Francia dio un paso histórico al aprobar de manera definitiva una ley que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes que cumplan determinados requisitos médicos y legales. Con esta decisión, el país se suma al reducido grupo de naciones europeas que permiten algún tipo de asistencia médica para morir, entre ellas Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y España.

La Asamblea Nacional respaldó la iniciativa con 291 votos a favor y 241 en contra, poniendo fin a un prolongado proceso legislativo marcado por desacuerdos entre la cámara baja y el Senado.

La propuesta había sido impulsada desde 2022 por el presidente Emmanuel Macron, quien promovió una amplia discusión nacional sobre el final de la vida y convirtió la reforma en uno de los compromisos más relevantes de su agenda política.
¿Quiénes podrán acceder a la asistencia para morir?

La nueva legislación contempla tanto la eutanasia, practicada por personal sanitario, como el suicidio asistido, en el que el propio paciente administra la sustancia letal.

Para acceder al procedimiento, las personas deberán cumplir varias condiciones: ser mayores de edad, residir legalmente en Francia, padecer una enfermedad grave e incurable, encontrarse en una etapa avanzada o terminal y experimentar sufrimientos que no puedan aliviarse de manera efectiva mediante tratamientos médicos disponibles.

La ley establece como principio general que sea el propio paciente quien realice el acto final. Solo en casos de incapacidad física podrá intervenir un profesional de la salud.

Persistan dudas jurídicas antes de su entrada en vigor

Aunque la aprobación parlamentaria representa un avance decisivo para la iniciativa, el proceso aún no concluye. El Gobierno francés anunció que parte del texto será revisado por el Consejo Constitucional para determinar si cumple plenamente con los principios establecidos por la Carta Magna.

La revisión se centrará especialmente en aspectos relacionados con la objeción de conciencia y el papel de instituciones sanitarias y centros de cuidados que rechazan participar en procedimientos de asistencia para morir.

Hasta que concluya ese análisis, la ley no podrá ser promulgada oficialmente.

También fortalecen los cuidados paliativos

De forma paralela, los legisladores aprobaron una reforma destinada a ampliar el acceso a los cuidados paliativos, iniciativa que recibió un respaldo mucho más amplio que la ley sobre eutanasia.

Actualmente, más de una quinta parte de los departamentos franceses carecen de unidades especializadas en atención paliativa, una situación que ha sido señalada durante años por organizaciones médicas y religiosas.

Críticas por el alcance de la legislación

La aprobación ha generado un intenso debate entre juristas, médicos, organizaciones civiles y grupos religiosos.

Algunos especialistas consideran que los criterios de elegibilidad podrían interpretarse de manera amplia y extenderse con el tiempo a pacientes con enfermedades crónicas, trastornos psiquiátricos o condiciones asociadas al envejecimiento.

También existen cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión, los tiempos de evaluación y el papel de los familiares dentro del proceso de decisión.

Entre las voces críticas destacan representantes de la Iglesia Católica francesa, quienes sostienen que la prioridad debería centrarse en reforzar los cuidados paliativos y el acompañamiento de las personas enfermas.

Un cambio que marcará el futuro del país

Para sus defensores, la nueva ley reconoce el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida cuando enfrentan sufrimientos extremos e irreversibles.

Sus detractores, en cambio, advierten que la medida podría modificar profundamente la relación entre pacientes, familias y profesionales de la salud, además de abrir debates éticos que continuarán durante los próximos años.

Con esta decisión, Francia entra oficialmente en el grupo de países europeos que han optado por regular la asistencia médica para morir, en una discusión que sigue dividiendo opiniones dentro y fuera de sus fronteras.

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Con llamados a legislar con base en evidencia científica, derechos humanos y resoluciones judiciales, al menos 18 colectivos feministas, defensoras y organizaciones civiles participaron en la primera mesa de análisis convocada por el Congreso del Estado para discutir las iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto en Guanajuato.
Durante la jornada organizada por la Comisión de Justicia, las agrupaciones coincidieron en que existen suficientes elementos jurídicos, médicos y sociales para reformar el marco legal estatal, por lo que cuestionaron que el Poder Legislativo continúe aplazando una decisión que consideran inevitable.
Las propuestas que se encuentran en análisis contemplan modificaciones a diversos artículos del Código Penal estatal, así como reformas a la Constitución local, la Ley de Salud, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Víctimas.
La activista Irene Fuentes, integrante de la colectiva Sororas y Rebeldes de San Miguel de Allende, sostuvo que el debate sobre la interrupción legal del embarazo ya ha sido ampliamente documentado.
“Este debate ya ha sido profundamente documentado y deja claras las obligaciones del Estado de garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas con capacidad de gestar”, afirmó.
Además, cuestionó la necesidad de seguir prolongando la discusión legislativa. “La pregunta ya no es si existe información suficiente para legislar; la pregunta es si existe voluntad para cumplir con su obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos”, expresó.
Entre los datos presentados durante la mesa destacó que en Guanajuato se registraron 209 carpetas de investigación por el delito de aborto entre 2015 y 2022, además de ocho casos adicionales en lo que va del año y 11 más documentados por acompañantes en León.
Fernanda Castro, integrante de GIRE, señaló que estas cifras reflejan las consecuencias de mantener la criminalización de esta práctica.
“Entre enero de 2015 y diciembre de 2022 hay 209 carpetas por el delito de aborto abiertas en este estado, más las ocho que se abrieron a inicios de este año y otras 11 más”, indicó.
La activista aseguró que la falta de cambios legislativos ha obligado a las colectivas a realizar labores que deberían corresponder al Estado. “Es urgente la despenalización, no es posible que compañeras estén garantizando el derecho a la salud de las mujeres en Guanajuato”, señaló.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza, advirtió que el Congreso enfrenta un plazo límite para resolver el tema antes del 30 de septiembre, fecha en la que podría intervenir el Poder Judicial.
“Se está viendo si lo hará el Congreso o la Corte, que ya ha dicho lo que tiene que hacerse”, afirmó.
Durante las intervenciones también hubo críticas hacia algunos legisladores por su escasa participación en el debate y se rechazaron argumentos que, según las activistas, carecen de respaldo científico. Asimismo, insistieron en que la criminalización no evita los abortos, sino que incrementa los riesgos para quienes recurren a ellos.
La mesa fue moderada por el diputado morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor, quien informó que el próximo 1 de julio continuará el análisis legislativo con la participación de colectivos provida.

