Los concesionarios del transporte público de León deberán acreditar primero el cumplimiento de los compromisos asumidos en el último ajuste tarifario antes de que pueda plantearse cualquier discusión sobre un nuevo incremento en el costo del servicio, advirtieron integrantes del Ayuntamiento, quienes además aclararon que actualmente no existe una decisión para convocar a la Comisión Mixta Tarifaria.
La regidora Dessire Ángel Rocha señaló que aún persisten pendientes importantes por parte de las empresas transportistas, particularmente en materia de transparencia financiera y mejora del servicio.
Entre ellos destacó la entrega de estados financieros auditados y dictaminados de cada concesión, documentación que, afirmó, continúa sin ser presentada pese a haber sido solicitada desde sesiones anteriores.
Explicó que resulta indispensable contar con esta información para evaluar si los concesionarios han cumplido con las obligaciones establecidas cuando se autorizó el ajuste tarifario anterior.
Además de la situación financiera, indicó que también deben revisarse compromisos relacionados con la calidad del servicio, las frecuencias de paso, la reducción de tiempos de traslado y otras acciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público.
“Primero tendríamos que analizar el cumplimiento de todo lo que nos comprometimos: la calidad, las frecuencias, disminuir los tiempos de traslado. Son muchos puntos que primero tendríamos que revisar antes de mandar llamar a una mesa de la Comisión Mixta Tarifaria”, sostuvo.
Ángel Rocha también cuestionó que algunos concesionarios mantengan impugnaciones contra multas derivadas de incumplimientos al reglamento de movilidad, situación que, a su juicio, refleja que aún existen aspectos pendientes por resolver antes de abrir una nueva discusión tarifaria.
Por su parte, el regidor Román Cifuentes Negrete, presidente de la Comisión Mixta Tarifaria, aclaró que, aunque algunos transportistas han expresado preocupaciones por el aumento de costos operativos, hasta el momento no existe una solicitud formal ni una determinación para convocar a la Comisión.
Explicó que cualquier eventual revisión deberá sustentarse en análisis técnicos y financieros elaborados por dependencias como Movilidad, Infraestructura y Tesorería, con el fin de contrastar la información presentada por los concesionarios y determinar si existen elementos que justifiquen una revisión.
El edil reconoció que factores externos como el incremento en el precio del diésel y el contexto económico internacional impactan en la operación del sistema; sin embargo, insistió en que las decisiones no pueden basarse únicamente en dichos argumentos.
Recordó que el ajuste tarifario anterior fue posible gracias a un esquema en el que el Municipio absorbió parte del costo para evitar una afectación directa a los usuarios, acuerdo que estuvo acompañado de compromisos específicos para los concesionarios que aún no han sido acreditados en su totalidad.
“Todavía hay muchas condiciones que los transportistas no han cumplido. Como autoridad vamos a atender a razones, no a presiones, y en todo momento vamos a estar viendo por los ciudadanos”, enfatizó.
Ambos regidores coincidieron en que cualquier eventual discusión sobre la tarifa deberá realizarse con base en información técnica, financiera y operativa verificable, priorizando el cumplimiento de los acuerdos vigentes y garantizando que cualquier decisión tenga como eje central el bienestar de los usuarios del transporte público.

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