La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, 450 votos, la creación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que endurece las penas contra este fenómeno criminal que afecta a comerciantes, transportistas, empresarios, productores agrícolas e incluso a personas migrantes. El dictamen, que ya había sido revisado y ajustado por el Senado, fue considerado de urgente resolución y enviado al Ejecutivo para su promulgación inmediata.

La nueva legislación establece un marco legal único para que todas las entidades federativas persigan este delito con criterios homologados, un reclamo recurrente de gobiernos locales, cámaras empresariales y organizaciones civiles que han denunciado el crecimiento sostenido del cobro de piso en varias regiones del país.

Penas más duras y castigos sin beneficios preliberacionales

El texto aprobado fija una pena base de 15 a 25 años de prisión, además de multas económicas que pueden superar los 56 mil pesos, para cualquier persona que obligue a otra a entregar dinero, ejecutar acciones o tolerar actos en beneficio del extorsionador. Sin embargo, el Congreso incorporó 34 agravantes, lo que permite incrementar significativamente las sanciones.

Entre las circunstancias que aumentan el castigo entre cuatro y ocho años están el cobro de piso, la afectación a actividades comerciales o industriales y los casos en los que se utilicen sindicatos o agrupaciones como fachada. Para extorsiones dirigidas a migrantes, menores, adultos mayores o mujeres embarazadas, las penas pueden elevarse entre cinco y doce años adicionales.

Los casos más graves, como el uso de violencia física o la exigencia de pagos por accidentes provocados deliberadamente, podrán alcanzar hasta 42 años de cárcel, sin posibilidad de libertad anticipada o conmutación de pena.

La ley también restituye un artículo que impone de 10 a 20 años de prisión a servidores públicos de seguridad y justicia que, teniendo conocimiento de una extorsión, no la denuncien.

Durante la sesión, legisladores del PAN criticaron que Morena intentara reducir sanciones en la primera versión del dictamen, mientras que el coordinador morenista Ricardo Monreal acusó a la oposición de politizar el tema.

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En punto de las 11:00 de la mañana decenas de personas de la sociedad civil se dieron cita a las afueras del INE de Jardines de Jerez, para exigir que se cumplan los mandatos constitucionales y no se tenga la sobrerrepresentación legislativa de Morena en el Congreso de la Unión.

De manera simultánea, en diversas ciudades y estados del país, la sociedad civil se concentró a las afueras de las juntas locales del Instituto Nacional Electoral (INE) y otros más en zonas públicas para manifestar su inconformidad.

Hugo Villalobos González, empresario, ciudadano y primer presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, advirtió que el próximo 23 de agosto es el plazo que tiene el INE para tomar un acuerdo conforme a la ley y en caso de no darse, “veremos qué sigue porque no nos vamos a dejar y seguiremos manifestándonos porque una sola fuerza no puede decidir todo en el Congreso y las reformas”, mencionó.

La sobrerrepresentación legislativa de Morena en el Congreso de la Unión, pone en riesgo a la reforma judicial y organismos autónomos que podrían llevar a México a ser el país más pobre y con gobernantes millonarios.

De acuerdo a la Constitución, ningún partido político podrá tener más del 8 por ciento de sobrerrepresentación, por lo que la autoridad electoral y el Tribunal Electoral, tendrán que tomar una decisión sobre si hay argumentos con la fuerza jurídica suficiente para asumir la interpretación que se está proponiendo.

El manifiesto que firmaron al final de la concentración, es dirigido a los servidores públicos de las instituciones políticas de México a quienes les exigen además el respeto a los electores y la emisión de cada uno de los votos emitidos el pasado 2 de junio de manera equilibrada y legal.

“Retomamos salir a las calles para luchar por que no nos despojen a los mexicanos del régimen democrático y de la República, si cambiamos la Constitución con su mayoría… este país pronto será otro y es lo que queremos evitar y que las autoridades electorales cumplan con la ley y no vayan en contra de la voluntad electoral y obedezcan al Presidente Andrés Manuel López”, manifestó Hugo Villalobos.

El artículo 54 de la Carta Magna ordena que los 200 diputados de representación proporcional deben asignarse a los partidos políticos mediante listas regionales. Para tener derecho, cada partido debe acreditar que participó con candidatos de mayoría relativa en por lo menos 200 de los 300 distritos uninominales.

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