Los cuerpos de los ingenieros mineros José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, y Aurelio Salazar Flores, ambos originarios de Zacatecas, fueron localizados sin vida e identificados por autoridades federales y estatales, tras haber sido privados de la libertad junto con otros ocho trabajadores de la empresa Vizsla Silver Corp, informaron fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía de Justicia de Zacatecas.

Los restos de Hernández Vélez fueron hallados el viernes en un entierro clandestino ubicado en un predio del poblado de El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa. Posteriormente, la fiscalía zacatecana confirmó la identificación del cuerpo de Aurelio Salazar Flores, localizado en el mismo sitio.

El secuestro ocurrió el pasado 23 de enero, cuando un grupo armado interceptó a los 10 trabajadores mineros mientras se trasladaban del campamento donde residían, en Concordia, hacia su centro laboral, situado a aproximadamente 15 kilómetros de distancia. Desde entonces, autoridades federales y colectivos de búsqueda iniciaron labores de rastreo en la región.

Los cuerpos fueron recuperados por peritos de la FGR en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes trabajan en la fosa clandestina localizada en El Verde, resguardada por elementos de la Guardia Nacional.
El colectivo Sabuesos Guerreras fue el primero en informar públicamente sobre la identificación de José Ángel Hernández Vélez, con base en datos proporcionados por personas que realizaban guardias en el predio donde se efectuaron las diligencias forenses. Más tarde, autoridades federales confirmaron la identidad del cuerpo al fiscal de Zacatecas, Cristian

Camacho Osnaya, quien informó que el caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Camacho Osnaya detalló que el cuerpo de Hernández Vélez fue identificado por su padre y su esposa, Paula Delgado. Precisó que, de los 10 trabajadores privados de la libertad, dos eran originarios de Zacatecas —ambos ya localizados sin vida—, dos de Chihuahua, uno de Guerrero y el resto de Sinaloa.

Tras atraer el caso, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculados con estos hechos, además de realizar cateos en inmuebles de Concordia y Mazatlán, donde se aseguraron teléfonos celulares, una computadora portátil y diversas identificaciones de trabajadores mineros.
Pesar en el sector minero

La empresa canadiense Capstone Copper, donde José Ángel Hernández laboró durante más de cinco años, difundió una esquela en redes sociales para lamentar su fallecimiento. De acuerdo con su esposa, Paula Delgado, el ingeniero se trasladó a Sinaloa hace 11 meses tras dejar la compañía por una mejor oferta salarial en Vizsla Silver Corp.

“Con respeto y solidaridad, personal y directivos de Capstone Copper Cozamin lamentan profundamente el fallecimiento de nuestro querido amigo minero José Ángel Hernández Vélez”, señaló la empresa, que expresó su solidaridad con la familia del trabajador.

Por su parte, Vizsla Silver Corp suspendió todas sus operaciones desde el 28 de enero, en solidaridad con los familiares de los trabajadores y ante la privación ilegal de la libertad de su personal. La empresa se encuentra aún en fase de desarrollo y realiza trabajos de exploración y prospección de yacimientos en los polígonos de Pánuco, La Garra, San Enrique y Santa Fe, en el sur de Sinaloa.

Hasta la tarde del domingo, la compañía no había emitido un posicionamiento oficial sobre la localización sin vida de los trabajadores.
Finalmente, el colectivo Sabuesos Guerreras exigió a la FGR, a la Comisión Nacional de Búsqueda y al gobierno de Sinaloa que informen de manera constante y digna sobre los hallazgos de fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia.

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Los cuerpos de los guanajuatenses Leonardo Romero y Natalia Venzor, quienes permanecían en calidad de desaparecidos tras las severas inundaciones registradas en Texas el pasado 4 de julio, fueron localizados este viernes en el condado de Kerr. Su hijo menor, de dos años, continúa desaparecido.

La Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato confirmó que personal de la oficina de Gobierno en San Antonio, Texas, recibió la notificación oficial sobre el hallazgo de la pareja, originaria de San Miguel de Allende, quienes fueron arrastrados por la corriente del Río Guadalupe durante las lluvias torrenciales que azotaron la región durante el Día de la Independencia de Estados Unidos.

El hijo mayor del matrimonio fue rescatado con vida, justo el día de la inundación, mientras continúan las labores de búsqueda del pequeño Carlos, de dos años de edad.

“Esta información fue confirmada por familiares de estas personas, quienes además reiteraron que aún no localizan al niño de dos años”, señaló la Secretaría en un comunicado.

La dependencia informó que se mantiene el acompañamiento y apoyo integral a los familiares de las víctimas, y que no cesarán los esfuerzos hasta concluir los trabajos de rescate.

