El fenómeno conocido como “Huachicol Fiscal”se ha convertido en una de las mayores amenazas a la economía mexicana y a la seguridad energética del país. A diferencia del robo directo de hidrocarburos, el huachicol tradicional, esta práctica consiste en la importación y venta ilícita de combustibles mediante la evasión de impuestos, utilizando empresas fachada, documentos falsos y la complicidad de funcionarios aduanales y militares.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, la operación inicia con el robo y traslado de crudo mexicano hacia Texas mediante ductos o camiones clandestinos. Una vez en suelo estadounidense, intermediarios lo “legalizan” y lo venden a refinerías, que lo procesan y lo exportan de nuevo a México con etiquetas alteradas o bajo la figura de aditivos. El combustible reingresa al país con papeles apócrifos y se distribuye en gasolineras mexicanas como producto legítimo.

Este fraude tiene un impacto severo en las finanzas públicas. Cuando ingresa diésel en lugar de gasolina se deja de pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que genera pérdidas millonarias y falta de claridad en las estadísticas energéticas. Esto complica la planeación gubernamental y limita el financiamiento de gasto social e infraestructura.

Las sanciones para este delito son severas. El artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece penas de 20 a 30 años de prisión, además de multas que superan los 2 millones de pesos, incrementándose si hay servidores públicos involucrados.

La relevancia del tema creció tras la detención de 14 personas vinculadas a esta red, entre ellas seis marinos, cinco en activo y uno retirado, según exfuncionarios de aduanas y empresarios. La captura más destacada fue la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. En una audiencia en el penal del Altiplano, Farías y otros marinos fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la estructura que permitió el ingreso de al menos 10 millones de litros de combustible robado en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó las detenciones y señaló que se han solicitado más de 200 órdenes de aprehensión adicionales contra funcionarios aduanales, militares y empresarios. Aseguró que la operación es resultado de la coordinación entre la SSPC, la FGR, la Secretaría de Marina y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la investigación como “el golpe más fuerte contra la corrupción” en lo que va de su administración. Recordó que el combate al huachicol es una política de Estado y que se dará continuidad a lo iniciado por el expresidente López Obrador, pero con un enfoque de “cero tolerancia” y una reestructura en Pemex y aduanas para cerrar los espacios a la delincuencia organizada.

La magnitud del caso ha trascendido fronteras. A mediados de 2025, el gobierno de Estados Unidos denunció que cárteles mexicanos vendían combustible robado en su territorio, lo que incrementó la presión internacional para que México actuara de manera contundente.

Con las recientes detenciones y procesos judiciales, el gobierno federal busca enviar un mensaje claro: el huachicol fiscal no es solo un delito económico, sino una amenaza a la soberanía y la seguridad nacional. Sin embargo, especialistas advierten que mientras persista la corrupción en aduanas y el poder económico del crimen organizado, la batalla aún está lejos de ganarse.

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La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), a través de la Delegación Regional de Educación III León, confirmó que por los presuntos hechos cometidos de violencia física y sexual en el preescolar Juan Enrique Pestalozzi de la colonia Vibar, se procedió a la separación temporal de funciones tanto de la docente señalada, como de la directora del plantel.

Lo anterior, con base en la normativa vigente y en resguardo del interés superior de la niñez, y con el fin de garantizar un entorno seguro para toda la comunidad educativa mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

“Desde el primer momento, se ha brindado atención directa a madres y padres de familia, y se mantiene una colaboración estrecha y permanente con la Fiscalía General del Estado y con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, con el objetivo de contribuir a un proceso ágil, claro y respetuoso de los derechos de todas las personas involucradas.

Como parte de la respuesta institucional, se activaron los protocolos establecidos, incluyendo acompañamiento psicológico especializado para niñas, niños, personal docente y familias, el cual se continuará brindando de forma constante”, refirió mediante un comunicado emitido este martes cerca de las 5:30 de la tarde..

También se menciona que la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato reitera su política de cero tolerancia ante cualquier conducta que vulnere los derechos de niñas y niños, y reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y dentro del marco legal.

Cabe mencionar que la reacción se da, luego de que esta mañana padres y madres de familia se concentraron a las afueras del preescolar Juan Enrique Pestalozzi, en la colonia Vibar con pancartas que exigían justicia por todos aquellos menores que han sido violentados física y sexualmente. En un inicio mencionaron 4 casos, pero hoy refieren, se elevó a 7 casos.

Además, las familias acusaron que la directora del kínder sabía lo que ocurría y no informó a los padres ni activó los protocolos de protección. Incluso, señalan que la directora lleva semanas sin presentarse en la escuela. Al igual que la supervisora escolar por haber estado enterada sin intervenir. “Se pasaba en la dirección sentada y nunca hizo nada”, dijeron.

En el lugar estuvo personal de la Secretaría de Educación y del municipio de León, sin embargo los padres aseguran que no recibieron respuestas claras ni compromisos firmes. “Nos dijeron que todavía no saben si la directora o la maestra pueden volver. Es increíble que esto esté en duda”, comentaron.

