México inicia una “nueva era” judicial con jueces electos por voto popular.
Este lunes, México puso en marcha un experimento inédito en su historia judicial: la llegada de más de 800 ministros, magistrados y jueces elegidos por voto popular en los comicios del pasado 1 de junio.
La jornada marca el inicio de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum definió como “una nueva era en el Poder Judicial”, con el arribo de los primeros juzgadores surgidos directamente de las urnas. “Se acaba una etapa cuestionada por la corrupción, el nepotismo y los privilegios”, celebró la mandataria.
Uno de los nombres más simbólicos de esta renovación es el de Hugo Aguilar, indígena mixteco y exfuncionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió como presidente de la Suprema Corte. “El reto es recuperar la confianza de la ciudadanía”, expresó Aguilar en sus redes sociales.
Elecciones bajo la lupa
La legitimidad del proceso, sin embargo, ha sido duramente cuestionada. Solo 13% del electorado acudió a votar y se reportaron irregularidades, desde propaganda dirigida hasta aspirantes con antecedentes penales o presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con la organización Defensorxs, al menos seis candidatos con historial delictivo o nexos con grupos criminales lograron ser electos. Entre ellos, destaca Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien desde hoy funge como jueza penal en Chihuahua.
“Va a haber juzgados capturados que trabajen para el crimen organizado o para políticos ligados al mismo”, advirtió Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé.
Reforma de largo alcance
La elección forma parte de la reforma constitucional impulsada por López Obrador y consolidada en la administración de Sheinbaum, que contempla una segunda etapa en 2027 para renovar más puestos judiciales.
Mientras el oficialismo defiende el proceso como un paso hacia la democratización de la justicia, críticos lo ven como una operación política para consolidar el control gubernamental sobre tribunales clave en un país donde la impunidad supera el 90%.
El desenlace de este experimento definirá si México logra acercar la justicia a la ciudadanía o si, por el contrario, abre la puerta a nuevos riesgos de corrupción y captura criminal.
