La guerra contra Irán ya genera fracturas al interior del gobierno de Estados Unidos. Este martes, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, presentó su renuncia tras cuestionar abiertamente la justificación del conflicto impulsado por la Casa Blanca.

En un mensaje difundido en redes sociales, el ahora exfuncionario aseguró que no podía respaldar “en buena conciencia” la ofensiva militar, al sostener que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos. Incluso, insinuó que la decisión de ir a la guerra respondió a presiones externas, particularmente de Israel y su influencia política en territorio estadounidense.

La salida de Kent lo convierte en el funcionario de más alto nivel en abandonar la administración del presidente Donald Trump desde el inicio del conflicto, evidenciando tensiones dentro del aparato de seguridad nacional.

La reacción del mandatario no se hizo esperar. Desde el Despacho Oval, Donald Trump descalificó a su excolaborador, a quien calificó como “débil en materia de seguridad”, y defendió la operación militar al asegurar que existían “pruebas sólidas y convincentes” de un ataque inminente por parte de Irán.

En la misma línea, la portavoz presidencial Karoline Leavitt rechazó las acusaciones y aseguró que la decisión se basó en inteligencia de múltiples fuentes, negando cualquier influencia externa en la ofensiva.

La renuncia ocurre en un momento de creciente preocupación por la seguridad interna en Estados Unidos, tras recientes ataques en Míchigan y Virginia, y en medio de críticas incluso desde sectores conservadores cercanos a Trump.

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La Casa Blanca advirtió que son “inminentes” los despidos de empleados públicos como consecuencia del cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos, iniciado el pasado 1 de octubre de 2025, tras la falta de acuerdo presupuestario entre republicanos y demócratas en el Congreso.

En conferencia de prensa, la portavoz presidencial Karoline Leavitt responsabilizó a los demócratas por la crisis y señaló que la parálisis administrativa obligará a recortar personal. “Consideramos que los despidos son inminentes. Lamentablemente, son una consecuencia de la paralización del Gobierno”, afirmó.

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, precisó en una llamada con periodistas que la medida podría ejecutarse en un plazo máximo de dos días, aunque aún no hay una cifra concreta sobre el número de trabajadores afectados.

La Administración de Donald Trump ya había instruido a las agencias federales a identificar programas considerados “no esenciales” para preparar posibles recortes, en línea con la política de reducir el tamaño del gobierno federal.

Senado rechaza propuestas presupuestarias

Este mismo miércoles, el Senado rechazó dos proyectos de presupuesto —uno impulsado por los demócratas y otro por los republicanos— que buscaban destrabar el conflicto y reabrir el gobierno.

El gobierno de Trump acusó a la oposición demócrata de condicionar su apoyo a un incremento en partidas de salud pública, incluyendo la atención a migrantes indocumentados.

Efectos inmediatos del cierre

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, alrededor de 750,000 empleados federales no esenciales fueron suspendidos de empleo y sueldo, mientras que 1.5 millones de funcionarios, entre ellos fuerzas de seguridad y controladores aéreos, siguen trabajando sin recibir salario hasta que se resuelva la crisis.

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