La tensión geopolítica en el Caribe se intensificó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo “total y completo” a los petroleros que entran y salen de Venezuela y declarara al gobierno de Nicolás Maduro como “organización terrorista extranjera”. La decisión, anunciada en redes sociales, estuvo acompañada de un despliegue militar sin precedentes frente a las costas venezolanas, difundido por el Comando Sur estadounidense.

Trump sostuvo que Venezuela debe “devolver a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”, y acusó al gobierno de Maduro de financiar “narcoterrorismo, trata de personas, asesinato y secuestro” con recursos provenientes del crudo. También advirtió que la presencia naval “sólo crecerá” hasta que, dijo, se restituyan esos supuestos activos.

Sin embargo, no está claro cómo se instrumentará el bloqueo ni bajo qué marco legal se interceptarán los buques sancionados. La semana pasada, la Guardia Costera de Estados Unidos incautó un petrolero con cerca de dos millones de barriles de crudo venezolano, precedente que abre interrogantes sobre el alcance real de la medida.

En paralelo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que continuará la ofensiva militar en los mares del Caribe, una campaña que, según autoridades estadounidenses, ha dejado al menos 95 muertos. Hegseth se negó a hacer público un video sin editar de un ataque reciente y aseguró, sin presentar pruebas, que las operaciones se enmarcan en la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la campaña como un “éxito” y afirmó que busca desmantelar a organizaciones terroristas que operan en el hemisferio. En este contexto, Washington también designó como organización terrorista extranjera a la banda colombiana Clan del Golfo.

Caracas responde y anuncia denuncia ante la ONU

El gobierno venezolano rechazó de forma categórica las declaraciones de Trump. La cancillería calificó el anuncio como una “amenaza temeraria y grave” y acusó al mandatario estadounidense de pretender apropiarse de los recursos naturales del país sudamericano. En un comunicado oficial, informó que el embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, interpondrá una denuncia formal.

“El presidente de Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria”, señaló el canciller Yván Gil. Agregó que el pueblo venezolano se mantendrá firme en la defensa de su soberanía y sus recursos.

Caracas sostiene que las sanciones estadounidenses han significado una expropiación de activos estratégicos, con pérdidas estimadas en decenas de miles de millones de dólares. Entre los casos más emblemáticos se encuentra Citgo Petroleum, filial de Pdvsa en Estados Unidos, actualmente bajo control de una junta ad hoc reconocida por Washington y sujeta a una reciente autorización judicial para su venta forzosa.

Además, el gobierno venezolano denuncia el congelamiento de unos 22 mil millones de dólares en activos financieros, incluidos Derechos Especiales de Giro del FMI y reservas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra. Estas medidas, afirma, han impactado de forma directa en la producción petrolera y en la economía directa del país.

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Nuevamente alumnos del Instituto Tecnológico de León retomaron este lunes las protestas y bloquearon ahora el bulevar Adolfo López Mateos a la altura de Julian de Obregón, con la advertencia de que, si antes de las 18:00 horas no reciben una respuesta formal del Tecnológico Nacional de México (TecNM), extenderán el cierre hacia el distribuidor vial, lo que podría afectar severamente la movilidad en la zona.

Los alumnos recordaron que mantienen un paro desde hace 34 días, sin que la institución atienda las exigencias mínimas acordadas. Señalan que incluso hace un año ya se había firmado un pliego petitorio que nunca fue cumplido.

De acuerdo con los estudiantes, los jurídicos firmaron de recibido una carta que incluye cuatro puntos centrales: la renuncia de la directora Lourdes Almaguer Sánchez, la destitución del subdirector Edgar Omar Ponce, el retiro del Comité Estudiantil (CESA) que califican como impuesto, y una carta de cero represalias. Sin embargo, aseguran que no han recibido ninguna respuesta. “Nos ignoraron por completo, estamos hartos, queremos regresar a clases”, afirmaron.

El bloqueo inició alrededor de las 2:00 de la tarde y continuará hasta que la institución ofrezca soluciones concretas. Los manifestantes indicaron que autoridades municipales y representantes del TecNM arribarían para dialogar con ellos.

También pidieron comprensión a la ciudadanía: “No tenemos nada en contra de quienes circulan por aquí; es la única forma de presionar. Llevamos más de un mes velando la escuela 24/7 y no nos escuchan”.

Madres y padres se sumaron al reclamo…, María del Socorro Tavares, madre de un estudiante de Logística, denunció afectaciones académicas: “Mi hijo solo pudo inscribir cuatro materias porque los maestros no quisieron recorrer horarios, así van a perder el semestre. Se quedan a dormir ahí, están expuestos; no se vale”.

Otra madre señaló que la directora ya no debería permanecer en el cargo: “No les dan educación digna ni instalaciones adecuadas. No es justo que los jóvenes paguen las consecuencias”.

Por su parte, Ari Guerrero Rodríguez, estudiante del Tecnológico, explicó que las clases virtuales son inviables porque no hay jefes de carrera y los profesores no tienen a quién rendir cuentas.

Además, dijo que intentar reactivar actividades en línea atenta contra el paro: “Pedimos que retiren ese comunicado, llevo dos años y medio aquí y nunca he pisado un laboratorio; no se pueden usar”, lamentó.

Los alumnos insistieron en que la protesta continuará hasta que se cumplan sus demandas y reiteraron que, sin respuesta antes de las 6:00 p.m., procederán a cerrar el distribuidor vial: “Queremos estudiar, pero con condiciones dignas, solo pedimos soluciones”, puntualizó Ari.