Las intensas lluvias en Texas han dejado múltiples afectaciones y pérdidas humanas, entre ellas la de esta familia guanajuatense, cuya tragedia ha impactado en ambos países.

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Un macabro hallazgo estremeció a los medios la tarde de ayer cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) localizaron los cuerpos desmembrados de nueve personas, aparentemente cuatro mujeres y cinco hombres, en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del municipio de San José Miahuatlán.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 83+500, antes del puente Calapa, en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca. Durante un recorrido de vigilancia, los agentes de la GN encontraron un vehículo tipo Vento de color gris, aparentemente abandonado. Al inspeccionar el área, se toparon con los restos humanos, por lo que de inmediato acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Investigación en curso

Dado que el hallazgo ocurrió en territorio poblano, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladaron al lugar para llevar a cabo las diligencias y el levantamiento de los restos. De acuerdo con información preliminar, los cadáveres presentaban impactos de bala y señales de tortura, lo que apunta a un crimen de extrema violencia.

Se especula que las víctimas podrían ser jóvenes originarios de Tlaxcala, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 27 de febrero, luego de viajar a las playas de Oaxaca. Entre los nombres que circulan extraoficialmente se encuentran Angie Lizeth Pérez, Lesly Noya, Jacqueline Meza, Noemí López y Raúl Emanuel González.

Las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad de los cuerpos ni el móvil del crimen, por lo que continúan las investigaciones.

Este hallazgo se suma a una creciente ola de violencia en la región, lo que ha generado preocupación entre la población y ha llevado a un llamado urgente para reforzar la seguridad en las carreteras del país.

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De acuerdo a Tomás Arroyo de Funerales La Luz en el Coecillo, en sus 52 años que lleva en el sector, asegura que no existe el cuerpo que se mueva después de muerto.

Señaló que en estas actividades el miedo no está entre ellos y aseguró que los cuerpos no se mueven “lo que sí hace un cuerpo que recién falleció es que cuando lo suben a la camilla puede eructar, pero es el mismo aire que tienen los cuerpos y cuando los mueven tienden a sacarlo de manera natural”, comentó.
José Luis Landeros, agregó que cuando les gusta su trabajo, nada les da miedo, incluso, se han dormido a un costado de tres o cuatro cuerpos que están a la espera de ser embalsamados.

“Cuando nos gusta nuestro trabajo no nos da miedo realizarlo Incluso en el laboratorio cuando tenemos que descansar o queremos descansar, nos recostamos y hay varios cuerpos que nos están acompañando y hasta cambiar el turno.

Hay días que si son medio pesados, llegan hasta siete u ocho cuerpos pero quizá los jóvenes aguantan todos, pero yo he llegado a hacer cinco o seis máximo en un turno de 12 horas”, mencionó.
Don Tomás Arroyo, agregó que un servicio de estos normalmente se cobra en los paquetes funerarios que van desde los 10 mil a los 45 mil pesos, sin embargo el servicio de embalsamar solo, tiene un costo aproximado de 2 mil 500 pesos.

“Normalmente una embalsamada se cobra en 2 mil 500 pesos, sin embargo va en conjunto con el paquete de 10 mil hasta 45 mil pesos, de acuerdo al ataúd.
El paquete incluye la caja, el embalsamamiento, el panteón municipal, la misa en el panteón, un camión y la velación; además de la tramitología”, explicó.

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Luego de que autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato asistieron a revisar el pozo ubicado en un predio abandonado en la zona de Industrial San Jorge en el municipio de León, Héctor Rodríguez, presidente de la Coparmex, condenó el hecho y exhortó a la ciudadanía para seguir denunciando.

“No conozco el tema, me sorprende, me impacta la noticia, no tenía información al respecto y más que otra cosa, en cualquier situación similar donde se priva de la libertad y luego de la vida a cualquier persona, es injustificable y es no aceptable.

Exigimos a las autoridades cumplir con la responsabilidad de dar seguridad y que la ciudadanía también esté muy al pendiente porque este tema es multifactorial entre sociedad y gobierno”, aseguró.

El día de ayer, Victor Aguirre Armenta, subsecretario de derechos humanos del municipio de León y coordinador de la Célula Municipal de Búsqueda, aseveró que se trataba de un hecho sin precedentes, mientras que el gremio empresarial se dijo sorprendidos de lo que se encontró en el pozo.

“Temas como estos nos impactan, nos sorprenden, nos alteran, independientemente si es aquí, allá o más allá, en donde sea…, cualquier situación en la que una vida humana se haya perdido por una situación así es inaceptable y se condena.

Hacemos un exhorto a la autoridad para que haga las investigaciones correspondientes”, sostuvo el líder empresarial.

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