas tienen que ser escuchadas, tomadas en cuenta, ofrecidas de alternativas y tener conocimiento pleno de la problemática, situación que no se cumplió”, especificó

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Luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) realizó un operativo en el rancho El Ramillete del municipio de Dolores Hidalgo presuntamente por explotar a cerca de 700 jornaleros agrícolas, el abogado de la empresa Agroverdi, José de Jesús Espinoza Moreno, dijo que no se cumplieron los protocolos y hubo abuso de autoridad, por lo que interpondrán una demanda en la Procuraduría General de la República ( PGR).

“Vamos a presentar ante la Fiscalía General de la República, por la intervención directa del Fiscal General del Estado, por las acciones que se llevaron a cabo donde no cumplieron con los protocolos, sin orden de cateo y sin la presencia de personal de la empresa.

No mostraron nada, sacaron a una parte a la calle al personal, lo pusieron en un solo cuarto, les quitaron los celulares, arrancaron los servidores de las cámaras para que no hubiera evidencias para acreditar lo que llevaron a cabo”, especificó.

El abogado mostró a los medios de comunicación las instalaciones y aseveró que se cumple con la parte de responsabilidad social de la empresa al darles un lugar para resguardar no solo a sus hijos menores de edad, sino sus pertenencias.

Lamentó que personal de la Fiscalía prácticamente robó 289 mil pesos de la nómina de la empresa y dinero de 70 trabajadores agrícolas, de los cuales uno de ellos estaba guardando para el próximo nacimiento de su bebé, denunció.

“Hicieron una nota donde decían que rescataron a 720 personas que habían sido obligadas a venir en contra de su voluntad y que vivían trata de personas con fines de explotación laboral.

Finalmente no existe ninguna denuncia al respecto, y al menos la Fiscalía debió haber resguardado a las personas que dice que rescató, sin embargo la Fiscalía no tiene ninguna denuncia de la gente que dicen rescataron y ninguna declaración ministerial para ejercer acción penal”, destacó el abogado.

Agregó que el día de ayer, la Fiscalía regresó los 289 mil pesos que habían sustraído como parte del pago de los trabajadores, pero aún falta el dinero de 70 trabajadores, que no está cuantificado en su totalidad.

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