Exigen mayor protección contra deudores alimentarios en Guanajuato.

Rocio Hernandez Monreal

Mujeres madres de familia y activistas de la Ley Sabina, exigieron al Poder Judicial consideré la protección de sus hijos, porque en los procesos de separación los más afectados son los niños y las niñas, mientras los padres de familia con mucha facilidad fingen no tener ingresos y con ello desatienden la manutención y en la actualidad, el Poder Judicial hace caso omiso de esas malas prácticas.

Es el caso de la sra Alejandra N, quién criticó que además de ser víctimas de violencia económica, termina siendo víctima del propio Poder Judicial, porque no tiene sanción alguna el ex esposo quien hace todo para no dar la pensión alimentaria.

“Vengo para exigir que hagan justicia, mi hija tiene 17 años y tiene poco de recibir pensión alimenticia y en junio pasado el deudor alimentario de mi hija decidió salirse de trabajar y su pareja me escribe en redes sociales para decirme que no él no tiene dinero, no trabaja, no tiene casas ni carros, el cual teníamos un carro y decidió cambiarlo a nombre de sus familiares para evitar que se tomara en cuenta en la pensión”, señaló.

La “Ley Sabina” es una reforma legislativa en México que busca sancionar a los deudores alimentarios y garantizar los derechos de los menores. Esta ley fue impulsada por Diana Luz Vázquez Ruíz, quien lleva el nombre de su hija, Sabina. La ley ha sido aprobada en varias entidades federativas, incluyendo Oaxaca, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y la Ciudad de México.
Alejandra N, lamentó que en Guanajuato la Ley Sabina está muy atrasada y por ello tienen que realizar acciones de manifestarse y llamar la atención del Congreso para que se hagan las modificaciones pertinentes en la ley.

“Actualmente la ley nada más habla de Ley Sabina sobre un registro de deudores alimentarios, sí hay un registro a nivel estatal, pero el único requisito es que un juez lo ingrese, sin embargo no hay penalización por estar dentro del registro de deudores como sí lo está en otros estados.

Además, la repartición de justicia no está siendo equitativa puesto que los juicios son caros y tenemos que pedir prestado para pagar hasta 30 mil pesos para los abogados y en mi caso el deudor alimentario de mi hija lo paga y si está pagando pues es señal de que tiene para pagar al licenciado pero no para dar la pensión”, lamentó.

Agregó que según datos de la Fiscalía General, uno de cada 10 deudores alimentarios en el país, es de Guanajuato, lo que lo pone en el primer lugar, además de que la ley Sabina no se está cumpliendo y aunque se desconoce el número, se sabe que son varios casos.

“Muchas mujeres nos escriben y nos dicen que no tienen dinero, van a la calle Juárez al Registro Civil para que las apoyen, pero es como si no fueran a ningún lado, debido a que en ese lugar no tienen el compromiso de ayudar, entonces la justicia no está siendo para todas, solo para quien puede pagarla y no es justo porque los afectados son nuestras infancias y adolescencias”, sostuvo Alejandra.

Explicó que se está volviendo un común denominador el que los hombres que buscan desentenderse, se salen del trabajo o bien, son encubiertos por sus mismas abogadas quienes les recomiendan decir que no trabajan, o que se salgan del trabajo e incluso los patrones se prestan a que les pongan que ganan menos en el salario.

“Los patrones están ayudando a encubrir estas malas prácticas que deberían ser catalogadas como un delito la violencia alimentaria porque además las familias al llegar a notificar, no lo reciben al decir que ahí no viven o que no se sabe de la persona implicada, a pesar de que viven en el lugar, y mientras no se puede avanzar.

Aquí nos sentimos sin acceso a la justicia porque no hay penalización ante familiares que mienten, haciendo tiempo para que el deudor alimentario cambie de nombre propiedades, carros casas y declararse insolventes”, especificó.

En ésta parte, dijo que podría ingresar un fraude procesal porque al final están haciendo un cambio para evitar ayudar o darle el dinero a sus hijos, que finalmente es una violencia para los hijos.
Finalizó al urgir modificaciones en la Ley porque la tendencia que los deudores alimentarios realizan para evadir sus responsabilidades, provocan que la madre que regularmente es la que se encarga del cuidado de los hijos e hijas, tengan que salir a trabajar por más tiempo para poder cubrir las necesidades básicas de sus hijos y sea una cadena que al final impacta en el descuido y la descomposición social.

“Guanajuato es uno de los estados con un mayor problema de homicidios, feminicidios y más porque la mamá autónoma tiene que salir a trabajar y entonces quién cuida de los hijos, por eso es la agresión y peor aún si los hijos tienen necesidades especiales como es mi caso, necesitan aún mayor atención.

Y otra de las peticiones a la ley será, que el cuidado de los hijos sea tomado como un porcentaje de lo que nosotras damos porque un 50-50 es ilógico e injusto cuando el deudor no los cuida, nosotras somos las que nos encargamos de cuidarlos, entonces el cuidado debe de contar y mucho”, especificó.