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El Ayuntamiento de Guanajuato aprobó enviar al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG) el proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET), para que emita un dictamen de congruencia y vinculación con los instrumentos de planeación a nivel nacional y estatal.

“Hemos tomado la decisión de hacer lo correcto y de no seguir postergando lo impostergable. Hoy nos define nuestra convicción”, aseguró la Presidenta Municipal de Guanajuato, Samantha Smith, en la sesión ordinaria número 12 del Cabildo guanajuatense.

Con esta aprobación, avanza el PMDUOET, que por primera vez en más de una década permitirá a Guanajuato capital contar con un instrumento de planeación para un desarrollo ordenado, sustentable y armónico en beneficio de las y los guanajuatenses.

El proyecto del PMDUOET incluye la protección de La Bufa, el Camino Antiguo de Marfil y la Sierra de Santa Rosa, así como el establecimiento de normas claras para nuevos desarrollos y fraccionamientos.

Samantha Smith destacó que esta aprobación es resultado de un trabajo responsable y comprometido con Guanajuato, marcando el inicio de una nueva etapa en la capital y un referente de progreso y mayor calidad de vida para la ciudadanía.

Desde 2012, la capital del estado ha operado con un plan de desarrollo desactualizado, con lagunas y vacíos legales que han generado falta de control en el uso del suelo y el crecimiento urbano. El nuevo PMDUOET representa una oportunidad histórica para que, por primera vez en muchos años, Guanajuato capital cuente con un instrumento de planeación actualizado.

Por su parte, la síndica Adriana Ramírez Valderrama aseguró que este es un paso histórico para el desarrollo de la ciudad, en el que se ha incluido la voz de la ciudadanía. En tanto, el regidor José Carlos Domínguez López Velarde destacó que se trata de un acto de justicia histórica.

El regidor Paulo Edgar Ramírez Noguez enfatizó que el PMDUOET no contempla la urbanización de La Bufa, mientras que la regidora Liliana Alejandra Preciado Zárate sostuvo que este programa permitirá preservar la riqueza histórica de Guanajuato.

Durante la sesión, el regidor Manuel Aguilar Romo subrayó que este proyecto beneficiará a las futuras generaciones de guanajuatenses, y la regidora María Fernanda Vázquez Sandoval resaltó su visión de progreso y de responsabilidad con el futuro.

El regidor Daniel Barrera Vázquez destacó la voluntad política en este proceso, y la regidora Olga Durán Torres expuso que el PMDUOET establece reglas claras y un rumbo definido para el crecimiento de la ciudad. Finalmente, el regidor Julio César García Sánchez aseguró que ahora la ciudad podrá crecer con orden.

Aprueban convocatoria de Guanajuatense Distinguido

El Ayuntamiento de Guanajuato también aprobó la emisión de la convocatoria para el otorgamiento del reconocimiento Guanajuatense Distinguido 2025, la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento capitalino.

Esta convocatoria estará abierta para recibir propuestas del 13 al 21 de marzo, y el reconocimiento será entregado a una mujer, un hombre y un homenaje póstumo el 11 de abril, en sesión solemne del Ayuntamiento durante la conmemoración del Viernes de Dolores.

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La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología, la Secretaría de las Mujeres y se transforma la Secretaría de la Función Pública, la cual se convertirá en la Secretaría Anticorrupción y buen Gobierno.

Con 18 votos a favor de Morena, PT, PVEM y MC y 7 abstenciones de PAN y PRI, se aprobó el proyecto, el cual también creará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La comisión de Gobernación turnó el proyecto a la Mesa Directiva del Congreso de la Unión con la intención de darle declaratoria en la sesión de este martes y discutirla y votarla el día 14 del presente mes.

Por su parte la oposición denunciaron violaciones a los procesos legislativos, así como la falta del proyecto presupuestal para llevar a cabo dichas reformas.

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