El senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, solicitó que se investigue al presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, por presuntos vínculos con el crimen organizado, al considerar que no es fortuito que gran parte de las ciudades con mayores índices de violencia en el país estén gobernadas por Morena.

Desde Aguascalientes, el legislador afirmó que, de acuerdo con datos recientes del INEGI, entre el 80 y 90 por ciento de los municipios con mayores niveles de inseguridad son administrados por gobiernos morenistas, lo que —dijo— es resultado de presuntos pactos con grupos delictivos. En ese contexto, sostuvo que el caso de Salamanca debe ser investigado a fondo tras los hechos de violencia registrados recientemente en la región.

Anaya también se refirió a la masacre ocurrida en las canchas de fútbol de la comunidad Loma de Flores, donde 11 personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas. Sobre este ataque, señaló que confía en que las autoridades estatales realicen las investigaciones correspondientes y esclarezcan los hechos, los cuales han sido vinculados por instancias federales a una disputa entre grupos criminales.

Ante estas declaraciones, el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, respondió a través de redes sociales que desde el año pasado ha solicitado que se realicen investigaciones a todos los servidores públicos del estado, incluidos presidentes municipales, diputados y senadores, con el fin de descartar cualquier vínculo con la delincuencia organizada.

Prieto calificó como oportunista el señalamiento del senador panista y recordó que durante gobiernos anteriores del PAN se registraron casos de funcionarios federales procesados por delitos relacionados con el crimen organizado. El pronunciamiento del edil se dio tras su participación en la sexta sesión del Consejo Estatal de Seguridad, celebrada en Irapuato, donde autoridades municipales, estatales y federales reiteraron su compromiso de coordinación para recuperar la paz en Guanajuato.

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La reciente investigación de la Fiscalía sobre el secuestro de cinco personas en Cortazar, en la que se revisaron celulares de policías municipales presuntamente involucrados, refleja un problema estructural en la infiltración de cuerpos de seguridad en las redes del crimen organizado, advirtió Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador de Justicia del Estado y especialista en temas de seguridad.

El analista explicó que estos casos confirman lo que colectivos y especialistas han venido señalando, la delincuencia organizada mantiene complicidades tanto a nivel municipal como estatal y federal, lo que pone en riesgo la seguridad, la libertad y el patrimonio de la ciudadanía.

“Hay que reconocer que la delincuencia organizada tiene complicidades en distintos espacios públicos, tanto en el ámbito municipal, estatal y nacional y dependiendo de los resultados de las investigaciones que cada una de las instancias tanto estatal como federal obtengan, se pueden definir varios escenarios”, especificó.

Alcántara Soria detalló tres posibles escenarios derivados de este tipo de investigaciones, la suspensión de ayuntamientos, el artículo 115 constitucional prevé que legislaturas locales pueden suspender ayuntamientos cuando se comprueba que desde los mandos de seguridad se afecta la vida e integridad de las personas.

Además, la asunción del servicio de seguridad, el mismo artículo 115, vinculado con el 21, permite que, a solicitud de un municipio, el Estado o la Federación asuman la seguridad preventiva y el tránsito, lo cual podría aplicarse en Cortazar.

Finalmente, la judicialización de los responsables, que es en tercer escenario sería concluir las carpetas de investigación y procesar únicamente a los policías con elementos suficientes que acrediten su participación en delitos de esta gravedad.

El especialista recalcó que no se trata de un hecho aislado, “en varios municipios de Guanajuato se han detectado dinámicas de disputa territorial entre cárteles, y eso no sería posible sin complacencia de autoridades locales e incluso, en algunos casos, federales como pasó con la Guardia Nacional”, apuntó.

Alcántara Soria subrayó que el Congreso del Estado, los ayuntamientos, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad deben asumir con responsabilidad la gravedad del problema.

