La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y sus 71 centros empresariales condenaron enérgicamente el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y exigieron al Gobierno Federal, estatal y municipal acciones inmediatas para restablecer la seguridad en el país.
A través de un pronunciamiento nacional, el organismo empresarial lamentó los hechos y expresó su solidaridad con la familia del alcalde, con los habitantes de Uruapan y con todos los mexicanos que viven bajo el temor creciente de la violencia.
“Este crimen representa una grave afrenta al Estado de Derecho y a la paz social. La impunidad no puede seguir siendo una constante en los crímenes contra servidores públicos, empresarios, periodistas y ciudadanos”, expresó el organismo.
La COPARMEX recordó que durante el Foro de Seguridad 2025, el general Francisco Nieto, secretario de Seguridad de Uruapan, advirtió sobre las carencias en armamento, capacitación y vehículos que enfrentaba la corporación local. En ese contexto, el alcalde Manzo Rodríguez había iniciado un proceso de fortalecimiento y depuración policial, con la adquisición de equipo para mejorar las condiciones de los elementos.
El sector empresarial hizo un llamado urgente a construir una estrategia nacional de seguridad integral, con coordinación entre niveles de gobierno, enfoque preventivo y fortalecimiento de las policías locales.
“Es indispensable recuperar los espacios públicos y garantizar la protección de la vida y el patrimonio de todos los mexicanos”, señaló el organismo empresarial.
La organización demandó además una reunión inmediata entre el sector productivo, asociaciones civiles y autoridades federales y estatales, para conocer qué acciones se están aplicando y cuáles son los resultados esperados ante la ola de violencia.
“México no puede ni debe acostumbrarse a la violencia. La seguridad es la base del desarrollo económico, social y humano del país”, concluyó la confederación.

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El clima de violencia ligada al tráfico de drogas en México volvió a cobrar víctimas entre autoridades y líderes sociales. El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado tras haberse posicionado públicamente en contra de la inseguridad que afectaba a la región. Manzo había asumido el cargo en septiembre de 2024 y desde entonces impulsó acciones para visibilizar la gravedad de la violencia criminal en su municipio.

En junio pasado, un video lo mostró patrullando junto a autoridades locales diversas zonas de Uruapan, en donde urgía al gobierno federal a reforzar las medidas de seguridad ante los constantes ataques que enfrentaban tanto la población como las autoridades. Su llamado no fue aislado.

Apenas hace una semana, el líder agrícola michoacano Bernardo Bravo fue asesinado a tiros. Bravo también había denunciado amenazas y actos de violencia que mantenían en zozobra a agricultores y comunidades rurales del estado.

Estos crímenes se suman a una alarmante lista de líderes locales asesinados por denunciar la violencia vinculada al narcotráfico. Entre ellos se encuentra el alcalde de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena, abatido por sicarios; así como otros dos mandatarios locales en el sur del país, asesinados a mediados de año.

Los homicidios reflejan la profunda crisis de seguridad que aqueja a varias regiones de México, donde autoridades municipales y líderes comunitarios operan bajo constante riesgo debido a la presencia de grupos criminales y a la falta de protección efectiva por parte del Estado.

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