Derivado de omisiones legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato al no asignar recursos al fideicomiso en el Presupuesto 2025, el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) informó que los jueces federales han admitido la ampliación del amparo interpuesto en contra de la extinción del Fideicomiso Estatal para el Desarrollo Social y la Seguridad (FIDESSEG).

Roberto Novoa, presidente del CCEL, mediante un comunicado externó que el gremio empresarial hace un llamado a la Gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo a reconsiderar y respetar los acuerdos de origen de dicho fideicomiso.

“El CCE de León hace un nuevo llamado a la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y al Congreso del Estado para reconsiderar su postura y garantizar el respeto a los acuerdos que dieron origen a este modelo.

Desde su creación en 2019, el Fidesseg ha sido un instrumento clave para fortalecer la protección de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de Guanajuato, garantizando acceso a alimentación, salud, educación, agua, cultura, medio ambiente sano y la protección de mujeres, niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad”, aseveró.

Recordó que el fideicomiso fue financiado mediante el incremento del impuesto sobre nómina, aprobado por el propio Congreso del Estado, lo que permitió canalizar recursos de manera eficiente a organizaciones de la sociedad civil y fundaciones comprometidas con la atención de las causas estructurales de la pobreza, la marginación, las adicciones, entre muchas otras que requieren la solidaridad y atención urgente y eficaz.

Sin embargo, destacó que la eliminación del fideicomiso en el Presupuesto 2025, representa un grave retroceso en la protección de los derechos sociales de miles de guanajuatenses, lo que llevó a la presentación de esta ampliación de demanda ante el Poder Judicial Federal, para la cual los jueces han concedido un plazo de 15 días hábiles al Congreso del Estado para presentar su informe justificado sobre estas omisiones legislativas.
“Pedimos que la aportación voluntaria de los empresarios sean claros en la ley y debidamente etiquetados, que estos recursos se destinen exclusivamente a financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública en Guanajuato”, puntualizó el líder de los empresarios en León.
Finalizó al decir que con la participación colegiada de representantes del gobierno del estado y de las organizaciones empresariales se asegure la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de los recursos.

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Continuidad, honrar acuerdos, congruencia, transparencia y confianza son cinco puntos que los Consejos Coordinadores Empresariales de cinco municipios del Estado de Guanajuato exigen a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para no extinguir al Fidesseg y seguir con la misma dinámica de apoyo a las organizaciones civiles.

Fernando Padilla Padilla, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX), mencionó que los empresarios lanzaron este jueves, un desplegado público en donde expusieron los cinco puntos.

“Defenderemos hasta las últimas instancias el destino de este impuesto y exhortamos a que se respeten los acuerdos municipales, el Fidesseg surgió como un acuerdo entre los empresarios, sociedad civil y gobierno basado en un convenio de colaboración mixta para la creación de proyectos sociales y en seguridad para atender el tejido social, como empresarios, seguiremos participando con el impuesto en la medida que se garantice la eficacia”, puntualizó.

Fernando Padilla, destacó la exigencia de la implementación de los mecanismos más estrictos de transparencia y eficacia en el manejo de los recursos, bajo el esquema que se defina, sobre todo, respetando el espíritu y destino de este impuesto por el que surgió.
Confía en que finalmente la Mandataria Estatal, recapacite y no se politice para que no afecte y genere fracturas que no contribuyen a un proyecto sustentable entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil, finalizó.

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