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Pequeños empresarios proveedores del tradicional barrio del Coecillo viven una situación crítica por la detención de sus mercancías provenientes de China, mencionan que desde mayo se mantienen retenidas en las aduanas del país sin que haya una solución clara por parte de las autoridades.
Desde hace 13 años, una familia de Coreanos dedicada al comercio de artículos de importación que opera en la calle La Luz, en el corazón del Coecillo ha tenido que rescindir de 3 de sus 5 empleados porque desde hace cinco meses sus ventas se han desplomado debido a que el 100 por ciento de sus productos, principalmente provenientes de China, se encuentran detenidos en las aduanas.
“Este año nos frenaron la mercancía, desde mayo o junio no nos han liberado nada. Nos dicen que están arreglando, pero no arreglan nada. Cambian de personal en aduanas, quitan a unos que roban y meten a otros igual. Mientras tanto, todo se queda atorado”, denunció una de las empresarias afectadas, María Ramírez Servín, encargada de la empresa Coreana, Fashion 123, ubicada en el Coecillo.
La situación ha tenido un impacto directo en la economía familiar y en el empleo. “Teníamos cinco empleados, ahora sólo quedamos dos, y así como nosotros, hay muchas familias que dependen de este trabajo. Si esto sigue, se viene todo abajo, y de por sí hay mucho desempleo”, lamentó.
El problema coincide con el endurecimiento de las revisiones a las importaciones de productos asiáticos y con los recientes aranceles aplicados a la mercancía procedente de China, tema que ha generado preocupación entre empresarios del sector cuero-calzado que participan en la feria de ANPIC Otoño–Invierno, actualmente en curso en León.
“Ahorita estamos exponiendo en ANPIC, esperando en Dios que llegue la mercancía detenida, porque los clientes quieren producto, pero lo tenemos atorado. No es que no tengamos ventas, es que no podemos entregar”, explicó.
Los comerciantes aseguran que no se les ha dado una fecha estimada para la liberación de la mercancía, y que incluso los agentes aduanales les han informado que los retrasos se deben a cambios internos de personal.
“Dicen que están arreglando, pero llevamos meses igual. No sabemos qué pasa, ni cuándo se va a resolver. Y mientras tanto, todo lo que invertimos se está perdiendo”, señalaron.
Ante esta situación, hacen un llamado urgente al gobierno federal para intervenir y liberar las importaciones detenidas. “Pedimos que el gobierno realmente nos apoye…, hablan mucho de apoyo a los mexicanos, pero en realidad nos están afectando. Si esto no se soluciona, muchas familias se van a quedar sin trabajo”, aseguró Ramírez Servín.
La incertidumbre crece entre los pequeños empresarios locales, que esperan una pronta respuesta de las autoridades y de las cámaras industriales, pues temen que el bloqueo prolongado de sus mercancías provoque el cierre definitivo de más negocios en la zona.

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Más de 4 mil vehículos quedaron varados durante las 38 horas de bloqueos carreteros registrados en la zona sur de Guanajuato, principalmente entre los municipios de Pénjamo, Abasolo y Pueblo Nuevo, debido a las protestas de productores agrícolas que exigen precios justos para el maíz y el sorgo.

“Había cerca de 40 kilómetros de trailers y vehículos detenidos; personas que ya llevaban más de un día sin poder ir al baño o comer. Por un tema de humanidad, la gobernadora pidió que interviniéramos para liberar las vías y apoyar tanto a los automovilistas como a los agricultores”, explicó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.

El bloqueo inició el martes a las 10 de la mañana y concluyó la madrugada de este jueves, tras darse una mesa de trabajo de cuatro horas con representantes del Gobierno Federal y Estatal.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona estuvo presente en la reunión e informó que los productores dijeron enfrentar pérdidas por los bajos precios del maíz y el sorgo, que actualmente se pagan en 5 mil 200 pesos por tonelada, cifra que no cubre los costos de producción, combustible ni fertilizantes.

Explicó que se habló con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Julio Berdegué Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con quienes se acordó la instalación de una mesa de trabajo a realizarse este viernes en la Ciudad de México, donde participará una comisión de agricultores guanajuatenses acompañados por autoridades estatales.

Jiménez Lona, mencionó que los productores plantearán la necesidad de establecer un precio de cobertura de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y 6 mil para el sorgo; esquema en el que el Gobierno Federal absorbería la diferencia con el mercado actual para garantizar rentabilidad.

Además se pretende hablar de la comercialización e importación de maíz transgénico, el cual señalan que afecta de manera considerable por tener un precio mucho más bajo y que por ende genera una competencia desleal para sus productos locales.

Jiménez Lona recordó que Guanajuato es el segundo motor económico del estado después del sector automotriz, con una producción estimada este año de hasta 2 millones de toneladas de granos, debido a un buen ciclo agrícola.

“Los campesinos no quieren bloquear; lo hacen por desesperación, nuestra tarea es acompañarlos en el diálogo y buscar soluciones reales. El campo es una de las grandes fortalezas de Guanajuato y no vamos a dejar solos a quienes nos dan de comer”, afirmó el secretario Jiménez Lona.

Finalizó, al decir que el gobierno estatal continuará facilitando la comunicación entre productores y autoridades federales para evitar nuevas afectaciones a la movilidad y garantizar condiciones dignas para quienes trabajan la tierra, sin embargo, aclaró que en el tema de la comercialización la entidad no tiene atribución.

“En el tema de la comercialización, no tenemos ni atribución, aquí sería la federación y nosotros estar acompañando en este proceso para que tenga un mejor precio”, insistió Jiménez Lona.

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