Lamentaron que después de un mes y medio (a partir del 14 de mayo que fue cuando comenzó a salir todo a la luz), se tratara de cubrir al personal que hoy sigue sin hablar claramente con los padres de familia.

“Casualmente el 14 de mayo la maestra de segundo de preescolar pidió un descanso repentino, dijo que se sentía mal porque su mamá se preocupaba por ella y que se iba a ir a descansar, pero nosotras aún. no sabíamos bien lo que estaba pasando con nuestros hijos.

Lo que sí veíamos es que la Directora y ella (la maestra de segundo), ya tenían pique, pero en ningún momento supimos el porqué era el problema que tenían entre ellas porque la Directora nunca quiso hablar”, reiteró la madre de familia.

Fue en ese momento cuando todas comenzaron a pasar la voz y alertaron sobre un problema que se estaba dando y al preguntar a sus hijos y revisándolos, comenzaron a hablar, pero solo les decían que todo iba a estar bien, cuando en un inicio eran 4 las niñas que confirmaron maltratos, golpes en el estómago y abuso sexual.

“En mi caso mi hijo regresaba con la comida, me lo cacheteaba, me le jalaba el pelo, fue una semana completa que mi hijo diario regresaba con el lonche y con hambre y hoy entiendo que yo no era la única, pero era porque también les decía que si comían se iban a poner gordos como una de sus compañeras que estaba gordita.

Ahora nosotros tenemos conflicto porque vemos lento el avance, apenas ayer se presentaron los de la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Directora deja ir a la maestra de vacaciones, la Directora se ve cómplice porque tiene dos semanas sin asistir a la escuela”, señaló otra madre de familia.

De manera extraoficial, se sabe que la docente involucrada de segundo de preescolar, es nativa de Nayarit, tenía 16 años dando clase en el preescolar de la colonia Vibar y presuntamente ya tenía antecedentes con varias denuncias anteriores de años pasados.

“En esos 16 años nosotras no sabemos todo lo que ha hecho con los niños, al menos ahorita ya van 7 casos, la mayoría son niñas, pero también hay niños y la maestra las castigaba con presuntos juegos que eran castigos donde abusaba sexualmente de ellos, por eso queremos que la Fiscalía haga su trabajo y la detenga porque está prófuga y libre tanto a la culpable como a quien resulte cómplice”, mencionó la madre de familia.

Las familias en general exigen justicia para las niñas y apoyo psicológico para todos los niños del salón afectado, integrado por 31 alumnos porque están asustados y la mayoría de los niños ya no quieren regresar a clases y aseguran que ninguno ha tenido atención ni apoyo por parte de ninguna autoridad o al menos accesible para poderlos llevar.

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En una medida histórica para la seguridad y el bienestar de las y los guanajuatenses, el Pleno del Ayuntamiento Capitalino aprobó, a propuesta de la Presidenta Municipal, Samantha Smith , que en Guanajuato se vigile que no se realicen eventos artísticos o presentaciones musicales que hagan apología del delito o la delincuencia.

“La apología del delito es una conducta que enaltece, justifica o promueve delitos y a quienes los cometen, lo que contribuye a la normalización de la violencia y pone en riesgo la seguridad y la salud social. Desde este Ayuntamiento, tenemos la responsabilidad de garantizar que los eventos realizados en nuestro municipio promuevan la cultura, la sana diversión, la recreación y, sobre todo, la sana convivencia familiar. No podemos permitir que se normalicen conductas ilegales, ni que se ofenda a las víctimas de la violencia”, resaltó la Presidenta Municipal.

El punto de acuerdo, instruye a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del área de Fiscalización y Control, a vigilar, supervisar y actuar en caso de que en eventos masivos, como conciertos y espectáculos públicos, se incurra en la apología del delito, para garantizar garantizar que las actividades culturales en el municipio promuevan la paz, la convivencia familiar y los valores sociales, sin glorificar comportamientos criminales.

“Lo que buscamos es garantizar que la libertad de expresión no sea utilizada para fomentar la criminalidad ni para dañar a nuestra sociedad. Guanajuato Capital es una ciudad de historia, arte, cultura y familia, y como autoridades tenemos la obligación de establecer límites claros en la organización de eventos que puedan impactar negativamente en la convivencia y los valores de nuestra comunidad”, agregó.

Por lo anterior, la propuesta contempla que este pronunciamiento formal se notifique a la gobernadora del estado Libia Denisse García Muñoz Ledo, y al Congreso del Estado, para que se sumen a esta iniciativa. “Es crucial que actuemos de manera contundente y responsable, pensando en el futuro de nuestras ciudades, en el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes. La normalización de estas conductas a través de la música o los conciertos puede tener efectos devastadores en la formación de nuestros jóvenes, y es el momento de tomar medidas para evitar que esto siga propagándose”, expresó la presidenta municipal.

El punto de acuerdo fue respaldado con el voto a favor de todas y todos los ediles de las diferentes fracciones representadas en el Ayuntamiento, quienes coincidieron en la necesidad de que Guanajuato se proteja a los sectores más vulnerables y dar un paso más para la construcción de la paz.

El municipio de Guanajuato reafirma su compromiso con la protección de la seguridad y la integridad de todas y todos los guanajuatenses.

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