5 junio, 2026

Alcalde de Metepec irrumpe en club deportivo con escoltas armados y protagoniza agresión contra ciudadano.

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El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, quedó en el centro de una nueva polémica luego de que se difundieran videos en redes sociales donde se le observa ingresar de manera violenta al Club Deportivo La Asunción, acompañado por escoltas armados y otros hombres, para posteriormente participar en la agresión física contra un civil.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran cómo un grupo de personas fuerza el acceso a las instalaciones del club y persigue a un hombre al interior del inmueble. En la grabación se escucha a los participantes identificar al sujeto y posteriormente golpearlo, mientras trabajadores del lugar intentan detener la agresión y piden que cesen los ataques.

Tras la difusión de los videos, el presidente municipal reconoció su participación en los hechos y aseguró que acudió al lugar tras recibir una solicitud de ayuda derivada de un conflicto entre particulares. Mediante un mensaje público, sostuvo que su intención era preservar el orden y evitar que la situación escalara, aunque ofreció disculpas a quienes consideraron excesiva su intervención.

Sin embargo, las explicaciones no frenaron las críticas. Diversos actores políticos, ciudadanos y organizaciones cuestionaron que un funcionario público haya intervenido personalmente en una disputa privada acompañado por personal de seguridad armado, en lugar de recurrir a los protocolos institucionales correspondientes.

La reacción más contundente provino de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que anunció el inicio de una investigación de oficio para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de las personas involucradas. El organismo señaló que los reportes difundidos describen una actuación intimidatoria y agresiva que pudo poner en riesgo la integridad y seguridad de quienes se encontraban en el lugar.

La Comisión recordó que todo servidor público debe actuar bajo los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a la dignidad humana, subrayando que ninguna autoridad puede ejercer funciones al margen del marco constitucional ni generar condiciones de intimidación contra la ciudadanía.

Hasta el momento no se ha informado si existe una denuncia penal formal por la agresión, aunque el caso continúa generando repercusiones políticas en el Estado de México y ha reavivado el debate sobre los límites de actuación de las autoridades municipales fuera de los procedimientos oficiales.