El Gobierno de México informó que los mineros secuestrados en Sinaloa y posteriormente asesinados habrían sido víctimas de una confusión por parte de un grupo criminal que los identificó erróneamente como integrantes de una organización rival.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que esta línea de investigación surge a partir de las primeras declaraciones de cuatro personas detenidas por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de las víctimas. De acuerdo con dichos testimonios, los mineros fueron confundidos con miembros del grupo criminal conocido como “Los Mayos”.

El funcionario detalló que los detenidos pertenecerían a una célula vinculada a “Los Chapitos”, facción que mantiene una disputa con el grupo rival por el control de actividades ilícitas en la entidad. Esta confrontación habría derivado en el secuestro de los trabajadores, quienes no tendrían relación alguna con organizaciones criminales.

García Harfuch subrayó que las investigaciones continúan y que se espera que nuevas detenciones permitan esclarecer con mayor precisión los hechos, así como determinar la cadena de responsabilidades y el móvil exacto del crimen.

Respecto a posibles actos de extorsión, el secretario descartó que exista alguna denuncia relacionada con la empresa canadiense Viszla Silver, para la cual laboraban los mineros. Esta versión fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no se tiene registro de amenazas o cobros ilegales dirigidos a dicha compañía.

No obstante, la mandataria reconoció que la extorsión es una práctica detectada en otras regiones del país y que afecta a diversos sectores productivos, incluida la industria minera, por lo que consideró necesario mantener comunicación constante con las empresas del ramo.

El lunes, la Fiscalía General de la República confirmó la localización e identificación de cinco de los diez mineros desaparecidos, cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina. Los restos serán trasladados a Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero, estados de origen de las víctimas. Además, otros cinco cuerpos encontrados en el mismo sitio continúan en proceso de identificación.

Las autoridades federales informaron que las labores de búsqueda e investigación se mantienen activas para reunir más indicios que permitan esclarecer totalmente el caso.

De acuerdo con testimonios de familiares, los mineros habrían sido interceptados por un grupo armado la mañana del 23 de enero. El caso se da en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, entidad que además de ser una de las principales productoras de minerales del país, enfrenta una intensa disputa entre grupos del crimen organizado.

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Un inmueble con una toma clandestina fue asegurado en el municipio de Cortazar por la Secretaría de Seguridad y Paz, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.

El aseguramiento se dio en el marco de las acciones puestas en marcha como parte de la estrategia de seguridad Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) para reforzar la lucha contra el robo de hidrocarburos, delito que representa un riesgo grave para la seguridad de la población e impacta en la economía.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en un camino de terracería de Cortazar donde fuerzas estatales y federales detectaron indicios de actividad irregular. Especialistas en seguridad y agentes de investigación implementaron un despliegue táctico y al ingresar confirmaron la presencia de una toma clandestina conectada a ductos de hidrocarburos.

Durante el operativo fueron aseguradas cinco camionetas, un tractor agrícola y tres motocicletas. Las unidades, algunas sin placas y de origen extranjero, quedaron a disposición de la FGR que dará continuidad a las investigaciones.

El compromiso del Gobierno de la Gente es proteger a los ciudadanos trabajando de la mano con instituciones estatales y federales para garantizar que la ley se aplique con firmeza y sin excepciones.

La participación ciudadana es clave en la lucha contra el robo de hidrocarburos por lo que se exhorta a la población en general a reportar cualquier actividad sospechosa a la línea de Denuncia Anónima 089.

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