“Hay que tener la capacidad de analizar, conocer estas dinámicas delictivas, saberlas dimensionar y asumir las responsabilidades que les toca para poder contener los niveles de violencia y delincuencia que hay en Guanajuato”, sostuvo, Alcántara Soria.

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La Arquidiócesis de León, cuestionó el porqué los grupos delincuenciales han crecido tanto, que han logrado someter a la exclavitud a las personas, particularmente a los jóvenes; el Arzobispo Jaime Calderón Calderón, lamentó las agresiones que se han dado destacando el reciente deceso de los siete jóvenes en San Felipe, Guanajuato.

Los siete jóvenes, entre ellos algunos menores, fueron asesinados en San Bartolo de Berrios, San Felipe el lunes 19 de mayo cuando participaban en un festejo organizado por la Iglesia católica.

“Si recuerdan, los siete ataúdes eran de jóvenes, desde que llegué a León en total he sabido de tres situaciones parecidas y todos son jóvenes.

Y es que es tan malévolo el asunto que empiezan a presionar y no necesariamente que estén involucrados concretamente, pero si les obligan a entrar a sus filas del grupo organizado y no quieren, pues lastiman a su gente”, lamentó el Arzobispo.

Jaime Calderón aseveró que se trata de un gran desafío para la comunidad en general porque es un problema de todos, y tenemos que buscar la manera de ver cómo frenar este asunto, nosotros como iglesia, ustedes como medios de comunicación y en general porque nos están sometiendo a todos en pocas palabras, señaló.

“Vivimos en un país libre y queremos un país libre donde tengamos oportunidades todos y en donde no sean estos grupos los que están sometiendo en diferentes territorios que es lo más triste”, puntualizó.

El Obispo Jaime Calderón mencionó que las autoridades están haciendo sus investigaciones y su trabajo y así como ellos, cada quien deberá hacer la suya, insistió.

“Ellos (las autoridades) están haciendo sus investigaciones, hemos hablado, no tanto como acuerdos. Yo les digo, ustedes hagan su chamba. Nosotros hacemos la nuestra.
Si en eso hay puntos de convergencia donde debemos ayudar a la misma la misma comunidad que es la que sufre, entonces vámonos poniendo de acuerdo, cómo ser más fuertes en ese sentido”, comentó.

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En rueda de prensa, el alcalde de Celaya el morenista Juan Miguel Ramírez, reveló que integrantes del crimen organizado, le exigieron que cediera varias direcciones de su administración.

Esto lo comentó, después de hablar del ataque que se llevó a cabo la mañana del viernes 22 en contra de Jorge Acuña, quien es el Director del Instituto para la Formación Policial, del cual salió ileso.

El Presidente Munciipal, comentó que a través de mensajes e incluso de manera personal, delincuentes le exigieron el manejo de diferentes direcciones y que al negarse recibió amenazas de dichas personas.

Comentó que se está analizando retirarle los vehículos blindados que se le proporcionaron al ex alcalde de la ciudad Javier Mendoza para su seguridad y entregárselos a los directores de áreas de seguridad para su protección.

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Después de que el Fiscal del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, asegurará que hay ocho carpetas de investigación abiertas en contra de 8 alcaldes electos en la entidad, el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato Alvar Cabeza de Vaca, afirmó que los titulares de seguridad de los 46 municipios están limpios y no están coludidos con el crimen.

Comentó que se han realizado las pruebas de control y confianza a cada uno de los encargados de seguridad de los municipios y que todos las aprobaron sin problema alguno y que los que en su momento no las acreditaron, ya no se encuentran al frente de dichas secretarías.

“Todos los Secretarios de Seguridad de todos los municipios, cuentan con sus exámenes de control y confianza aprobados y no tenemos ningún dato que los vincule con alguna actividad delictiva”

Actualmente hay dos municipios que en su momento, se detectó que la policía se encontraba vinculada con grupos delictivos y el gobierno estatal tomó el mando único de los municipios de Juventino Rosas y de Manuel Doblado.

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