Huachicol fiscal: así funciona el delito que golpea a México y las recientes detenciones que cimbran a la Marina.
El fenómeno conocido como “Huachicol Fiscal”se ha convertido en una de las mayores amenazas a la economía mexicana y a la seguridad energética del país. A diferencia del robo directo de hidrocarburos, el huachicol tradicional, esta práctica consiste en la importación y venta ilícita de combustibles mediante la evasión de impuestos, utilizando empresas fachada, documentos falsos y la complicidad de funcionarios aduanales y militares.
De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, la operación inicia con el robo y traslado de crudo mexicano hacia Texas mediante ductos o camiones clandestinos. Una vez en suelo estadounidense, intermediarios lo “legalizan” y lo venden a refinerías, que lo procesan y lo exportan de nuevo a México con etiquetas alteradas o bajo la figura de aditivos. El combustible reingresa al país con papeles apócrifos y se distribuye en gasolineras mexicanas como producto legítimo.
Este fraude tiene un impacto severo en las finanzas públicas. Cuando ingresa diésel en lugar de gasolina se deja de pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que genera pérdidas millonarias y falta de claridad en las estadísticas energéticas. Esto complica la planeación gubernamental y limita el financiamiento de gasto social e infraestructura.
Las sanciones para este delito son severas. El artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece penas de 20 a 30 años de prisión, además de multas que superan los 2 millones de pesos, incrementándose si hay servidores públicos involucrados.
La relevancia del tema creció tras la detención de 14 personas vinculadas a esta red, entre ellas seis marinos, cinco en activo y uno retirado, según exfuncionarios de aduanas y empresarios. La captura más destacada fue la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. En una audiencia en el penal del Altiplano, Farías y otros marinos fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la estructura que permitió el ingreso de al menos 10 millones de litros de combustible robado en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó las detenciones y señaló que se han solicitado más de 200 órdenes de aprehensión adicionales contra funcionarios aduanales, militares y empresarios. Aseguró que la operación es resultado de la coordinación entre la SSPC, la FGR, la Secretaría de Marina y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la investigación como “el golpe más fuerte contra la corrupción” en lo que va de su administración. Recordó que el combate al huachicol es una política de Estado y que se dará continuidad a lo iniciado por el expresidente López Obrador, pero con un enfoque de “cero tolerancia” y una reestructura en Pemex y aduanas para cerrar los espacios a la delincuencia organizada.
La magnitud del caso ha trascendido fronteras. A mediados de 2025, el gobierno de Estados Unidos denunció que cárteles mexicanos vendían combustible robado en su territorio, lo que incrementó la presión internacional para que México actuara de manera contundente.
Con las recientes detenciones y procesos judiciales, el gobierno federal busca enviar un mensaje claro: el huachicol fiscal no es solo un delito económico, sino una amenaza a la soberanía y la seguridad nacional. Sin embargo, especialistas advierten que mientras persista la corrupción en aduanas y el poder económico del crimen organizado, la batalla aún está lejos de ganarse.
